¿Es España un gran país?

S.M. el Rey (en su tradicional discurso de Navidad), así como políticos y periodistas, afirman que España es un gran país. No es cierto. España es hoy una nación en decadencia moral, social e institucional. Dicho sin ambages, España es un desastre y es preciso reconocerlo si realmente queremos levantar cabeza. Sería muy prolijo exponer la problemática de nuestro país, así que trataremos solo dos cuestiones.

Antonio García-Trevijano

El segundo problema más importante es el deterioro institucional, cuyo origen es el fallido Régimen instaurado en 1978. La Constitución española, en palabras de Fernando del Pino Calvo-Sotelo, es «mediocre», pero yo creo que se queda corto. España no es una democracia, sino una partidocracia u oligarquía de partidos sin separación de poderes, como bien decía el gran Antonio García-Trevijano. El Estado autonómico —creado artificialmente para satisfacer la autonomía de 2 o 3 regiones— es hoy una hidra de 17 cabezas que alimenta a 1,9 millones de parásitos, quienes, en lugar de producir bienes económicos, los detraen a sus legítimos dueños. Cuanto más crece el Estado y su gasto (no hay tal cosa como «inversión» pública), necesariamente mayores son el saqueo, la corrupción y la injusticia.

Robert Amsterdam

Mención especial merece la agresión fiscal que sufren los españoles en tres frentes: crecientes impuestos directos e indirectos, creciente deuda pública y creciente impuesto inflacionario. La Agencia Tributaria es una trituradora de los derechos de propiedad, cuyo modus operandi en nada difiere al de la mafia siciliana. Los empresarios españoles, presas del pánico, han claudicado frente a los matones tributarios y ha tenido que ser un abogado extranjero —Robert Amsterdam— quien lidere una campaña en varios foros internacionales para denunciar lo que considera prácticas abusivas, con especial foco en inspecciones a extranjeros acogidos a la Ley Beckham. Importante es la inseguridad jurídica, fruto de una legislación espuria (a golpe de decreto), improvisada, ocurrente, arbitraria y mudable que viola los derechos naturales del individuo: libertad y propiedad. Un ejemplo fue el ordenancismo sufrido durante la pandemia de Covid-19. La inseguridad jurídica la sufren con mayor intensidad las empresas, lo que ocasiona una menor inversión y actividad.

Es lamentable que tengamos auténticas mafias dirigiendo al país, pero el principal problema, creo yo, es el apoyo popular que siguen recibiendo los políticos. Unos votan por interés personal: ayudas, pagas, empleos, canonjías, cosas gratis, etc.; y otros votan por ceguera ideológica. Los primeros disfrutan temporalmente del reparto del botín fiscal, pero «a todo cerdo le llega su San Martín». Los segundos son tontos útiles, almas de cántaro que cavan su propia tumba. La mayoría de españoles todavía no ha entendido que el mal reside en la política; por ejemplo, los funcionarios no son conscientes que están al servicio del enemigo: el Estado. El votante vive engañado, cambiando de amo cada 4 años. Los grandes partidos se presentan ante el electorado con programas distintos, pero ambos —Montoro (PP) y Montero (PSOE)— aumentan la confiscación. Si los españoles, en lugar de votar con el hígado, votaran con el cerebro (o mejor aún, no votaran), ambas mafias habrían desaparecido hace años de la faz electoral.