La humanización de los perros

En 2019, en el programa de televisión This Morning, Elizabeth Hoad celebró una boda simbólica con su perro «Logan». La ceremonia incluyó un vestido de novia para ella y un smoking para «él». Se trató, por supuesto, de un paripé televisivo sin validez jurídica, pero nos sirve como paroxismo de un fenómeno creciente: la humanización de las mascotas, especialmente de los perros. Veamos algunas de sus causas.

Hoad justificó la boda con su perro así: «He tenido 220 citas en ocho años, de seis distintos sitios de citas y generalmente han sido un desastre. Pensé que sería buena idea casarme con logan, él nunca me deja y nos amamos mucho». Efectivamente, algunas mujeres no soportan que sus maridos tengan aficiones que los alejen (aunque sea por unas pocas horas) del hogar y ponen mala cara cada vez que el hombre va a cazar, a pescar, al estadio deportivo o a jugar al dominó con sus amigos. Quienes deseen tener por esposo un «perrito faldero» harían muy bien en seguir el ejemplo de la ex-modelo británica.

Una segunda causa es el afán de dominio, que se ve satisfecho muy fácilmente con los animales. Las relaciones humanas son gratificantes, pero no pueden imponerse jerárquicamente; requieren compromisos, renuncias y un esfuerzo de entendimiento mutuo. El trato con un perro es fácil y aproblemático precisamente porque existe un dominio total del amo sobre el animal: el primero manda y el último obedece. Los adiestradores de perros y también los guardias de un campo de concentración experimentan ese íntimo placer de ser obedecidos incondicionalmente.

Una última causa es utilitaria. Es más cómodo y económico tener un perro que un hijo, y el animal se convierte en un sucedáneo: lo llevan en brazos a todas partes, lo visten con ropita de niño, le limpian el trasero después de defecar, lo transportan en un cochecito para bebé, le compran una tarta y le encasquetan un gorrito para celebrar su cumpleaños, lo besan en la boca sin pudor, lo sientan a la mesa como uno más de la familia y, finalmente, lo meten en la cama con sus «padres». Es paradójico que las mismas personas que aman a los animales y trabajan afanosamente por su bienestar, muestren tan poco interés por el de sus padres, amigos y vecinos ancianos, tan necesitados de compañía y afecto. Como decía alguien jocosamente: ¡Ponen a sus padres en el asilo, meten a sus hijos en la guardería y luego sacan a pasear al perro!

Contra la tasa turística

Esta mañana, en la radio autonómica canaria, se hablaba sobre la imposición de una tasa turística —municipal, insular o regional— que grave las pernoctaciones en los hoteles y otros alojamientos turísticos. La directora del programa radiofónico, en esta ocasión, entrevistaba al profesor de la ULPGC, Juan Manuel Benítez, que (casualmente) se postulaba a su favor. Hoy veremos varios argumentos en contra de este nuevo impuesto.

En primer lugar, dice el señor Benítez que la tasa no es un impuesto (como si su pago fuera voluntario), cuando se trata de una confiscación forzosa de la propiedad. Además, el gobierno impone a los hoteles una nueva servidumbre: recaudar la tasa e ingresarla en el erario. El premio Nobel de economía, Milton Friedman, trabajó en el U.S. Treasury Department (1941-1943) y participó en el diseño técnico del actual sistema de retenciones que convierte a las empresas en agentes recaudadores de hacienda.

Segundo, también es falso afirmar que la tasa, debido a su escasa cuantía, no reducirá el número de visitantes. Todo impuesto, por pequeño que sea, opera en el margen y encarece el bien de consumo. La tasa ocasiona el mismo efecto económico que un arancel o una subida del IVA: incrementa el precio unitario (pernoctación) y, por tanto, se reduce el número de unidades vendidas. A esta insoslayable ley económica habría que añadir el rechazo de algunos turistas a una nueva confiscación.

Tercero. Una excusa para admitir la tasa es pensar que pueda ser «finalista», es decir, que el dinero recaudado se empleará en específicos fines como la conservación y mejora de los espacios turísticos. Es de sobra sabido que los impuestos van siempre a un fondo común, que luego se reparte discrecionalmente por el gobierno.

Cuarto. Otro argumento falaz es afirmar que esta tasa solo deben pagarla los turistas porque los residentes ya pagan impuestos. En otras palabras, los turistas pagan menos impuestos de lo que consumen en servicios públicos (carreteras, alumbrado, limpieza, infraestructuras, policía, sanidad, etc.). Esto es una mera suposición: por ejemplo, el turista que compra una estancia «todo incluido» consume prácticamente todo dentro del hotel. Los turistas, directa o indirectamente, pagan absolutamente todo, de hecho, pagan más IVA que los residentes porque consumen una mayor cantidad de bienes y, cualitativamente, aquellos gravados con impuestos especiales (bebidas alcohólicas, combustible). Los turistas pagan indirectamente el IBI, la tasa de basura de los establecimientos y los salarios brutos de los empleados turísticos, lo que incluye cotizaciones e IRPF. Además, los turistas tienen seguros médicos y pagan los servicios sanitarios que, en su caso, pudieran recibir.

Por último, la aceptación popular de la tasa turística obedece a la idea que serán «otros» —los turistas— quienes la paguen, sin darnos cuenta que nos estamos pegando un tiro en el pie. La tasa turística está vigente en muchas ciudades del mundo; en España, se cobra en Islas Baleares, Barcelona, Gerona, Tarragona, Lérida, Valencia, San Sebastián, Santiago de Compostela y en el municipio grancanario de Mogán. Es cuestión de tiempo que esta plaga se extienda por todas partes y nos afecte a todos. Además, los gobiernos, con excusas parecidas, crearán nuevas tasas, por ejemplo, para sufragar espacios naturales, parques urbanos, playas, zonas recreativas, etc. De esta forma, terminaremos pagando dos veces los servicios públicos.

¿Existe el derecho a la privacidad?

Comencemos definiendo los términos. Por «derecho» entendemos la facultad que tiene una persona para exigir algo en virtud de una norma jurídica. Todo derecho implica siempre una obligación —acción u omisión— de terceros; por ejemplo, el derecho de cobro del acreedor implica el deber de pago (acción) del deudor y el derecho a la integridad física implica la obligación del resto de abstenerse (omisión) de agredir, etc. Los derechos «positivos» exigen una actuación ajena mientras que los «negativos» exigen la no intervención. Una buena forma de saber si un derecho es genuino o falso es clarificar quién es la contraparte y qué específico deber tiene con respecto a otra persona. La inmensa mayoría de derechos que hoy se proclaman — a «decidir», al «trabajo», a la «vivienda», a la «privacidad», a la «salud»— son falsos, principalmente porque se exponen en abstracto y luego se interpretan como si fueran positivos (reclamaciones).

Por «privacidad» entendemos el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Esto último, «cualquier intromisión», es discutible. Por ejemplo, los famosos pueden pensar que la actividad de los paparazzi o de los periodistas del corazón es una violación de su privacidad, sin embargo, nadie puede ser despojado del uso de sus facultades (vista, habla) o sus bienes (cámaras fotográficas y platós de TV). Otra forma de elucidar si existe o no el derecho a la privacidad es asociarlo al derecho de propiedad. Por ejemplo, un intruso (en su caso) viola la intimidad cuando irrumpe en una propiedad ajena, en cambio, el voyeur que fisgonea, no viola derecho alguno y la única sanción que puede recibir es la exclusión social.

En las relaciones interpersonales, la revelación de secretos y confidencias tampoco puede penalizarse legalmente porque no existe un derecho de propiedad de la información; la privacidad se obtiene con la propia discreción, los acuerdos y la costumbre, por ejemplo, existe la norma social de no compartir el número de teléfono de un amigo sin su previo consentimiento. La discreción o reserva puede ser exigible socialmente, pero no legalmente. En los espacios públicos tampoco podemos reclamar privacidad, por ejemplo, la mujer que exhibe un generoso escote no puede exigir que los hombres, a su paso, mantengan la «vista al frente» (como en la milicia); si ella quiere evitar miradas libidinosas o piropos, lo mejor que puede hacer es vestir de forma más recatada, en lugar de acudir al Estado para obtener un falso derecho.¹

En el ámbito mercantil, los consumidores ceden sus datos a las empresas de forma contractual. Los primeros pecamos de no leer las cláusulas de confidencialidad y/o de no saber configurar los dispositivos y aplicaciones para aumentar nuestra privacidad; por su parte, las empresas pecan de extralimitarse en el uso de la información, normalmente con fines lucrativos. Nuestros datos personales están a disposición de tantas organizaciones —públicas y privadas— e individuos que es virtualmente imposible saber quien ha hecho un uso ilegítimo de ellos. También existen críticas injustas a los proveedores de servicios digitales, que ofrecen gratuidad a cambio de información del usuario. Por ejemplo, el lema: «Cuando las cosas son gratis, el producto eres tú», es falaz. Lo que hacen Google, Facebook o Amazon, en esencia, no difiere de lo que siempre han hecho la radio o la TV en abierto; los primeros ofrecen servicios gratuitos por la cesión de datos personales y los segundos, a cambio de atención (anuncios publicitarios). Como la relación empresa-usuario es contractual (no hegemónica), este último renuncia voluntariamente a su privacidad en beneficio de la primera. En realidad, el consumidor también se beneficia del uso de sus datos, pues recibe publicidad personalizada que es acorde a su comportamiento e intereses. En cualquier caso, quienes vean una mano negra o un uso impropio de sus datos, siempre pueden darse de baja del servicio.

Por último, las empresas privadas también pueden establecer legítimamente prohibiciones y restricciones a terceros —proveedores, socios, empleados, clientes— con objeto de mantener su privacidad o sus secretos industriales. Por ejemplo, los empleados, contractualmente, se someten a normas de compliance; y los espectadores de cines, teatros, museos, deportes, etc., también pueden ser legalmente privados del uso de dispositivos de grabación de imágenes en los recintos privados. En resumen, el derecho a la privacidad existe, pero siempre subsumido en el derecho de propiedad y/o en el cumplimiento de los contratos. En cambio, en el ámbito social, en las relaciones interpersonales y en los espacios públicos, no existe tal derecho y debemos obtener la privacidad mediante la propia conducta, los acuerdos y la costumbre.

¹ El acoso callejero se contempla en el Código Penal, art. 173.4. 

Votar en conciencia

Esta reflexión tiene su origen en el caso de corrupción del ex-ministro Ábalos, quien, tras ser defenestrado por su partido (PSOE), amenazó con «votar en conciencia». En primer lugar, no hay tal cosa como conciencia colectiva, la conciencia es un atributo exclusivo del individuo; segundo, toda acción humana es deliberada y consciente; en conclusión: siempre se vota en conciencia. Otra cuestión sería elucidar la rectitud o no de la conciencia. Resumiendo, todo diputado vota siempre en conciencia. Cuando «sus señorías» recogen el acta de parlamentario aceptan consciente y voluntariamente formar parte de un sistema jerárquico basado en la disciplina de voto. En caso de desobediencia, todos los partidos políticos, en menor o mayor medida, contemplan estatutariamente sanciones internas, pudiendo llegar a la expulsión del partido y, por tanto, del grupo parlamentario.

El diputado, actuando en completa libertad, subordina su autonomía intelectual y moral al superior juicio de su jefe de filas. Esta renuncia es un acto moral: «Toda acción humana es intrínsecamente moral, está referida al orden moral» (Ayuso, 2015). La decisión final del sentido del voto, en cada caso, es tomada por el líder del partido de forma autocrática u oligárquica: previa deliberación con miembros que integran el ápice organizacional. El sociólogo alemán Robert Michels (2003) enunció, en 1911, la «ley de hierro de las oligarquías»: todos los partidos políticos y, en general, todas las organizaciones; son dirigidas por una camarilla de personas.

La disciplina de voto¹ exige necesariamente la corrupción moral del diputado, que renuncia implícitamente a su autonomía intelectual. El diputado nunca vota en contra de su conciencia porque rinde «conscientemente» su propio juicio al de un tercero. El corolario de la disciplina de voto es que el diputado, en ningún sentido, representa al «pueblo»; sino a su jefe de partido, al que debe obediencia y sumisión. El sistema democrático está plagado en mitos y falacias.

Quienes se extrañan que los políticos voten dócilmente cualquier barbaridad contraria al sentido común, a la ética o al derecho, no entienden la naturaleza de la política. O como decía el insigne politólogo Antonio García-Trevijano: «quien se indigna es un ignorante». Para ser político (con rarísimas excepciones) es preciso carecer de moralidad y abrazar la máxima maquiavélica: «el fin justifica los medios». La política ha sido y sigue siendo una profesión indecente. Únicamente el diputado recupera la dignidad (si alguna vez la tuvo) cuando rompe el vínculo mafioso con su partido y pasa al grupo mixto o, en el mejor de los casos, abandona la política.

(1) También se extiende a las opiniones, asistencias o ausencias de eventos, etc.

Bibliografía
Ayuso, M. (2015). «El Estado como sujeto inmoral». [Video file]. Recuperado de < https://www.youtube.com/watch?v=jveRVlgyAlI >.
Michels, R. (2003). Los Partidos Políticos II. Buenos Aires: Amorrortu.

Dani Carvajal y Sánchez

El pasado 15 de julio, durante la recepción que se ofreció en Moncloa a la selección española de fútbol (campeona de la Eurocopa), el defensa Dani Carvajal estrechó la mano del presidente Sánchez sin mirarle a la cara. Unos, han visto el gesto como un desaire o falta de educación por parte del futbolista. Otros, lo entienden como justo castigo al sátrapa que nos gobierna. Las celebraciones de este éxito deportivo iban de perlas hasta que se deslizó al ámbito político, donde la discordia está garantizada. Analicemos la polémica.

En primer lugar, deberíamos preguntarnos por qué motivo, cuando alguien —deportista, escritor, artista, empresario, científico, etc.— realiza un logro notable y adquiere una gran popularidad, las autoridades civiles —reyes, presidentes, alcaldes— organizan una recepción a bombo y platillo. Hemos visto a estos oportunistas enfundándose camisetas y guantes de boxeo o alzando trofeos como si ellos mismos lo hubieran ganado. Particularmente, la escena me resulta bochornosa: por un lado, los políticos utilizan a los premiados para su promoción política y mediática, es decir, «hacerse la foto»; por otro, los «héroes» deportivos parecen estar encantados con las autoridades y se prestan gustosos a este tipo de juegos. 

En segundo lugar, veamos por qué se produce el desaire de Dani Carvajal y la consiguiente polémica. Cuando el premiado es un individuo, el prestarse o no a este paripé depende de su simpatía o antipatía con el político invitante. La única polémica, de darse, se produciría cuando el premiado rechazara la invitación a la recepción, pero siempre hay excusas piadosas. Cuando se trata de un equipo, la cosa cambia: todos sus componentes se ven obligados, quiéranlo o no, a participar y estrechar la mano la autoridad. Este parece ser el caso de Dani Carvajal, que mostró su desafecto al presidente retirándole la mirada.

Mutatis mutandi, aparece una incomodidad similar cuando la tradición dicta la visita del equipo al patrón religioso de la localidad. Eventualmente, los deportistas ateos, evangélicos, judíos, musulmanes o indiferentes con la religión se ven obligados a participar en un acto católico. Creo que ambas visitas —institucional y religiosa— podría realizarse igualmente con una reducida comisión formada por voluntarios. De esta forma, se compatibiliza la tradición con el respeto a las creencias políticas y religiosas, evitando situaciones incómodas. Esta fue la solución adoptada en las Fuerzas Armadas, en 1989, cuando la misa oficiada en determinados actos solemnes (Jura de Bandera) pasó a ser voluntaria, oficiándose inmediatamente antes del acto castrense.

¿Es lícito discriminar a los gordos?

Existen factores genéticos, psicológicos y ambientales que influyen en el peso corporal. La obesidad es un problema de salud con implicaciones psicológicas, económicas, laborales, sociales y jurídicas. Exceptuando los casos patológicos, podemos afirmar que cada uno pesa lo que quiere o, si lo prefieren, que cada cual se conforma con su peso. Defender lo contrario sería negar el libre albedrío, suponer que el obeso carece de voluntad o que es «esclavo» de la comida. En definitiva, el peso corporal es una preferencia personal y una manifestación de la libertad individual.

¿Es lícito discriminar a los gordos? La respuesta mayoritaria es negativa. Los defensores de la inclusión sostienen que discriminar a alguien por su peso y apariencia física es injusto, que viola sus derechos fundamentales y que podría perjudicar su salud mental. Hoy intentaremos demostrar que la discriminación, sea por obesidad o por cualquier otra circunstancia, congénita o adquirida, es legítima en todos los ámbitos: personal, laboral, económico, social, jurídico y sanitario.

a) Personal. Cada individuo manifiesta sus preferencias aceptando ciertas compañías y rechazando otras. Por ejemplo, para buscar pareja las mujeres valoran ciertos rasgos masculinos: nivel socio-económico, inteligencia, estatura, etc.; los hombres, por su parte, valoran en mayor medida los rasgos estéticos. Por este motivo, las gordas tienen más dificultad que los gordos para encontrar pareja. Esto podría explicar por qué son ellas mayoritariamente las que combaten un nuevo fantasma woke: la «gordofobia». Todos preferimos un cuerpo esbelto y atlético a otro obeso y deforme, pero se nos dice que «deberíamos» ver a los gordos como si no lo fueran. Decía Murray Rothbard que el igualitarismo es una rebelión contra la naturaleza. Es cierto que todas las personas deben ser tratadas con respeto, pero esto no cercena el derecho de exclusión que tenemos y ejercemos sobre terceros. La legítima discriminación es un hecho cotidiano, lo vemos, por ejemplo, cuando un vegano no desea compartir mesa con un carnívoro, cuando un jugador de pádel no desea competir con mujeres o cuando una mujer excluye al ginecólogo varón. «La acción, por tanto, implica, siempre y a la vez, preferir y renunciar» (Mises, 2011: 17).

b) Laboral. La discriminación laboral se produce principalmente por razones funcionales. El obeso está incapacitado o tiene dificultades para ejercer ciertas profesiones que requieren destrezas físicas. En ciertos sectores —industria, construcción, hostelería, minería, pesca, agricultura— el sobrepeso reduce la productividad del trabajador por lo que sería justo pagarle menos, pero si la legislación prohibe discriminarlo, el gordo será preterido a otros candidatos y tendrá dificultad para obtener un empleo. Las empresas, como es lógico, aducirán otros motivos para la exclusión. Una segunda discriminación es estética: aquellos con buen físico, ceteris paribus, son preferidos a los obesos. Entre los primeros, algunos son recompensados por el azar congénito (belleza, armonía corporal) y muchos por el esfuerzo y los costes que requiere mantener un buen estado físico: disciplina, dieta, ejercicio, contratación de servicios estéticos, etc.

c) Económico. Primero, el sobrepeso ocasiona mayores costes a las empresas. Por ejemplo, si los pasajeros de avión pagan por exceso de equipaje, también el peso corporal debería ser tenido en cuenta para fijar el precio del billete. Segundo, el mayor volumen corporal causa molestias a otros clientes. Actualmente, cuando alguien no cabe en un asiento la cuestión se resuelve viajando en clase preferente o pagando dos plazas. La solución sería discriminar: ofrecer asientos de diferente tamaño y precio en aerolíneas, trenes, autobuses, cines, teatros, etc. Tercero, los costes derivados de la menor movilidad de los obsesos se colectivizan con el uso de escaleras mecánicas y ascensores, pero otros servicios personales —silla de ruedas— «gratis» suponen una externalidad para el resto de clientes. Cuarto, las empresas textiles fabrican prendas con las tallas más comerciales y aquellos —gordos, flacos, altos, bajos— cuya biometría se sitúa fuera de los márgenes deben hacerse las prendas a medida. No es lícito obligar a las empresas a cubrir las específicas necesidades y deseos de nadie, por otro lado, tampoco es necesario porque el mercado tiende de forma natural a satisfacerlas: clínicas de adelgazamiento, seguros médicos para obesos, dietistas, fármacos, alimentos bajos en calorías, tallas grandes, etc. No es el inclusivismo sensiblero, sino el capitalismo, el mejor amigo de los gordos.

d) Social. Algunos perciben a los gordos como perezosos, descuidados o irresponsables porque no están dispuestos a modificar hábitos, soportar privaciones (dieta) y realizar esfuerzos físicos (ejercicio). Este prejuicio contiene una verdad: la obesidad está correlacionada con un menor nivel educativo, económico y social. Los progres, muy proclives a la victimización de sus patrocinados, llaman a esto «gordofobia». Una fobia es un «temor fuerte e irracional», pero a los gordos, en su caso, no se les discrimina por miedo, sino por motivos funcionales, estéticos o simplemente por prejuicio.

e) Jurídico. La legislación española prohíbe «cualquier discriminación directa o indirecta por razón de sobrepeso u obesidad»;¹ no obstante, el propio Estado excluye de la función pública a quien sobrepase un determinado índice de masa corporal (IMC). La discriminación indirecta se produce cuando el peso del candidato le impide superar las pruebas físicas de acceso a ciertos cuerpos: militares, policías, bomberos, prisiones, etc. Paradójicamente, a las empresas no se les permite discriminar por razones objetivas —funcionalidad— o subjetivas —imagen— debiendo actuar de forma sibilina para evitar pleitos.

f) Sanitario. La obesidad no es una condición preexistente, en consecuencia, los seguros de salud pueden legítimamente exigir primas más altas en función del IMC. Los gordos pagan más porque presentan un mayor riesgo actuarial, no porque las aseguradoras sufran «gordofobia».

Conclusión. La discriminación por obesidad o por cualquier otra causa, congénita o adquirida, es legítima y deriva de los principios de libertad y propiedad. La exigencia de no ser discriminado por obeso es un pseudoderecho, un privilegio que lesiona el legítimo derecho de exclusión. Toda persona es libre para estar obesa, pero no es libre de sustraerse a sus consecuencias: de igual modo que no puede evitar ciertas patologías —diabetes, hipertensión—, tampoco puede evitar la sanción económica, laboral y social derivada de su condición. La discriminación no solo es justa, además tiene ventajas: permite al mercado satisfacer las necesidades de los gordos y, sobre todo, internaliza los costes de la obesidad responsabilizando a las personas del cuidado de su cuerpo.

¹ Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. Art. 37

Bibliografía.

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Rothbard, M. (2000). El igualitarismo como rebelión contra la naturaleza y otros ensayos. Alabama: Ludwig von Mises Institute.

Sobre la abstención electoral

El próximo 28 de mayo se celebran en España elecciones municipales y autonómicas.¹ Hoy reflexionaremos sobre la abstención electoral: juridicidad, críticas que recibe, causas y utilidad. Primero, desde el punto de vista jurídico y en términos generales cualquier tipo de abstención es un derecho subsumido, es decir, forma parte de otro.² Por ejemplo, el derecho a deambular incluye el derecho a quedarse en casa, el derecho a contraer matrimonio incluye el derecho a permanecer soltero, el pacifista tiene derecho a no defenderse, el acreedor tiene derecho a no cobrar (condonar) la deuda y el derecho a votar incluye el derecho a no votar.

Esta verdad tan evidente es retorcida y manipulada cuando se afirma que algo —trabajo, defensa nacional, sufragio, ser miembro de un jurado popular— sea, a la vez, derecho y deber. Según García-Trevijano se trata de una imposibilidad jurídica. Si votar es un derecho, no puede ser un deber, y si fuera deber, dejaría de ser derecho. Pero si la abstención electoral es legítima, ¿por qué motivo se la critica? La razón más plausible es que deslegitima al Estado. Todo poder reside, en última instancia, en la aceptación o anuencia de los gobernados. La legitimidad del poder político en una democracia se manifiesta (principalmente) en la participación electoral, por tanto, es lógico que el político y toda la maquinaria del Estado glorifique «la fiesta de la democracia» y censure la abstención.

Las causas para no votar son variadas: imposibilidad física (enfermedad, estar de viaje), racionalidad: analizar las distintas opciones políticas es costoso mientras que la utilidad del voto es marginal. Algunos ven la política como el más perfecto crimen organizado: robo, mentira, fraude, manipulación, arbitrariedad, nepotismo, corrupción, etc. Otros —como Aristóteles— ven la democracia como una forma de gobierno degenerada: la tiranía de la mayoría. Por su parte, algunos grupos religiosos —Testigos de Jehová, amish— o étnicos —gitanos, nómadas— no votan por desafección al Estado. Finalmente, los libertarios o anarquistas se abstienen por motivos éticos, a saber, votar significaría patrocinar un sistema inmoral: liberticida y confiscatorio.

Para terminar veremos a quién beneficia la abstención. Ésta se computa sumando aquellos integrantes del censo que no acudieron a votar. Al igual que el voto nulo, su efecto es neutro: no beneficia ni perjudica porque no altera los porcentajes electorales. En cambio, los votos en blanco (sobre vacío o papeleta en blanco) son válidos y se reparten proporcionalmente entre las candidaturas. Los pocos votos en blanco de cada colegio electoral van a parar a los partidos mayoritarios. Esta ventaja es exigua. Pero volvamos a la abstención. ¿Cómo saber su influjo en el resultado? La única forma de averiguarlo sería preguntando al abstencionista: «Si usted hubiera votado, ¿a quién hubiera elegido?». Así podríamos elaborar un nuevo e imaginario mapa electoral de dudosa utilidad. Lo cierto es que, desde una óptica praxeológica³ (preferencia revelada), la abstención (al igual que toda conducta deliberada) beneficia subjetivamente a quien la practica, dadas las circunstancias concurrentes en cada individuo.

Por ejemplo, el abstencionista ético disfruta mostrando su desafección de un modo parecido al empleado que no asiste a la comida anual de su empresa. Desde una óptica sociológica se le critica porque renuncia a ejercer influencia política: «No dejes que otros elijan por ti»; pero el abstencionista activo (consciente) no sopesa la utilidad de su acción (que sigue siendo marginal), sino que actúa por principio. No debemos  infravalorar los efectos de una elevada abstención: un descontento generalizado llama la atención sobre la necesidad de cambios o reformas políticas que vuelvan a ilusionar al votante.

Notas:
¹ Excepto en Galicia, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Castilla y León.
² Una excepción es el delito de omisión del deber de socorro (Código Penal, Art. 195).
³ La praxeología es la ciencia de la acción humana.

Sobre el bono cultural de 400€

Entre el 25 de julio y el 15 de octubre de 2022 los jóvenes nacidos en 2004 (cumplen 18 años) disfrutarán de un obsequio gubernamental de 400€ para gastar en «cultura»: espectáculos, libros, revistas, música, videojuegos, etc.

¿Y de dónde saldrán los 210 millones € que «Antonio» (doctor cum fraude) y su gobierno de zurdos regalará a los futuros votantes? En el mejor de los casos, el dinero se detraerá de otras partidas de gasto público: sanidad, educación, obras públicas, defensa...¿quién sabe?

Tal vez, se pague con más inflación (falsificando dinero con la impresora del BCE), perjudicando así a todos los españoles mediante una reducción de su capacidad adquisitiva. O emitiendo más deuda pública, en cuyo caso, los agraciados devolverán los 400€ cuando empiecen a trabajar y sean explotados por el Estado.

Por su parte, los negocios culturales (teatros, cines, librerías y empresas que venden contenidos por Internet) y la «cofradía de la ceja» (los que imitaban con dedo circunflejo al sátrapa socialista) también se beneficiarán del bono a expensas del resto de negocios, que verá reducida su producción.

Estamos ante una descarada e inmoral cacería de votos dirigida a 500.000 jóvenes que, por su supuesto, aplaudirán el «detalle» que el gobierno ha tenido con ellos. El resto de la sociedad, que pagará la fiesta, aceptará con anuencia o resignación esta nueva canallada. ¡Qué desgracia!

Todavía hay ingenuos que creen en el maná y otras cosas «gratis» que regalan los neocaciques de la política. Una sociedad ética debe rechazar de plano cualquier «regalo» realizado con dinero robado en impuestos (presentes o futuros). Los políticos, bien con el palo (miedo, sanciones), bien con la zanahoria (regalitos y «ayudas») nos manipulan, empobrecen y controlan. ¡Despertemos!

Sobre el anarcocapitalismo . entrevista con Rocío López

En defensa del abstencionismo vacunal

Quienes rechazan vacunarse no niegan la existencia del virus SARS-CoV-2, tan solo consideran que abstenerse es una alternativa preferible. No son «negacionistas» —término falaz—, sino «abstencionistas». Todo derecho incluye la posibilidad de no ejercerlo, por ejemplo, el derecho al sufragio implica el derecho a la abstención y el derecho del acreedor a cobrar implica la posibilidad de condonar la deuda; análogamente, si existe un derecho a vacunarse también existe igual derecho a no vacunarse.

Antes de actuar cada individuo analiza subjetivamente (con la información disponible) los potenciales beneficios y riesgos de las diferentes líneas de acción o alternativas. La ciencia, la estadística y las recomendaciones de técnicos y amigos puede ayudarnos durante el proceso, pero en última instancia corresponde a cada individuo decidir por sí mismo y, en su caso, por los menores bajo su tutela. Quien se vacuna considera que (potencialmente) el beneficio excede al riesgo y por ello acepta que la autoridad sanitaria decida el orden (colectivos prioritarios, rangos de edad) y las condiciones de la vacunación, en particular, el tipo y la marca comercial. Cuando el Estado monopoliza la vacunación la única elección ofrecida al paciente es: ¿brazo derecho o izquierdo?

Existen diversas razones para la abstención vacunal. Algunos desean vacunarse, pero rechazan el autoritarismo del gobierno y prefieren esperar a que exista libertad de elección. Otros consideran que los riesgos de vacunarse (medio y largo plazo) son desconocidos y nadie se hace responsable de las consecuencias de administrar un medicamento en fase experimental. Otros desconfían sistemáticamente del gobierno, de los comités de expertos a su servicio y de una sospechosa ausencia de pluralidad informativa. Cualquier mensaje que se oponga a la versión oficial (hay que vacunarse) es catalogado como «negacionista». Solo Internet escapa a esta caza de brujas.

Existen varias formas de forzar a los abstencionistas. La más directa sería decretar la vacunación forzosa, tal y como se hace con el ganado, pero esta medida viola derechos fundamentales del individuo. Hay una vía indirecta que supone un fraude de ley: decretar normas que imponen a los no vacunados unas exigencias inasumibles o muy costosas de cumplir (PCR negativo) para realizar actos cotidianos: viajar, alojarse en hoteles, consumir en bares y restaurantes, presenciar espectáculos, practicar deportes, etc. El pasaporte o certificado Covid se utiliza precisamente para discriminar y lesionar los derechos de los no vacunados. De facto, estas prácticas suponen un apartheid sanitario cuya finalidad es segregar socialmente a la minoría abstencionista.

Para colmo de males el gobierno impone a empresarios y empleados de ciertos sectores —hostelería, restauración, ocio— unas servidumbres abusivas: a) Los convierte en «inspectores sanitarios» de sus clientes, obligándoles a verificar quien está o no vacunado; b) Los convierte en «policías sanitarios», obligándoles a rechazar a quienes no hayan completado la pauta de vacunación (y no presenten PCR negativa). Y si se niegan a realizar estas tareas son multados. Todo el sistema es coercitivo.

Las autoridades también utilizan una tercera vía —la propaganda— para estigmatizar socialmente al abstencionista. Se fomenta en la opinión pública una división maniquea: buenos y malos, vacunados y no vacunados. Socialmente se presenta a los primeros como ciudadanos ejemplares y solidarios; mientras que los segundos son tachados de egoístas y aprovechados (free-riders). Sanitariamente y legalmente, los vacunados son tratados como presuntos «sanos» (no se les exige PCR negativa) y los no vacunados como presuntos «enfermos» y potenciales «contagiadores». Ambas presunciones son falsas y se utilizan para agredir injustificadamente a los segundos.

Randolph Bourne, que falleció en la epidemia de gripe de 1918, escribió: «La guerra es la salud del Estado». Análogamente, la emergencia por Covid-19 reproduce las agresiones que el Estado perpetra contra la población. Los políticos, ávidos de poder, monopolizan la vacunación, confiscan la propiedad privada, confinan injustamente a la población, prohiben el trabajo y fomentan el odio a los no vacunados. Ante el miedo de ser contagiado, enfermar e incluso morir, la sociedad retorna a un estado tribal: el razonamiento lógico cede ante la emotividad y el Derecho ante un ordenancismo arbitrario. Asistimos, en definitiva, a un proceso descivilizatorio que debe ser combatido con argumentos sanitarios, éticos y jurídicos.

El lenguaje económico (IV): La física

Publicado en el Instituto Juan de Mariana, 1  de junio de 2021.

La influencia de la física en el lenguaje económico forma parte de un fenómeno universal, a saber, el ascendiente de la racionalidad científico-tecnológica en todos los ámbitos del saber. Este hecho «tiene sus raíces en el pensamiento de Descartes y de Bacon, así como en el éxito espectacular de la física newtoniana, y se desarrolló a través de la mentalidad ilustrada y positivista» (Marcos, 2010: 67). El enorme prestigio de la física creció en los siglos XIX y XX, siendo considerada la ciencia por excelencia debido a su elevada capacidad predictiva. Thomas Khun (2006: 314) advirtió: «La potencia de una ciencia parece aumentar con el número de generalizaciones simbólicas que quienes las practican tienen a su disposición». Los científicos sociales, encandilados por la física, emularon su método sin percatarse que resultaba inadmisible reclamar algo que estaba fuera de su alcance: la predicción cuantitativa. Dicho en román paladino: «No se puede pedir peras al olmo». Los más conspicuos científicos sociales fueron abducidos por el positivismo: en el derecho, Kelsen; en la psicología, Skinner; y en la sociología, Durkheim (2001: 77):

[La ciencia] Estudia el calor al través de las variaciones de volumen que producen en los cuerpos los cambios de temperatura, la electricidad a través de sus fenómenos físico-químicos, la fuerza a través del movimiento. ¿Por qué ha de ser una excepción la solidaridad social?

Los economistas tampoco escaparon a este influjo y pronto comenzaron a utilizar los términos de la física y la mecánica: aceleración, centro de gravedad, ciclo, densidad, equilibrio, fuerza, inercia, masa, velocidad, etc. Todos ellos fueron empleados para acuñar fenómenos sociales. Eminentes economistas definen al mercado como un «mecanismo» a través del cual compradores y vendedores interactúan o que «los precios son la rueda que equilibra el mecanismo del mercado» (Samuelson y Nordhaus, 2006: 26). Algunos de estos deslizamientos lingüísticos resultan inocuos, pero otros son confusos, falaces y funestos.

Singapur

1. Capacidad de carga

Los medios de transporte —camión, barco, avión, ascensor, etc.— tienen limitaciones técnicas que son especificadas por los fabricantes. A su vez, los gobiernos fijan límites máximos —peso, viajeros— para cada categoría de vehículos. Un territorio, sin embargo, no tienen límites en cuanto al número de residentes que pueda albergar. Por ejemplo, la isla canaria de La Palma (708 km2) y Singapur (721 km2) tienen una superficie parecida, pero la segunda (censo: 5,7 millones) está 68 veces más poblada que la primera (censo: 84.000). Es un error deslizar el concepto y el término «capacidad de carga» desde el ámbito industrial al social. Se habla incorrectamente de la «capacidad de carga» de un destino turístico y del «exceso» de turistas, hoteles o vehículos que debe soportar. Fijar topes al crecimiento o al consumo es un acto arbitrario, basado en prejuicios, avalado por informes espurios y cuyo nefasto resultado es el intervencionismo económico, urbanístico y medioambiental. En última instancia, retrasa el progreso y reduce la calidad de vida de los habitantes. Por ejemplo, se imponen moratorias turísticas que impiden la construcción de nuevos hoteles e incluso los espacios naturales y los senderos de montaña son objeto de esta absurda idea de «capacidad de carga».

2. Elasticidad

En física, elasticidad es la propiedad de un cuerpo sólido para recuperar su forma cuando cesa la fuerza que la altera. En economía, a medida que sube el precio de un bien los consumidores reducen su cantidad demandada, y viceversa. El concepto de elasticidad está referido a esta respuesta, que es diferente para cada bien y para cada individuo en función de su escala de valores. También en el ámbito fiscal se habla de «elasticidad de la base imponible», según Rallo (2018): «Suele ubicarse en torno a 0,4: es decir, un incremento del 1% en el tipo impositivo conduce a una reducción del 0,4% en la base imponible». Como ya hemos expuesto en artículos anteriores, la respuesta de los individuos ante los cambios en los precios no puede medirse acudiendo a curvas u otros expedientes matemáticos.

3. Equilibrio

En física, se dice que un cuerpo o un sistema está en equilibrio cuando sobre él actúan diversas fuerzas que se anulan mutuamente. Equilibrio es sinónimo de reposo, estabilidad y ausencia de cambio. En la economía nada permanece en equilibrio y éste tan sólo es un escenario imaginario que sirve al razonamiento económico. En efecto, «a quienes actúan nada les interesa el equilibrio ni los precios de equilibrio, conceptos estos totalmente ajenos a la acción y a la vida real» (Mises, 2011: 837). No obstante, en el libre mercado, la competencia entre empresarios (ávidos de obtener ganancias) tiene un efecto equilibrador de los precios.

4. Fuerza

Las fuerzas físicas —gravitacional, electromagnética y nuclear— y las fuerzas económicas no tienen relación alguna. Según Mises (2011: 405): «Nada hay de automático ni mecánico en el funcionamiento del mercado». En economía, la palabra «fuerza» es metafórica. Para Marx y Engels (2013) las «fuerzas productivas» eran los diversos medios de producción: trabajo, máquinas, herramientas, materias primas, etc. Se dice que el mercado se rige por las fuerzas de la oferta y la demanda. Para Mises (2011: 502), tan reacio al empleo de tropos, la «fuerza» impulsora del dinero expresaba su capacidad de generar cambios. Otras veces, el significado de fuerza tiene connotaciones misteriosas: por ejemplo, la mítica fuerza que origina el «subconsumo» o que «induce a un exceso de frugalidad» (Keynes, 1943: 326). Por último, algunas organizaciones —políticas, sindicales, empresariales— también se autodenominan «fuerzas».

5. Liquidez

Es la «facilidad con que es posible convertir un activo en el medio de cambio de la economía» (Mankiw, 2007: 444). El dinero en efectivo y los depósitos a la vista son los activos más líquidos, le siguen los sustitutos monetarios —cheques al portador, cheques de viaje, pagarés—, acciones, participaciones en fondos de inversión, bonos, letras del tesoro, etc. El dinero-mercancía —oro y plata— tiene una liquidez intermedia y, por último, los bienes inmuebles o las obras de arte son activos poco líquidos por su menor facilidad de venta. Un sinónimo (no metafórico) de liquidez sería «mercabilidad» (Mises, 2011: 482)

6. Velocidad

En física, la velocidad a la que un cuerpo se desplaza es la cantidad de unidades de espacio que recorre en una unidad de tiempo (v= e/t). En economía, por velocidad del dinero se entiende la «tasa a la que el dinero cambia de manos» (Mankiw, 2007: 462). Sin embargo, el dinero no se desplaza, tan solo cambia de dueño en cada transacción. Ni el dinero ni el resto de bienes intercambiados circulan a «velocidad» alguna; de nuevo, estamos ante otra metáfora. Para definir el número de veces que una moneda es intercambiada en un año, los economistas podrían haber elegido otros términos más adecuados, por ejemplo: frecuencia de intercambio o rotación del dinero. Según Mises (2011: 484), el dinero nunca está en circulación porque «no hay momento alguno durante el cual el dinero no sea de nadie, de ninguna persona o entidad». Existe la creencia popular —por otro lado, infundada— de que es bueno para la economía que el dinero esté en movimiento. Sin embargo, como afirma Shostak (2018):

Son las acciones con propósito individual las que determinan los precios de los bienes y no una velocidad mítica. El hecho de que la llamada velocidad sea 3 o cualquier otro número no tiene nada que ver con los precios promedio y el poder adquisitivo promedio del dinero como tal.

Si aumentar el número de intercambios, per se, fuera algo positivo, deberíamos gastar con frenesí hasta el último céntimo de nuestro saldo en efectivo. No olvidemos que el dinero solo es un medio de intercambio, por tanto, no se es más rico imprimiendo más dinero ni gastándolo desaforadamente. Dinero «ocioso» es otra mala metáfora porque el dinero atesorado (saldo en efectivo) cumple una función vital: proporciona seguridad económica frente a la incertidumbre. Según Mises (2011: 484): «Lo que suele denominarse atesoramiento no es más que un saldo de metálico supe­rior —según la opinión de quien enjuicia— al considerado normal y conveniente». En definitiva, la creación de riqueza nada tiene que ver con la velocidad de circulación del dinero, sino con las mejoras en la cantidad y calidad de la producción de bienes.

Apalancamiento

7. Miscelánea

Otras metáforas físicas resultan inocuas: A) «Masa» monetaria es la cantidad agregada de dinero que hay en una economía. Hay distintas masas monetarias —M0, M1, M2, M3, M4— en función de su «liquidez». B) «Apalancamiento» es sinónimo de endeudamiento. C) «Nivel» de precios es otro desliz lingüístico copiado del comportamiento de los fluidos. Una metáfora más apropiada sería «convulsión de precios» (Mises, 2011: 496). D) «Vehículo» de inversión. E) «Aceleradora» de empresas. F) «Densidad» de población. G) «Ciclo» de vida del producto, «ciclo» económico. H) En econometría, «inercia» es la medida de la dispersión de los datos respecto a un punto llamado «centro de gravedad». Para terminar, les dejo un ejemplo de cómo el lenguaje físico y el matemático pueden ser combinados de forma ininteligible en algo que metafóricamente podríamos llamar «diarrea» mental:[1]

Si tenemos un conjunto de n individuos sobre los que se han medido k variables podemos representar a dichos individuos como un conjunto de n puntos en el espacio vectorial Rk. Dado un punto p del espacio Rk y una base ortonormal de dicho espacio, la inercia total de los individuos respecto al punto p es igual a la suma de las inercias de los individuos respecto al punto p a lo largo de cada uno de los vectores de la base ortonormal.

Bibliografía:

Durkheim (2001) [1893]: La división del trabajo social. Madrid: Akal.

Keynes, J. (1943): Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Méjico: FCE.

Kuhn, T. (2006): La estructura de la revoluciones científicas. Méjico: FCE.

Mankiw, N. (2007): Economía. Madrid: Thomson.

Marcos, A. (2010): Ciencia y Acción. Méjico: FCE.

Marx, K. y Engels, F. (2013) [1848]: El manifiesto Comunista. Madrid: Fundación de

Investigaciones Marxistas.

Mises, L. (2011): La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Rallo, J. (2018): ‘Destope’ de cotizaciones sociales: demagogo, injusto e ineficaz. Recuperado de: https://blogs.elconfidencial.com/economia/laissez-faire/2018-01-22/destope-de-cotizaciones-sociales-demagogo-injusto-e-ineficaz_1509173/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=news_ec&utm_content=textlink&utm_term=opinion

Samuelson, P. y Nordhaus, W. (2006): Economía. Méjico: McGraw-Hill (18ª edición).

Shostak, F. (2018): «El problema con la “velocidad del dinero”».

[1] https://jjgibaja.wordpress.com/2008/02/14/descomponiendo-la-inercia/

Marketing ideológico

Artículo publicado originalmente en AVANCE de la Libertad - Núm. 12, Junio de 2021.

Las ideologías tienen tanta fuerza y atractivo que en ocasiones son utilizadas por las empresas como herramienta de marketing, principalmente con el objetivo de mejorar su reputación e imagen. Hoy analizaremos tres casos de marketing ideológico e intentaremos ilustrar que se trata de una estrategia empresarial altamente peligrosa.

El primer caso es el de Gillette, que en 2019 lanzó un polémico anuncio de 100 segundos donde aparecen hombres malos y buenos. Los primeros representan la «masculinidad tóxica»: matones de patio de colegio, acosadores sexuales, un directivo que corrige paternalmente a una subordinada, etc. El eslogan del anuncio «Lo mejor que un hombre puede ser» refleja bien su cariz moralizante: los hombres pueden y deben comportarse mejor con sus pares y con las mujeres e incluso deberían tomar partido cuando observen conductas machistas. El anuncio caricaturiza y estigmatiza a los hombres de forma injustificada o, al menos, así ha sido visto por una mayoría del público. Una de las máximas del marketing es que la percepción es la realidad. El intento de ganar clientes alineándose con la visión feminista —movimiento #MeToo— supuso para la empresa, solo en el segundo trimestre de 2019, pérdidas de 5.240 millones de dólares. Procter & Gamble, propietaria de Gillette, sigue sin reconocer su error y atribuye las pérdidas a otras causas, pero a buen seguro que los directivos y publicistas habrán tomado nota del patinazo y del peligro que supone utilizar la ideología.

El segundo caso es el de Iberdrola, que se ha subido al carro del feminismo, del igualitarismo y del ecologismo. En su «Informe de Diversidad e Inclusión / 2019», la empresa presenta sus avances hacia una sociedad más justa e igualitaria. Con el programa «Universo Mujer» y los premios «SuperA», Iberdrola fomenta la «igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a través de la práctica deportiva». Con las becas STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) pretende incrementar la proporción de mujeres en algunas disciplinas donde los varones son amplia mayoría. Respecto a la cuota femenina en Consejos de Administración, Iberdrola (42, 86%) es líder del IBEX-35, sólo por detrás de la estatal Red Eléctrica (50%). Además, para 2022 Iberdrola pretende que al menos el 70 % de los proveedores principales estén sujetos a políticas de Desarrollo Sostenible. La empresa también saca pecho en cuestión de multiculturalidad pues su plantilla abarca 64 nacionalidades distintas. Desconocemos si todo esto obedece a la ideología personal de su presidente —Ignacio Galán— o más probablemente forme parte de un plan de marketing ideológico. Mientras Iberdrola no meta la pata al estilo Gillette, tal vez, pueda sacar tajada de esta estrategia de marketing basada en el «consenso progre».

Por último, tenemos la recién estrenada campaña de Levi´s “Buy Better, Wear Longer” («Compra Mejor, Úsalo más Tiempo»), donde se hace un guiño al ecologismo criticando el consumismo de ropa. Entendemos por «consumismo» la subjetiva y arbitraria apreciación de que alguien consume más de lo debido. ¿Y cuánto es lo debido? No lo sabemos, eso depende a quien preguntemos; por ejemplo, poseer más de un reloj de pulsera o más de 10 pares de zapatos podría ser considerado «consumismo»; pero también hacer «demasiado» turismo, beber «demasiada» cerveza o comprar «demasiados» libros. El anuncio de Levis´s exhibe esta línea argumental: «Cuando fabricamos mejor, podemos comprar mejor; y cuando compramos mejor, podemos usar (la ropa) más tiempo; y si usamos (la ropa) más tiempo, podemos comprar menos; y si compramos menos, podemos desperdiciar menos; y cuando desperdiciamos menos, podemos cambiar para siempre». Por supuesto, Levi´s no pretende salvar el planeta reduciendo sus ventas, sino atraer a nuevos clientes que compren menos cantidad de ropa barata y elijan sus prendas más caras, pero más duraderas. Pero ojo, si sus clientes habituales, que poseen un repertorio de prendas de la marca, siguieran la consigna «consume menos», la compañía se enfrentaría sin duda a un desplome de sus ventas. Como decía el filósofo Eugenio D´Ors: «Los experimentos, con gaseosa».

Defensa y seguridad, ¿estatal o privada? con José H. Cabrera - Conservan...

Tres errores sobre el consumo local

Cuando se aproximan las fiestas navideñas se multiplican los eslóganes para que los consumidores opten por el consumo local. Según sus promotores —políticos, empresas públicas, asociaciones de empresarios— consumir bienes producidos en zonas próximas o vendidos en comercios de proximidad es beneficioso para la economía local. Los ecologistas, por su parte, afirman que el consumo de productos locales beneficia al medio ambiente porque se reducen las emisiones de CO2 producidas por el transporte de mercancías.

De las campañas en «defensa» del consumo local se infiere la menor competitividad (relación calidad-precio) de algunos productores locales. De no ser así, estas campañas nunca se hubieran realizado. Sin embargo, no es el pequeño comercio, en general, el que está amenazado por los grandes distribuidores y la venta por Internet, sino específicos empresarios que no han sido capaces de adaptarse a los gustos de los consumidores; prueba de ello es el reemplazo de empresarios españoles por chinos en muchos negocios minoristas: bares, restaurantes, tiendas de alimentación, bazares, peluquerías, telefonía móvil, etc. A lo largo del artículo nos referiremos exclusivamente a esos empresarios locales «menos» competitivos que se benefician de campañas institucionales en las que se pide al consumidor que realice un sacrificio económico. Nuestro análisis de hoy desvelará tres errores —ético, lógico y económico— sobre el consumo local.

a) Error ético

Cualquier campaña gubernamental destinada a fomentar el consumo local no es gratis y supone una transferencia coactiva de dinero desde los contribuyentes hacia los grupos receptores de las ayudas. La propaganda gubernamental se realiza con dinero confiscado a sus legítimos dueños. Estos favores políticos constituyen una vieja práctica llamada mercantilismo: «Un sistema de privilegio estatal sistemático, particularmente para restringir las importaciones y subsidiar las exportaciones» (Rothbard, 2013a: 247). Las actuales campañas municipales de consumo local repiten los mismos errores del absolutismo real entre los siglos XVI y XVIII. Toda injerencia política en el libre mercado supone un perjuicio para la sociedad porque la «protección» de ciertos productores o comerciantes locales necesariamente empobrece a miles de consumidores que verán reducido su nivel de vida. Debe ser el empresario, grande o pequeño, quien soporte exclusivamente los costes de cualquier campaña publicitaria.

Esta «defensa» del comercio local alcanza su paroxismo en la «guerra» que el ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva) ha declarado a la empresa Amazon. La iniciativa «mojizon» permite a los residentes comprar en el pueblo por Internet y un empleado municipal hará el reparto a domicilio «gratuito». Menuda ocurrencia. Estos juramentados del consumo local ignoran que, sólo en España, Amazon tiene un catálogo de 180 millones de artículos distintos.

Sólo es ética la campaña publicitaria financiada con fondos privados (empresas, asociaciones empresariales, cámaras de comercio,¹ etc). También es éticamente admisible que el publicitario apele a los sentimientos identitarios —«lo nuestro», «nuestra gente», «nuestro pueblo»— para que el consumidor acepte voluntariamente el sacrificio de comprar productos más caros o de menor calidad que los foráneos.

b) Error lógico

Las campañas de consumo local son genéricas, pero, a grandes rasgos, pretenden fomentar el consumo de alimentos —carne, pescado, fruta, verdura, vino, queso, confituras, etc.— producidos o elaborados en la comarca. Pero si el transporte es malo porque contamina ¿por qué no extender la campaña al resto de productos y servicios? Si los apóstoles del «kilómetro 0» fueran consecuentes con sus ideas (reducir la contaminación) deberían recomendar a los turistas que se quedaran en su casa pues, en términos relativos, el transporte aéreo es el más contaminante de todos. Por ejemplo, resulta contradictorio que el dueño de un hotel presuma de tener su propio huerto ecológico sin importarle demasiado que sus huéspedes hayan viajado en avión miles de kilómetros.

Por otro lado, muchos productores (elaboradores) locales deben comprar las materias primas en el exterior. Por ejemplo, el helado «local» de Canarias se fabrica con leche asturiana, gallega o francesa. Con los bienes de capital ocurre otro tanto: los proveedores de mobiliario, maquinaria y herramientas se encuentran generalmente a cientos o miles de kilómetros. Si los productores y comerciantes compraran, a su vez, todo localmente (independiente de su precio y calidad), muy pronto quedarían fuera del mercado por falta de competitividad. En definitiva, no resulta admisible que el productor local pida al consumidor un sacrificio que él mismo, por necesidad o conveniencia, nunca hará pues está obligado a ejercer la función empresarial con criterio económico.

c) Error económico

Es muy popular la creencia de que si compramos «local» el dinero se queda «aquí» y que, en caso contrario, el dinero se va «fuera». Analicemos esta falacia; por ejemplo: ¿a dónde va nuestro dinero cuando compramos en Carrefour, Ikea o McDonalds? El dinero siempre paga los factores productivos «allá donde estén»: los artículos y materias primas provienen de múltiples países, pero el trabajo —salarios— y la mayoría de servicios —limpieza, mantenimiento, seguridad— se contratan localmente. ¿Y qué ocurre con los beneficios? La mayor parte no acaba en Francia, Suecia o EE.UU., sino en el bolsillo de millones de pequeños accionistas (propietarios de fondos de inversión y pensiones), repartidos por todo el mundo, que perciben el dinero en forma de dividendos. Para que nos hagamos una idea de las proporciones, la familia Botín sólo posee el 1% del capital social del Banco de Santander. Hoy en día el capital de las grandes empresas está tan repartido que carece de sentido asignarles una nacionalidad.

Es innegable que, tanto si compramos «local» como si compramos «fuera», parte del dinero saldrá de nuestras fronteras ²—municipales, regionales o nacionales—; sin embargo, lejos de ser una mala noticia, la «salida» del dinero resulta necesaria y beneficiosa. La división del trabajo implica necesariamente la «salida» y «entrada» de dinero. Por ejemplo, si los andaluces no compran manzanas de Cataluña, los catalanes no tendrán dinero para comprar aceitunas de Andalucía; y si los españoles no compran vehículos Mercedes y Toyota, los alemanes y japoneses no podrán hacer turismo en España. Es decir, exportación e importación son cara y cruz de una misma moneda, ambas se complementan y ambas tienden a igualarse en el tiempo. El clásico error mercantilista ha sido considerar que es mejor exportar que importar, que es mejor el dinero que «entra» que los bienes que «salen». El mito de la balanza comercial se derrumba cuando lo analizamos desde el individualismo metodológico: «toda balanza es necesariamente favorable desde el punto de vista de la persona que realiza el intercambio» (Rothbard, 2013b: 336). O como dice Mises (2011: 539) «La balanza (de pagos) cuadra siempre».Es falso que con el consumo local «todos» ganamos. Por ejemplo, si el bien local cuesta el doble que el foráneo, ceteris paribus, optar por el primero reducirá nuestro consumo a la mitad. Consumir algo peor o más caro solo empobrece a los consumidores de la región, siendo los productores locales los únicos beneficiados.

Por último, el consumidor que asume una pérdida económica para mantener con vida a los productores menos eficientes está haciendo un flaco favor al conjunto de la sociedad pues interfiere la adecuada asignación del capital. Este consumo sacrificial (voluntario) ocasiona los mismos males que cualquier medida (coactiva) proteccionista: obstaculiza la innovación y que el escaso capital disponible pase a manos más capaces. Al comprar de forma «egoísta» los consumidores no sólo mejoran su propia economía, sino la general pues van colocando —mediante el sistema de pérdidas y ganancias— a cada cuál en el sitio donde mejor sirve los intereses del prójimo. Si algunos productores o comerciantes locales son menos eficientes lo mejor para el conjunto no es mantenerlos artificialmente con vida, sino dejar que el libre mercado haga su trabajo. Sin el asistencialismo (público o privado) los empresarios menos eficientes deberán innovar, cambiar o ser reemplazados por otros mejores.

Conclusión

Los promotores del consumo local no pueden alcanzar su objetivo —mejorar la economía de la región— persuadiendo a los consumidores para que compren peor. Este sacrificio, lejos de dar fruto, empobrecerá a los habitantes de la región, sostendrá artificialmente a las empresas menos eficientes e interferirá la adecuada asignación del capital. Como nos recordaba Mises (2011: 1019): «La aplicación de teoremas económicos falsos se traduce en consecuencias indeseadas».

Notas
¹ El gobierno de Zapatero, en 2011, derogó la cuota cameral, más conocida como «impuesto revolucionario», y las Cámaras de Comercio se vieron obligadas a financiarse mediante aportaciones voluntarias.

² Frontera en sentido lato.

Bibliografía

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Rothbard, M. (2013a). Historia del pensamiento económico. Madrid: Unión Editorial.

Rothbard, M. (2013b). El hombre, la economía y el Estado. Vol. II. Madrid: Unión Editorial.

Web del Ayuntamiento de Minas de Riotinto.