La ética del capitalismo

El cuerpo como propiedad privada: un análisis ético

En este artículo intentaré hacer una defensa de la propiedad privada basada en el principio ético de la no agresión al cuerpo de otra persona. Empezaremos la argumentación introduciendo una premisa inicial: el propio cuerpo es la primera propiedad privada que el ser humano posee; no admitirlo nos llevaría al absurdo de que nadie podría disponer de su propio cuerpo, o bien, a la esclavitud: existe un tercero que es el dueño del cuerpo de otro. Por tanto, admitamos prima facie que todos los hombres son libres y que cada cuál es dueño de su propio cuerpo.

Alberto (A), Benito (B) y Camilo (C) son tres enfermos terminales que necesitan urgentemente sendos trasplantes de pulmones, hígado y riñones, respectivamente. Si no son trasplantados pronto morirán todos. Víctor (V) es un cuarto hombre sano. Se realiza una votación y por mayoría A, B y C deciden sacrificar a V para obtener sus órganos sanos y realizar los trasplantes. La mayor utilidad del resultado sería, en este caso, la justificación de la medida adoptada: al fin y al cabo tres vidas son más valiosas que una vida. ¿Por qué entendemos que esta acción es inmoral? porque A, B y C han iniciado la violencia para arrebatar a V su cuerpo, que es su propiedad privada. La primera conclusión obtenida es que la mayor "utilidad" de muchos, algo que habitualmente llamamos "interés general", no justifica violar la propiedad privada de un solo hombre. En primer lugar, no existe una unidad de medida que nos permita comparar utilidades interpersonales; y aunque la hubiera, matar a V y extraer sus órganos en beneficio de A, B y C sería igualmente inmoral. Tampoco sería admisible sacrificar a V apelando a otro tipo de razones como la edad, parentesco, sexo o importancia social de los personajes en escena. ¿Y qué ocurriría si el Parlamento de la nación, elegido democráticamente, promulgara una ley que autorizara disponer del cuerpo de V? Entendemos que la legislación, per se, pueda modificar la moralidad del hecho en cuestión. Siempre han existido leyes inmorales. Y como decía Tácito: "cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene".

Supongamos ahora que A, B y C reducen su nivel de violencia y deciden "solamente" extirpar un pulmón, medio hígado y un riñón de V para que los cuatro puedan vivir. Además, cada uno de ellos pagará a V, a modo de compensación, un millón de euros por la expropiación forzosa de sus órganos. En este caso, aún siendo menor la agresión, la inmoralidad del acto permanece pues V es forzado a realizar un intercambio no consentido. Da igual que sea un particular o el Estado el que viole el cuerpo de V, entendido como su propiedad exclusiva. Hasta este momento de nuestro razonamiento, solamente un psicópata, discreparía de nuestra conclusión: en ningún caso es ético violar el cuerpo de una persona porque su cuerpo es su propiedad privada y a nadie, excepto a su dueño, le corresponde decidir su uso.

En el derecho romano, la propiedad incluye tres derechos: a) ius utendi o derecho de uso; b) ius fruendi o derecho a obtener sus frutos; y c) ius abutendi o derecho de abuso sobre la propiedad. En lo que respecta al propio cuerpo, esto significa que podemos legítimamente usar nuestro cuerpo con libertad, obtener los frutos de nuestro trabajo o incluso abusar de nuestro cuerpo flagelándonos o consumiendo drogas. Si tenemos una vivienda, podemos usarla directamente, alquilarla o incluso abandonarla hasta que sea una ruina. Si tenemos dinero, podemos gastarlo juiciosamente, prestarlo para obtener una renta o dilapidarlo en los juegos de azar. Todas estas acciones son éticamente permisibles siempre y cuando no inicien la violencia contra otras personas o contra sus propiedades privadas. Como decía Lysander Spooner: "los vicios no son crímenes". Prohibir el consumo de ciertas sustancias, la homosexualidad o la prostitución -libre y consentida- entre adultos significa una violación del derecho a decidir sobre el propio cuerpo. O como dice Antonio Escohotado: "de la piel para dentro mando yo". De igual modo, la donación de órganos o incluso su intercambio comercial, hecho de forma voluntaria, es perfectamente ético desde esta óptica.

Desde la ética de la propiedad privada ¿cómo sería visto el servicio militar obligatorio? Si el propio cuerpo es una propiedad privada, el Estado dispone, durante un periodo, del uso (ius utendi) y los frutos del trabajo (ius fruendi) de esa propiedad: el cuerpo del conscripto. El Estado no solo viola la libertad del individuo sino que le impide obtener el producto de su trabajo durante el tiempo que está en filas. El coste de oportunidad es lo que el ciudadano pierde cuando es reclutado a la fuerza y deja de estudiar o trabajar y, en su caso, mantener a su familia. Evidentemente, un militar profesional que accede voluntariamente al Ejército está ejerciendo íntegramente su derecho de propiedad. Por tanto, la conscripción no deja de ser una modalidad de esclavitud temporal donde el Estado es el amo que se apropia del derecho de uso del cuerpo del esclavo. Eso sí, todo amparado por la legislación. En caso de guerra, esta violación se vuelve más intensa pues el Estado puede abusar (ius abutendi) del cuerpo del militar causándole indirectamente la muerte o la invalidez.

En conclusión, hemos visto que ni una supuesta mayor "utilidad" basada en el número, el intercambio forzoso o el criterio de legalidad pueden modificar la condena ética que supone violar el cuerpo de otra persona. Si no es admisible que A, B y C dispongan del cuerpo de V, tampoco lo es que un conjunto de personas D, E, F, etc. que actúan al frente del Estado, dicten mandatos que afecten al libre uso del cuerpo como propiedad privada, ya sea en forma de restricciones, prohibiciones o servidumbres.

Sindicatos, huelgas y empresarios

Esta mañana, tras el primer partido de padel del año, un joven amigo me pregunta qué opino de los sindicatos; "es una mafia legalizada cuyo objetivo es conseguir para los empleados condiciones laborales mejores de las que podrían obtener en el libre mercado", le respondo presumiendo de haber leído a Mises, Hayek y Rothbard.

Los sindicatos son organizaciones que benefician a sus afiliados a expensas de que otras personas no tengan trabajo. Así de simple. Los sindicatos crean desempleo pues en ausencia de la coacción sindical, habría más personas trabajando con salarios más bajos que los actuales. A continuación intentaré argumentar por qué la actividad sindical, apoyada mediante privilegios gubernamentales, es manifiestamente antisocial e injusta. Comenzaré analizando lo que ocurre en una huelga. Los trabajadores quieren obtener mejoras laborales (salario, descanso, beneficios, etc.) y organizan la huelga para presionar a la propiedad de la empresa y conseguir que ésta acceda a sus pretensiones. Damos por hecho que las negociaciones pacíficas, caso de haberlas, no han surtido efecto y que el sindicato opta por usar medios violentos.

En primer lugar, dejar de trabajar en un derecho inalienable de toda persona. Nadie, excepto un esclavo, está obligado a seguir trabajando si no lo desea. Pero si un empleado tiene derecho a rescindir unilateralmente su contrato laboral, igual derecho le asiste el empresario. Abandonar la empresa o despedir son las dos caras de la misma moneda, el mismo derecho ejercido desde dos partes distintas. 

El empleado en huelga no cobra el salario correspondiente al trabajo no realizado en su empresa pero es libre, en principio, de optar libremente por: a) formar parte de los piquetes: grupos de vulgares matones que amenazan, rompen y agreden. b) ser un esquirol y trabajar para sí mismo o incluso para un segundo empresario, mientras dure la huelga. Sin embargo, el gobierno prohibe al empresario reemplazar a los huelguistas por nuevos trabajadores, de esta manera la empresa sufre pérdidas económicas y cede ante la presión. Así, a través de una doble coacción -sindical y gubernamental- los empleados obtienen una retribución superior al valor descontado de su productividad marginal. Es decir, cobran más de lo que cobrarían en ausencia de violencia. Algo parecido sucede con la prohibición de UBER en España: decenas de miles de personas podrían trabajar como taxistas amateur ganando pequeñas cantidades de dinero pero la presión de los taxistas "autorizados" sobre el gobierno lo impide. Es incorrecto afirmar, por tanto, que el "mercado laboral" sea rígido, todo lo contrario, la institución Mercado siempre es flexible y dinámica; la rigidez sólo es achacable a la "legislación laboral".

Ahora imaginemos que fuera el empresario -como en la novela La Rebelión de Atlas- el que se pusiera en huelga. Supongan que el patrón cree que su plantilla no rinde lo suficiente y decide cerrar la empresa una semana para que los trabajadores "reflexionen" al respecto. Si la ley fuera igual para ambas partes, los empleados no trabajarían ni cobrarían durante esa semana pero además tampoco serían autorizados a trabajar en ninguna otra empresa, debiendo reincorporarse todos a su trabajo al finalizar la huelga. Nadie podría abandonar la empresa, es decir, nadie podría "despedir" a su patrón. Esto resultaría injusto puesto que si una parte (empresario) incumple el contrato, la otra parte (empleado) debería quedar libre de toda obligación. Con otro sencillo ejemplo tal vez podamos verlo mejor: en una pareja de novios, si una parte decide interrumpir la relación amorosa durante un tiempo, no puede legítimamente impedir que la otra parte inicie otra relación con una tercera persona. Esto es de perogrullo.

Si en lugar de la basura legislativa que vomitan los parlamentos democráticos en forma de mandatos caprichosos tuviésemos una Ley universal, estable, evolutiva, no creada, descubierta, justa y digna de ser respetada; el empresario que sufre una huelga tendría el derecho a reemplazar, temporal o permanentemente, a los huelguistas. La libertad de interrumpir toda relación laboral debe ser irrestricta por ambas partes. Solo la coacción gubernamental, basada en la falaz teoría marxista de la explotación, puede inclinar la balanza en favor de los sindicatos mediante el establecimiento de una legislación laboral arbitraria y antijurídica.

Laura Mascaró Rotger - Educar en libertad.

El arte de mentir

Es una idea ampliamente aceptada que en las sociedades democráticas todo político debe mentir para realizar adecuadamente su función. Esta realidad debería ponernos en alerta. El político demócrata, salvo honrosa excepción, es un auténtico maestro del uso engañoso del lenguaje. Desde sus inicios como jóvenes militantes en los partidos políticos, a la vez que pegan carteles en los muros, los que harán de la política su forma de vida, van aprendiendo con interés y dedicación todas las técnicas lingüísticas más útiles de esa bruta profesión: hablar sin decir nada, eludir preguntas molestas o comprometedoras, decir una cosa y la contraria en el mismo discurso, atacar ad hominem al rival político, elogiar siempre al entrevistador, tener siempre un "as debajo de la manga", manejar cifras previamente manipuladas, buscar siempre la emotividad, abusar de las metáforas, tener firmeza en la voz y siempre mirar a los ojos cuando la mentira y el engaño sean más evidentes. El presidente Zapatero era un auténtico maestro del arte de mentir y algunos piensan que su gran capacidad de engañar a los demás consistía en engañarse previamente a sí mismo. En un sistema democrático solamente aquellos hombres más hábiles en el manejo fraudulento del lenguaje serán los que de forma natural ganen elecciones. 

En el Antiguo Régimen, tener un rey justo o un déspota era una cuestión de azar, pero tal y como afirma Hans-Hermann Hoppe, la democracia asegura virtualmente que sólo los peores hombres, los más falsos y ruines, alcanzarán el poder. El político demócrata es una especie de Maquiavelo moderno capaz de teatralizar cualquier situación a su favor capitalizando los éxitos y disfrazando los fracasos. Todo ello con altas dosis de convicción. Experto en el arte sofista, su modus operandi no consiste en decir la verdad de las cosas sino en disfrazarla para que resulte los más agradable posible al oído del votante. Sus objetivos sólo son dos: alcanzar el poder y mantenerse en él todo el tiempo posible viviendo, cuál parásito, de expropiar el dinero a los ciudadanos.

Nelson: ¿héroe o pirata?

Entre el 22 y el 25 de julio de 1797 el almirante de la Real Marina Británica, Lord Horacio Nelson, atacó la ciudad de Santa Cruz de Tenerife con la intención de someter esta isla canaria al mandato de la Corona Británica. Las fuerzas invasoras contaban con 4 navíos, 4 fragatas y 900 hombres para realizar el desembarco. La defensa, al mando del general Antonio Gutiérrez de Otero, estaba compuesta principalmente por milicias populares, unos 1.700 efectivos, pues la plaza contaba con pocos militares. Las pérdidas humanas fueron, por parte británica, 349 bajas: 44 muertos en combate, 177 ahogados, 5 desaparecidos y 123 heridos; entre ellos el propio Nelson que perdió el brazo derecho durante el ataque. Las bajas canarias se redujeron a 72: 32 muertos y 40 heridos. No es mi intención hacer un relato histórico de la gesta sino reflexionar sobre el culto que tradicionalmente se les ha dispensado a los invasores y conquistadores. No creo que el hecho de agredir, matar, destruir o amenazar usando la violencia, sea en nombre propio -como los piratas- o en nombre de una nación -como los militares- pueda ser considerado digno de elogio. Solamente la defensa privada o pública de la vida y la propiedad puede ser tenida por un acto legítimo y noble. La admiración por la gestas militares ha sido tan alta en la historia, que la propia ciudad de Santa Cruz de Tenerife, olvidando el oprobio del inglés atacante y deshonrando la memoria de sus defensores muertos y heridos, posee una calle dedicada al insigne pirata. 

El único homenaje a las víctimas del ataque de 1797 lo constituye una estatua de bronce "El grito" o "La mujer embarazada", alegoría a la desesperación y el dolor de una madre que pierde a su hijo. Y también, la modesta calle dedicada al héroe de la defensa, general Gutiérrez. 

Que la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, después de haber borrado los nombres de muchos militares españoles que participaron en la guerra civil (1936-1939), mantenga la calle dedicada a Horacio Nelson, un pirata al servicio de la corona británica, es una ofensa a la memoria de los canarios que defendieron la ciudad, a sus descendientes y a los actuales ciudadanos de Santa Cruz. Nunca sabremos si los muertos, heridos y familiares de los caídos en la contienda hubieran perdonado tan infame e injustificada agresión pero, aunque así fuera, no parece apropiado que los gobernantes de un pueblo digno y honrado, como el santacrucero, honren la memoria del jefe de una banda de criminales. Por ello, propongo que el nombre de la referida calle Horacio Nelson, situada en el barrio de Salamanca de la capital tinerfeña, sea sustituido por el de "Defensores del 25 de Julio" o "Héroes del 25 de Julio".

El fraude del Estado social

¿Saben ustedes que en España hay miles de empresas públicas? ¿y que sólo en Canarias hay centenares? Los enchufes están a la orden del día. ¡Que vivan las sociedades públicas y los gerentes bien remunerados! Pablo Nieto, abogado no ejerciente, marido de Ana Oramas (Coalición Canaria), es casualmente el gerente de VISOCAN y gana al año 69.046 €.

¿Cómo funciona el fraude del Estado social? Muy sencillo, por ejemplo, el Gobierno autonómico crea la empresa pública Viviendas sociales e infraestructuras de Canarias (VISOCAN) para promover la construcción de viviendas de protección oficial a precios "asequibles", con el fin de facilitar el acceso a una vivienda digna a la ciudadanía canaria con menos recursos económicos. 

Cada vez que un político quiere robar y a la vez tener buena reputación usa el adjetivo "social". El lema funciona muy bien porque la caridad y el altruismo son muy populares, especialmente si uno es el beneficiario de la ayuda. En el caso de las viviendas de protección oficial, el Estado (a nivel central, autonómico o local) necesita expropiar a los contribuyentes que parecen no darse cuenta que, al tiempo de pagar con gran sacrificio su propia hipoteca, están pagando la hipoteca de otros y los estupendos salarios de una burocracia: la propia empresa pública. Imagínese que un policía llega a su casa, pistola en mano, y le reclama 50€ para una vivienda social, ¿le parecería bien? pues eso mismo hace el Estado de una forma más sutil cuando le sablea a impuestos. Recuerde, por cada ayuda social o subvención que prometa un político, habrá que rascarse el bolsillo: usted será expropiado en la parte proporcional. Y cuantas más ayudas prometa, mayor será la expropiación.

A medida que la empresa pública crece como un tumor, el Gobierno hace autobombo de sus propios logros insertando noticias en su red de propaganda. Esto dice la página web de VISOCAN: "Desde su constitución en el año 1977, ha promovido la construcción de más de 25.000 viviendas. Actualmente, gestiona un parque de casi 5.000 viviendas en alquiler y ha adquirido suelo para construir en el futuro más de 3.000 viviendas de protección oficial. Esto será debidamente amplificado por otras empresas públicas como las TV y emisoras de radio. Finalmente el Estado seguirá gastando nuestro dinero en los medios privados como periódicos locales, etc. De esta manera, el político demócrata consigue tres objetivos: a) legitimar su noble función ante la sociedad; b) justificar la existencia de medios audiovisuales de titularidad pública y c) comprar la adhesión de los medios de comunicación privados a golpe de talonario. Todo ello con nuestro dinero y sin rubor alguno.

Como apreciamos, el Gobierno de turno, bajo la careta de lo "social", ha montado una promotora e inmobiliaria donde tiene vía libre para lograr dos objetivos: a) mantenerse en el poder con los votos de los beneficiarios de las viviendas (y sus familias), de los propios empleados de la empresa pública (y sus familias), de sus proveedores; y finalmente de la población que, ajena al fraude, percibe al Gobierno como un ser benefactor; b) la desviación de dinero desde la empresa pública al partido político en el poder. Un tandem perfecto: poder político y económico. El fraude es monumental porque no sólo es legal sino que incluso parece legítimo. El animal de sacrificio de este crimen es el ciudadano anónimo sujeto a expropiación fiscal. 

El Estado social y democrático de derecho es un fiasco para el pueblo porque: a) lo social legaliza la redistribución de la riqueza: robar a unos para dárselo a otros. El propio concepto de justicia social es una contradicción semántica, excepto si admitimos como justo el robo, cosa que afirman el expropiador,  los marxistas y el beneficiario del botín. b) lo democrático -como advierte Hans Hermann Hoppe- no es la panacea porque induce una elevada preferencia temporal (cortoplacismo) en el gobernante, que tiende a exprimir la riqueza de la nación sin reparar en las consecuencias futuras. Endeuda sin pudor al ciudadano, a sus hijos y nietos, sin su consentimiento, con tal de obtener el beneficio rápido de la reelección. c) por último, el derecho queda pervertido al ser sustituido por la legislación: una infecta maraña de ingeniería legal destinada a mantener y expandir los privilegios, el crimen y el abuso. 

Ninguna empresa pública se justifica porque todo lo que hacen puede ser realizado más eficientemente por la sociedad civil. Al Estado sólo le pedimos seguridad y justicia, nada más. Del resto ya nos ocuparemos nosotros a través del sistema económico de libre mercado, el único justo porque no beneficia al pobre por ser pobre ni protege al rico por ser rico. Justo, porque no se basa en el expolio sino en el esfuerzo individual, la mutua cooperación y el respeto de la propiedad privada.

Actualmente hay en España 2.550 empresas públicas, una gran bola de mierda, ineficiencia, competencia desleal a las empresas privadas y corrupción política que no ha parado de crecer desde 1998 y que ahora se resiste a morir porque los políticos no quieren hacerse el harakiri.  Es ingenuo esperar que desmonten sus propios chiringuitos de corrupción edificados durante 34 años y por eso siguen aumentando los impuestos. Rajoy, el mejor presidente socialdemócrata del PP, ha subido 27 impuestos en su primer año de gobierno y eso que prometió todo lo contrario. Este entramado mafioso solo sirve para tener poder político y dinero; y sólo beneficia a los políticos y sus clientes.

Toda la ruina moral y económica que soportamos con la mayor indignación tiene su origen en una Constitución fallida -cuyo reciente aniversario no es motivo de festejo- que legalizó el robo en su art. 1 al constituir España como un Estado social: una cleptocracia basada en el engaño, la pillería y el expolio. Un sistema que avergonzaría a una persona moral e inteligente y que subsiste gracias a la aceptación o anuencia de una masa inculta, emotiva y fácilmente manipulable. 

Los políticos nos engatusan con subvenciones, camelos y ayudas varias. Cada subsidio es un fraude donde quitan el dinero a unos para regalárselo a otros. El Estado es improductivo y no puede dar nada a nadie sin previamente quitárselo a otro ciudadano. Los políticos regalan prodigalmente lo que no les pertenece -nuestro dinero- en una orgía tramposa. Por ejemplo, las personas mayores que viajan con el IMSERSO deben ser subsidiadas por aquellas que no viajan y encima debemos alimentar a cientos de funcionarios que hacen competencia desleal a las agencias de viajes.

Todo gobierno, por déspota y corrupto que sea, necesita estar legitimado por el pueblo. Los políticos se apoyan en el Estado social y democrático para perpetrar todos los desmanes posibles y seguir esquilmando sin límite al ciudadano. La única manera de revertir la situación es deslegitimar su base moral y su verborrea: NO existe el llamado contrato social; NO nos representan; NO nos hemos dado este sistema; NO queremos falsos benefactores, ni ayudas con dinero robado, ni privilegios; en definitiva, ¡dejadnos tranquilos!.