viernes, 7 de diciembre de 2018

El salario mínimo es cero euros

Artículo publicado originalmente por el Instituto Juan de Mariana, el 05/12/2018.

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La futura subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) afectará de modo negativo a la economía en España y, en particular, a los trabajadores con salarios más bajos. En general, cualquier interferencia coactiva del libre mercado, en cualquier ámbito, resultará en un perjuicio neto para la sociedad. Por tanto, cuanto mayor sea el SMI tanto mayor será el daño ocasionado. En 2019, el SMI pasará de 736 euros a 900 euros, un incremento de 22,3%. Veamos las consecuencias de esta nueva «conquista social».

En España, despedir trabajadores es muy costoso así que, con mucha probabilidad, los empresarios afectados asumirán el incremento del coste laboral a expensas de sus beneficios. No puede ser de otro modo: no es posible repercutir el aumento del SMI (ni ningún otro coste) en el precio final del bien producido. El precio no se fija (como habitualmente se cree) desde la producción hacia el consumo, sino al revés. Si fuera posible repercutir directamente un incremento de costes, deberíamos dejarnos de minucias y situar el SMI en 3.000 euros. Sin embargo, la riqueza no puede obtenerse por decreto-ley.

La reducción del beneficio empresarial no afectará por igual a todos los sectores económicos, ya que la estructura salarial no es homogénea. Afectará poco a la industria, donde los salarios son altos, y mucho a la hostelería, donde son bajos. En cuanto al tamaño de la empresa, y por idéntico motivo, afectará más a las pymes y autónomos y menos a las grandes empresas. Los empresarios se «comerán» la subida del SMI, pero las nuevas contrataciones sufrirán un frenazo, especialmente en los sectores señalados.

¿Por qué perjudica el SMI a los que menos cobran? Según Mises,¹ «el salario es siempre igual a la productividad marginal del trabajo»; en otras palabras: un trabajador cobra lo que el empresario «estima» que produce (su contribución a la producción). Por tanto, si este último es forzado a pagar más de lo que él subjetivamente considera, el contrato laboral no se producirá. El Gobierno puede «explotar» al empresario, pero sólo -según Hutt- si éste comete un error de previsión.²

Los trabajadores -camareros, limpiadoras, botones, repartidores, mozos de almacén- cuyos salarios están justo por encima del SMI (736 euros) se llaman «marginales» (están en el margen). Cuando el Gobierno eleva el SMI a 900 euros, el trabajador que antes ganaba 800 euros se convierte automáticamente en «submarginal» ya que produce 100 euros menos de lo que le cuesta al empresario.

La subida del SMI afecta en mayor medida a la hostelería, que se caracteriza por pagar salarios bajos. Otros perjudicados son las pymes y autónomos (con empleados). Por tanto, la subida del SMI perjudica notoriamente a España, cuyo PIB depende mucho del turismo y de las microempresas. En definitiva, la importante (22,3%) subida del SMI perjudicará, particularmente, a quienes la medida pretende favorecer y a la sociedad en su conjunto. Este efecto del intervencionismo es de sobra conocido por la Ciencia económica.

La subida del SMI también producirá una modificación de la estructura de capital. Se producirá un trasvase de las inversiones desde los sectores más perjudicados hacia los sectores menos afectados; por ejemplo, algunos hoteles se reconvertirán en apartahoteles, donde se requiere menos personal; o también, habrá menos bares y más máquinas expendedoras. Cuanto mayor sea el SMI, mayor será el incentivo a sustituir trabajadores submarginales por máquinas; por ejemplo, McDonald´s ha sustituido a miles de empleados de barra por pantallas táctiles.

La finalidad del Gobierno al incrementar el SMI es transferir renta del empresario al empleado, y de paso se abona el terreno electoral pues la medida goza de gran simpatía y popularidad. La mayoría de votantes carece de cultura económica, desconoce los efectos diferidos de la medida y por eso colabora, sin saberlo, a su propia ruina.

Cualquiera de las mal llamadas «conquistas sociales» -vacaciones pagadas, días libres, cotizaciones, salario mínimo, permiso por maternidad- serán costeadas, en última instancia, por los trabajadores: «Es el asalariado quien en definitiva soporta, mediante la reducción de su salario neto, todas las cargas y beneficios sociales».³

Por último, es de prever otras reacciones del mercado no previstas por el «justiciero social». Algunos empresarios intentarán un «ajuste de cuentas» con los empleados submarginales (producen menos de lo que cobran); por ejemplo, les aumentará la carga de trabajo, haciéndolos trabajar más intensamente o «echando más horas» (un 22,3% más).

Esto ya viene ocurriendo hoy con las camareras de habitación de los hoteles, cuyos salarios (por convenio) están inflados por encima de su precio de mercado. Los empresarios son forzados (por el Gobierno) a pagar más de lo debido y los empleados son forzados (por los empresarios) a trabajar más de lo debido. Frente a grandes males, grandes remedios. La coacción del Gobierno, como vemos, desencadena una lucha entre unos y otros por no ser «explotados».

Los empleados aceptan resignados lo que llaman «explotación» por miedo al despido. Esto, lejos de ser una mala noticia, permite a los empleados submarginales conservar su empleo. Si la inspección de trabajo y los sindicatos hicieran bien su «trabajo», aquellos dejarían de ser «explotados» para ser «despedidos». El salario mínimo es cero euros.

¹ La acción humana, p. 739.
² La amenaza de huelga, p. 3.
³ La acción humana, p. 712.

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