Contra las bonificaciones al transporte en Canarias

En las recientes negociaciones entre PP y Nueva Canarias (NC) para aprobar los presupuestos generales del Estado, esta última ha conseguido del primero un aumento del descuento por residente canario para los viajes en barco y avión entre islas (de 50% a 75%), lo que supondrá a los viajeros pagar la mitad de lo que ahora pagan. Hoy trataré de desenmascarar lo que, a primera vista, parece una gran noticia para los canarios pero que, en realidad, es un gran error económico y ético.

El diputado Pedro Quevedo (NC), la víctima del «maltrato a Canarias», no ha tardado en apuntarse el tanto presentando el logro al más puro estilo socialista: disfrazando de derecho lo que es un privilegio en toda regla. Según parece, el resto de españoles tiene la obligación de pagar a los residentes canarios el 50% del precio de sus viajes a la península y el 75% entre islas. En otra ocasión he denunciado que los derechos positivos son falsos.

Todo comenzó en 1998 cuando Coalición Canaria, que tenía cuatro escaños en el Congreso, consiguió que el Gobierno de José Mª Aznar declarase el transporte entre islas como servicio de «utilidad pública». Gran obviedad pues todo servicio, por definición, siempre es de utilidad «al público». ¿Qué pretendían los nacionalistas? lo mismo que todo político: más poder. Con la ley de «Obligaciones de Servicio Público (OSP)» los políticos canarios intervienen el sector del transporte fijando arbitrariamente tarifas, rutas, plazas ofertadas, etc. a los empresarios. Ya no son los consumidores quienes orientan la producción sino políticos y burócratas. Y una vez obtenido el poder para mandar en las empresas la corrupción está servida.

En las islas (no tan) «afortunadas» es un clamor el precio de los billetes aéreos entre islas. Con frecuencia, resulta más barato un vuelo low cost a Europa (no hay descuento por residente al extranjero) que hacerlo entre islas (con 50% de descuento). Es inaudito que el precio por kilómetro recorrido sea hasta 12 veces más caro con Binter que con Ryan Air. No hay color. Pero veamos cómo se produce la subida de las tarifas. Si la demanda de un trayecto se cubre, por ejemplo, con un vuelo diario los políticos ordenan al transportista que ponga dos vuelos, lo que implica llevar los aviones medio vacíos. Binter no pierde dinero porque el precio de referencia (máximo) fijado por el Gobierno es muy alto y la compañía tiene margen de sobra para incrementar las tarifas todo lo necesario. 

Los demagogos canarios, que no escasean, presentaron la OSP como un logro de las islas menores hacia la igualdad de oportunidades. El diputado regional nacionalista, Antonio Castro Cordobez, me dijo un día en el aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife) que los palmeros tenían derecho a las mismas oportunidades para viajar que los de Tenerife y Gran Canaria. Vano fue mi intento por hacerle comprender el error de la intervención y sus consecuencias para La Palma. La ideología o su ignorancia económica le impiden ver la relación causal: intervención ---> barrera de entrada a competidores ---> monopolio ---> altos precios. Paradójicamente, como siempre sucede, los más perjudicados son aquellos a quienes la legislación pretende «defender» del mercado. No es extraño el estancamiento económico de La Palma y de otras islas menores. 

Santa Cruz de La Palma

El aumento de la bonificación de 50% a 75%, ceteris paribus, aumentará el volumen de viajeros entre islas y las compañías de transporte ganarán más dinero (por este motivo Air Europa ha anunciado su entrada como operador interinsular), todo a expensas del contribuyente peninsular que pagará mayores impuestos o consumirá menos servicios públicos. Para los viajeros extranjeros y peninsulares nada cambia (la norma no les afecta), volar entre islas seguirá siendo prohibitivo. Las islas menores seguirán aisladas del turismo y perdiendo población año tras año. Todo por no entender o reconocer un error.

Los políticos canarios han creado el problema de los precios de monopolio y ahora se presentan ante la opinión pública cual redentores. Primero te rompen las piernas y luego te bonifican 50% en la compra de tus muletas. Los males del intervencionismo son aún más visibles en materia de empleo. Primero, el gobierno incrementa artificialmente el precio del trabajo con la excusa de alguna «conquista» laboral y/o desincentiva la contratación mortificando a los empresarios; después, cuando el paro alcanza tasas astronómicas se pone nervioso y comienza la diarrea legislativa: bonificaciones a la contratación de menores de 30 años, o de mayores de 50 años, o de madres solteras, planes de empleo variopintos, ayudas a los parados de larga duración, o de corta duración, o a los ni-nis, ayudas a los autónomos (sólo el primer año) y así un largo etcétera de ocurrencias que no arreglan el problema de fondo. Los políticos, cual arácnidos, van tejiendo una tupida red de leyes, normas y regulaciones que sólo empeora las cosas y que sirve principalmente a dos fines: aumentar su propio poder y hacernos creer que son útiles.