La privatización de las playas

Ahora que estamos en plena temporada estival son frecuentes las noticias sobre diversas medidas que adoptan los ayuntamientos en lo referente al uso de las playas. Lo primero que debemos reseñar es que todas ellas son prohibiciones o restricciones: jugar a las palas o a la pelota, montar en bicicleta, dar masajes, hacer venta ambulante, poner la música alta, llevar perros, hacer nudismo, orinar en la arena o (incluso) dentro del mar, fumar, etc. El gobierno actúa básicamente de dos formas: multando y confiscando. La multa es un castigo económico por haber hecho algo «malo» mientras que el impuesto lo es por lo contrario. Hagamos lo que hagamos estamos jodidos. Hoy hablaremos de cómo serían las cosas si las playas fueran privatizadas.

Una de las señas que diferencia al sector privado del público es que el primero fomenta el consumo mientras que el segundo pretende reducirlo. El propietario de una playa privada intenta sacar el máximo beneficio satisfaciendo los deseos de los consumidores y en lugar de prohibir procura conciliar, en la medida de lo posible, los diversos intereses en juego. Es cierto que hay clientes incompatibles pero el ánimo de lucro es un acicate en la búsqueda de soluciones. De entrada, lo más práctico parece parcelar la playa asignando diversos usos: una zona de juegos, otra de entrada y salida de embarcaciones, otra para perros, otra para fumadores, otra para nudistas, etc. Muchas playas tienen la amplitud suficiente para que todos puedan sentirse a gusto. El empresario no prohibe jugar a las palas sino que las alquila, no prohibe dar masajes sino que los proporciona y así con todo aquello que los consumidores desean. Su mayor beneficio procede de dar cumplida satisfacción a su clientela. Esta es la verdadera función social del mercado o la «mano invisible» de Adam Smith.

Pero cuál es el motivo de que las playas sean públicas y no privadas. Los economistas de cátedra (Samuelson y otros) han elaborado una teoría que lo justifica. Afirman que existen «bienes públicos» que deben proveerse exclusivamente por el Estado porque su consumo está sujeto a dos características: no-rivalidad y no-excluibilidad. Ambas son falsas. La no-rivalidad significa que un consumidor adicional no merma el consumo del resto: «donde se bañan 50 pueden bañarse 51». Sin embargo, con cada bañista adicional la rivalidad aumenta. Por eso, algunos listillos madrugan e instalan 5 sombrillas en la arena para «coger sitio». Díganles que no hay rivalidad a quienes «matan» por un palmo de arena. Siempre existe rivalidad en el consumo de bienes económicos precisamente porque son escasos y es una arbitrariedad catalogarlos como privados o públicos.

Plata de Las Gaviotas, Tenerife

La segunda razón, la no-excluibilidad, todavía se entiende menos. Por lo visto, no hay forma de excluir a los consumidores que no desean pagar por un bien público (free-riders), como si los accesos a las playas no se pudieran vallar. Otra cosa distinta es que, ideológicamente, se considere que la playa es propiedad de «todos» y nadie deba pagar por darse un baño. Pero aquí hay otro error. El mantenimiento de la playa tiene costes -limpieza, seguridad- que deben ser sufragados con impuestos. Bañarse en la playa no es gratis. Lo que sucede con las playas (y con todo lo público) es que quienes no la usan subvencionan a los que la usan. El sector público rompe la utilísima conexión entre consumo y pago, y frente a los inevitables problemas de escasez, rivalidad y clientes incompatibles, que siempre están presentes, sólo sabe prohibir y multar. Alguien podría decir que al privatizar una playa sólo los ricos podrían bañarse en el mar, pero siendo el litoral tan extenso, la iniciativa privada pondría en el mercado numerosos kilómetros de costa que hoy son inaccesibles. La competencia hace que existan precios asequibles a todos los bolsillos tal y como sucede actualmente con el turismo de camping. 

Contra las bonificaciones al transporte en Canarias

En las recientes negociaciones entre PP y Nueva Canarias (NC) para aprobar los presupuestos generales del Estado, esta última ha conseguido del primero un aumento del descuento por residente canario para los viajes en barco y avión entre islas (de 50% a 75%), lo que supondrá a los viajeros pagar la mitad de lo que ahora pagan. Hoy trataré de desenmascarar lo que, a primera vista, parece una gran noticia para los canarios pero que, en realidad, es un gran error económico y ético.

El diputado Pedro Quevedo (NC), la víctima del «maltrato a Canarias», no ha tardado en apuntarse el tanto presentando el logro al más puro estilo socialista: disfrazando de derecho lo que es un privilegio en toda regla. Según parece, el resto de españoles tiene la obligación de pagar a los residentes canarios el 50% del precio de sus viajes a la península y el 75% entre islas. En otra ocasión he denunciado que los derechos positivos son falsos.

Todo comenzó en 1998 cuando Coalición Canaria, que tenía cuatro escaños en el Congreso, consiguió que el Gobierno de José Mª Aznar declarase el transporte entre islas como servicio de «utilidad pública». Gran obviedad pues todo servicio, por definición, siempre es de utilidad «al público». ¿Qué pretendían los nacionalistas? lo mismo que todo político: más poder. Con la ley de «Obligaciones de Servicio Público (OSP)» los políticos canarios intervienen el sector del transporte fijando arbitrariamente tarifas, rutas, plazas ofertadas, etc. a los empresarios. Ya no son los consumidores quienes orientan la producción sino políticos y burócratas. Y una vez obtenido el poder para mandar en las empresas la corrupción está servida.

En las islas (no tan) «afortunadas» es un clamor el precio de los billetes aéreos entre islas. Con frecuencia, resulta más barato un vuelo low cost a Europa (no hay descuento por residente al extranjero) que hacerlo entre islas (con 50% de descuento). Es inaudito que el precio por kilómetro recorrido sea hasta 12 veces más caro con Binter que con Ryan Air. No hay color. Pero veamos cómo se produce la subida de las tarifas. Si la demanda de un trayecto se cubre, por ejemplo, con un vuelo diario los políticos ordenan al transportista que ponga dos vuelos, lo que implica llevar los aviones medio vacíos. Binter no pierde dinero porque el precio de referencia (máximo) fijado por el Gobierno es muy alto y la compañía tiene margen de sobra para incrementar las tarifas todo lo necesario. 

Los demagogos canarios, que no escasean, presentaron la OSP como un logro de las islas menores hacia la igualdad de oportunidades. El diputado regional nacionalista, Antonio Castro Cordobez, me dijo un día en el aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife) que los palmeros tenían derecho a las mismas oportunidades para viajar que los de Tenerife y Gran Canaria. Vano fue mi intento por hacerle comprender el error de la intervención y sus consecuencias para La Palma. La ideología o su ignorancia económica le impiden ver la relación causal: intervención ---> barrera de entrada a competidores ---> monopolio ---> altos precios. Paradójicamente, como siempre sucede, los más perjudicados son aquellos a quienes la legislación pretende «defender» del mercado. No es extraño el estancamiento económico de La Palma y de otras islas menores. 

Santa Cruz de La Palma

El aumento de la bonificación de 50% a 75%, ceteris paribus, aumentará el volumen de viajeros entre islas y las compañías de transporte ganarán más dinero (por este motivo Air Europa ha anunciado su entrada como operador interinsular), todo a expensas del contribuyente peninsular que pagará mayores impuestos o consumirá menos servicios públicos. Para los viajeros extranjeros y peninsulares nada cambia (la norma no les afecta), volar entre islas seguirá siendo prohibitivo. Las islas menores seguirán aisladas del turismo y perdiendo población año tras año. Todo por no entender o reconocer un error.

Los políticos canarios han creado el problema de los precios de monopolio y ahora se presentan ante la opinión pública cual redentores. Primero te rompen las piernas y luego te bonifican 50% en la compra de tus muletas. Los males del intervencionismo son aún más visibles en materia de empleo. Primero, el gobierno incrementa artificialmente el precio del trabajo con la excusa de alguna «conquista» laboral y/o desincentiva la contratación mortificando a los empresarios; después, cuando el paro alcanza tasas astronómicas se pone nervioso y comienza la diarrea legislativa: bonificaciones a la contratación de menores de 30 años, o de mayores de 50 años, o de madres solteras, planes de empleo variopintos, ayudas a los parados de larga duración, o de corta duración, o a los ni-nis, ayudas a los autónomos (sólo el primer año) y así un largo etcétera de ocurrencias que no arreglan el problema de fondo. Los políticos, cual arácnidos, van tejiendo una tupida red de leyes, normas y regulaciones que sólo empeora las cosas y que sirve principalmente a dos fines: aumentar su propio poder y hacernos creer que son útiles.

El dinero no es «depósito» de valor

Carl Menger

En la mayoría de tratados de economía (Samuelson y Nordhaus, Mankiw, etc.) se afirma que el dinero tiene tres funciones: a) Medio de intercambio; b) Unidad de cuenta; y c) Depósito de valor. Hoy, siguiendo la crítica semántica del post anterior, pretendo justificar que la expresión «depósito de valor» (o «reserva de valor», también empleada) es incorrecta por una sencilla razón: el «valor» es un concepto y, como tal, no se puede depositar, ni almacenar, ni reservar, ni ahorrar. Solamente los bienes tangibles pueden acumularse y depositarse con la finalidad de ser consumidos en el futuro.

Empecemos definiendo el concepto de «valor». Para Carl Menger (Principios de Economía Política, 1871), «valor es la significación que unos concretos bienes o cantidades parciales de bienes adquieren para nosotros, cuando somos conscientes de que dependemos de ellos para la satisfacción de nuestras necesidades». La valoración es un acto psicológico, personal, subjetivo y cambiante. Atribuir valor a algo es una actividad cognitiva del sujeto y no reside en las cualidades físicas del bien valorado. Por ejemplo, el oro tiene unas cualidades físico-químicas objetivas: masa atómica, densidad, color, etc. pero el valor que se le atribuye procede del exterior, en particular, de la apreciación subjetiva de cada individuo. Por ello, también es un error atribuir «valor intrínseco» a las cosas. El valor siempre es «extrínseco». Alguien podría afirmar que un producto esencial, como el pan, tiene valor intrínseco; sin embargo, para quien es alérgico al trigo o está a «dieta de pan» ese producto no tiene valor alguno.  

El problema, creo yo, proviene de confundir precio y valor. Cuando decimos: «la vivienda A está valorada (o tasada) en 100.000€» solemos pensar que A «vale objetivamente» 100.000€. Esto es falso, el valor siempre es subjetivo. Las empresas de tasación pretenden vanamente objetivar el «valor» de las cosas y para ello buscan su «precio de mercado». Pero el precio no mide el valor de un bien, tan solo nos indica la existencia de una escala de valores. Para el vendedor de A, el precio significa: «valoro más tus 100.000€ que mi casa», por su parte, para el comprador quiere decir: «valoro más tu casa que mis 100.000€». Tampoco es cierta una frase que reza: «precio es lo que se paga y valor lo que se recibe». Lo único que se entrega o recibe son bienes concretos, a saber, 100.000€ y la vivienda A. El precio, dice Mises, es una «cierta cantidad de dinero» y el valor ya hemos visto que es un concepto que no se puede entregar ni recibir. La tasación es un acto arbitrario porque el tasador intenta sumar y restar cualidades heterogéneas (ubicación, antigüedad, estado de conservación, etc.) de un bien y no se percata que toda aritmética del valor es imposible. El valor es inconmensurable, no se puede medir y la función del dinero como «unidad de cuenta» es sólo aproximada. Recordemos que la capacidad adquisitiva del dinero (su precio) es fluctuante. El valor de un bien, ex-ante, sólo reside en las insondables profundidades de la mente humana y, ex-post, queda reflejado en el acto de intercambio. 

Concluyendo, la expresión «depósito de valor» es carente de sentido y sólo afirma una evidencia: que el dinero es susceptible de ser acumulado y depositado. ¡Menudo descubrimiento! Veamos algunas analogías para entender mejor nuestra crítica. Un vehículo tiene un depósito de 50 litros de combustible, éste tiene valor para su dueño porque satisface sus necesidades de transporte. Nadie diría: «la gasolina es un depósito de transporte» porque éste último es un concepto. De igual forma, tampoco decimos que una de las funciones del trigo es servir de «depósito de alimentación». Los conceptos —valor, transporte, alimentación— no se pueden depositar. Tampoco los servicios se pueden acumular pues se producen y consumen simultáneamente. Sólo los bienes tangibles —billetes, oro, gasolina, trigo— pueden ser depositados.

Sobre la «fuga» de cerebros, capitales y depósitos

En el lenguaje periodístico es frecuente usar expresiones como «fuga de cerebros», «fuga de talentos», «fuga de empresas», «fuga de capitales», o más recientemente, «fuga de depósitos», tras la retirada masiva de fondos del Banco Popular. Hoy pretendo explicar que estas expresiones son incorrectas.

Vayamos primero al significado de «fuga». Esta palabra describe, habitualmente, que alguien o algo se escapa del sitio donde debería permanecer. Si decimos que unos presidiarios se han «fugado de la cárcel» o que unos «estudiantes se han fugado del colegio» entendemos que han violado una norma y sobre ellos recae una sanción legal y/o moral. La segunda acepción de «fuga» se refiere a la técnica, a saber, cuando líquidos o gases se escapan de un determinado circuito. Si decimos: «el radiador tiene una fuga» inferimos que el mecanismo es defectuoso pues existe una pérdida de líquido refrigerante. Por tanto, la palabra «fuga» tiene una connotación negativa y cuando la usamos inferimos que «algo va mal»: en el propio término hay implícito un juicio de valor.

Cuando decimos «fuga de cerebros» queremos significar, en cierto modo, que esas personas no «deberían» haber abandonado su país. Algunos piensan que se han aprovechado de la educación estatal y que actúan de forma egoísta al emigrar a otros países. Curiosamente, esta forma de pensar nunca se observa en sentido inverso, cuando los inmigrantes cualificados llegan a nuestro país. Nacionalistas y colectivistas siempre han creído que la emigración es una pérdida de la fuerza laboral de la nación y han supuesto que técnicos, científicos o deportistas de élite, por citar alguna de las categorías de «fugados», son propiedad de sus Estados de origen. Esta idea, llevada al paroxismo, produce Estados-cárcel como Cuba o Korea del Norte.

Sin embargo, la mayoría de emigrantes lo son a su pesar. Muchos, incluidos los «cerebros», preferirían trabajar en su país natal, pero esto no es posible porque políticos y sindicalistas se han ocupado de que así sea. En lugar de quejarnos de que miles de jóvenes graduados abandonan nuestro país preguntémonos por qué aquí no tienen oportunidades. No hay empleo porque las «conquistas sociales» han destruido la libertad de contratación, han demonizado el capitalismo y han hecho que la profesión de empresario quede reservada para héroes o kamikazes (según se mire). La legislación laboral, que es preciso suprimir en su totalidad, es un freno al empleo y por eso nuestros jóvenes abandonan este infierno laboral-fiscal llamado España. Muchos ignoran que el paro es un fenómeno institucional y que en una sociedad laissez-faire todo aquél dispuesto a trabajar lo consigue, eso sí, atendiendo debidamente las necesidades y deseos de los consumidores.

Otra falacia es la «fuga de capitales». Estos únicamente son propiedad de sus dueños y ni los gobiernos ni los parásitos que viven del «estado de bienestar» pueden impedir que la gente honrada busque la mejor rentabilidad para su dinero. Es una insolencia tachar de «antipatriotas» a quienes protegen su propiedad del abuso fiscal (valga la redundancia) de los gobiernos. Los inversores no son animales de sacrificio y hacen muy bien trasladando su capital hacia aquellos sitios donde mejor trato reciben.

Respecto de la «fuga de depósitos», los clientes de un banco mal gestionado actúan inteligentemente retirando su dinero lo antes posible. Lamentablemente, muchos no pueden hacerlo porque existe un robo institucional llamado «Banca con Reserva Fraccionaria»: los bancos se apropian (hasta 98%) de los depósitos a la vista de sus clientes y los invierten sin su consentimiento. Cuando hay una «corrida bancaria» y todos los clientes quieren recuperar su dinero el banco no tiene liquidez para cumplir sus obligaciones. En definitiva, cuando una persona se traslada o mueve su dinero de un lugar a otro no se produce «fuga» en sentido alguno y su conducta es económica y éticamente impecable.

Petróleo y energías renovables

Estas dos plataformas que aparecen en la imagen están atracadas desde hace muchos meses en el puerto de Santa Cruz de Tenerife; de vez en cuando, aprovechando que el agua de la bocana está (relativamente) limpia, nado frente a esos colosos. Algunos bañistas profieren comentarios despectivos; por lo visto, esos amasijos de hierro afean el paisaje y deberían ser trasladados a otro sitio para evitar la «contaminación» visual; expresión usada por quienes, a veces, pretenden que el gobierno prohiba a los demás aquello que es desagradable a sus ojos. Al oír sus quejas, como polemista que soy, me entrometo en la conversación y espeto a bocajarro: «pues a mí me parecen muy bonitas». Los nadadores quedan estupefactos, no entienden mi especial afecto por estos barcos-plataforma. Recordando al economista francés Bastiat: «ellos no ven lo que yo veo». No se dan cuenta que cuando usan el coche, cocinan o abren el grifo del agua caliente es porque alguien, montado a hombros de esos ingenios, pudo extraer un día el «oro negro» que nos permite tener todo tipo de comodidades. Estamos tan acostumbrados a disponer de la energía que no reparamos cómo ha sido posible el «milagro» que supone nuestra civilización. Cuando observo esos gigantes de metal veo en ellos, como decía Ayn Rand, todos lo nobles logros del ser humano: trabajo, ahorro, inversión, creatividad, esfuerzo, riesgo, tenacidad, capitalismo, empresarialidad, etc. Otros, sólo ven un trasto flotante que perturba su placentero baño.

Es frecuente admirar la naturaleza e idealizarla en contraposición con los objetos artificiales, que se consideran feos e incluso nocivos; eso sí, nadie renuncia a sus innegables servicios. Los turistas que acuden a un destino tropical no prescinden del aire acondicionado, minibar y wifi que les ofrece el hotel. Hay una evidente contradicción entre la condena de la industria petrolera y nuestra conducta como consumidores. La naturaleza, por sí misma y sin intervención alguna, es bastante hostil al hombre y no proporciona prácticamente nada. Quienes desprecian los combustibles fósiles (uranio, petróleo, gas) alegando que tenemos «sol y viento de sobra» parecen ignorar que las energías renovables o «limpias» también requieren grandes dosis de materiales, tecnología y trabajo. Según el profesor de la Universidad Pública de Navarra, Pedro Diéguez: «para reemplazar una central nuclear de un sólo reactor, como la de Garoña (con una potencia instalada de 460 Mw), son necesarios 2.700 aerogeneradores eólicos como los de El Perdón (con una potencia total de 1.350 Mw). Se necesita el triple de potencia instalada debido a que los molinos, al depender del viento, trabajan una tercera parte que las centrales». Muchos parecen no reparar en que para mantener nuestro nivel de vida (consumo de energía) un gran «mamotreto» industrial debe ser reemplazado por miles de «mamotretillos» que son tan industriales como el primero. Cuando decimos que una energía es «inagotable» nos referimos exclusivamente a su origen natural: sol, viento, mareas, geotermia, etc.; pero las placas solares, los molinos de viento y las redes de distribución no son inagotables, deben construirse, mantenerse y reponerse como cualquier otro bien de capital.

La sustitución, vía coacción fiscal, de las energías fósiles por las renovables está sesgada por la ideología y el populismo de los gobiernos, que utilizan a su favor los estados de opinión al margen de la verdad. Un buen ejemplo de lo anterior lo constituye el timo, vendido hábilmente por los políticos canarios, de que la isla del Hierro es 100% sostenible, que se abastece exclusivamente de energía eólica e hidráulica. Esto es falso. En este preciso momento (26/05/2017, a las 11:10) el 67,2 % de la energía generada (zona gris del «queso») en el Hierro es diesel y el 32,8 % (zona azul), hidráulica. Este mix puede consultarse en tiempo real en la página web de Red Eléctrica.

Según el B.O.E. , el «proyecto denominado Central Hidroeólica de El Hierro está promovido por Gorona del Viento. El Hierro, S.A., participada por el Cabildo Insular (60%), Endesa (30%) y el Instituto Tecnológico de Canarias (10%). Para esta inversión se han contemplado ayudas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado por un importe de hasta 35 millones de euros». Este proyecto no sólo es un bluff político (valga la redundancia), además cuesta dinero al contribuyente. Muchos consumidores ya son conscientes de que 50% del precio del recibo de la luz tiene un origen político: moratoria nuclear, primas a las renovables (Incluida Gorona del Viento) y transferencias a Canarias, Ceuta y Melilla. 

La ética del capitalismo

La crisis y la reducción del salario

Escucho con frecuencia que después de la crisis económica muchos empleados trabajan igual por menos dinero o trabajan más para cobrar lo mismo o incluso que trabajan más por menos. Siendo esto verdad, la mayoría cree que la diferencia entre el salario ex-ante y ex-post se lo lleva crudo el «malvado» empresario. Esta conclusión, cuya falsedad pretendo hoy demostrar, se basa en una falacia atribuida a Michel de Montaigne (1533-1592); este filósofo francés opinaba que la riqueza de unos se obtiene a expensas de otros, es decir, cuando alguien se empobrece es porque otro se enriquece a su costa. Es un error creer que la economía es un juego de suma cero, que existe una cantidad de riqueza fija en el mundo y que esa «tarta» hay que repartirla entre los hombres. Para algunos filósofos, como John Rawls, y en general, para las doctrinas colectivistas, el problema social reside en repartir esa «tarta» de la manera más justa posible. Hemos llegado al concepto espurio de «justicia social». Sin embargo, quitarle lo suyo a uno para dárselo a otro, usando la violencia legislativa, nunca puede ser justo. 

Pero intentemos comprender por qué los salarios (nominales y reales) han caído tras la crisis. Miles de empresas han quebrado y las que han sobrevivido han soportado pérdidas o, en el mejor de los casos, han visto mermar sus beneficios. La crisis la sufren todos: empresas y empleados. Creo que esto es obvio y no precisa mayor aclaración. La crisis, según el profesor Huerta de Soto, es algo parecido a la resaca que padecemos tras una borrachera. Durante los años del boom económico se han producido «burbujas» (monetaria, crediticia, de obra pública y de vivienda), es decir, se han cometido excesos económicos cuyo principal responsable es el Banco Central. Muchas inversiones resultaron fallidas, muchos proyectos quedaron a mitad, muchas familias se hipotecaron de forma temeraria, etc. El resultado de estos errores es la destrucción de capital. La «tarta» de la riqueza se ha reducido y ahora todos somos algo más pobres. Algo parecido, sólo que a mayor escala, sucede tras una guerra: mucho capital -puentes, fábricas, viviendas- ha sido destruido. Tras la contienda, los salarios son de miseria porque estos dependen, en última instancia, de la tasa de capitalización existente en la sociedad (Benegas Lynch). La crisis es como una guerra en miniatura, no hay bombas, pero sus efectos son parecidos: muchas fábricas han cerrado, algunos edificios son «esqueletos», obras inacabadas por falta de recursos, etc.

Tras una crisis el tamaño de la «tarta» es menor porque se ha destruido capital y los salarios reducidos reflejan la nueva tasa de capitalización. El salario no depende de la avaricia del empresario, ni de la presión sindical, ni de la «sensibilidad» social del gobierno, ni de fijarlo por decreto en el Boletín Oficial del Estado; ojalá fuera así de fácil. El salario sólo depende de la tasa de capitalización existente en la sociedad y tras la crisis aquella es menor.