La ética del capitalismo

La crisis y la reducción del salario

Escucho con frecuencia que después de la crisis económica muchos empleados trabajan igual por menos dinero o trabajan más para cobrar lo mismo o incluso que trabajan más por menos. Siendo esto verdad, la mayoría cree que la diferencia entre el salario ex-ante y ex-post se lo lleva crudo el «malvado» empresario. Esta conclusión, cuya falsedad pretendo hoy demostrar, se basa en una falacia atribuida a Michel de Montaigne (1533-1592); este filósofo francés opinaba que la riqueza de unos se obtiene a expensas de otros, es decir, cuando alguien se empobrece es porque otro se enriquece a su costa. Es un error creer que la economía es un juego de suma cero, que existe una cantidad de riqueza fija en el mundo y que esa «tarta» hay que repartirla entre los hombres. Para algunos filósofos, como John Rawls, y en general, para las doctrinas colectivistas, el problema social reside en repartir esa «tarta» de la manera más justa posible. Hemos llegado al concepto espurio de «justicia social». Sin embargo, quitarle lo suyo a uno para dárselo a otro, usando la violencia legislativa, nunca puede ser justo. 

Pero intentemos comprender por qué los salarios (nominales y reales) han caído tras la crisis. Miles de empresas han quebrado y las que han sobrevivido han soportado pérdidas o, en el mejor de los casos, han visto mermar sus beneficios. La crisis la sufren todos: empresas y empleados. Creo que esto es obvio y no precisa mayor aclaración. La crisis, según el profesor Huerta de Soto, es algo parecido a la resaca que padecemos tras una borrachera. Durante los años del boom económico se han producido «burbujas» (monetaria, crediticia, de obra pública y de vivienda), es decir, se han cometido excesos económicos cuyo principal responsable es el Banco Central. Muchas inversiones resultaron fallidas, muchos proyectos quedaron a mitad, muchas familias se hipotecaron de forma temeraria, etc. El resultado de estos errores es la destrucción de capital. La «tarta» de la riqueza se ha reducido y ahora todos somos algo más pobres. Algo parecido, sólo que a mayor escala, sucede tras una guerra: mucho capital -puentes, fábricas, viviendas- ha sido destruido. Tras la contienda, los salarios son de miseria porque estos dependen, en última instancia, de la tasa de capitalización existente en la sociedad (Benegas Lynch). La crisis es como una guerra en miniatura, no hay bombas, pero sus efectos son parecidos: muchas fábricas han cerrado, algunos edificios son «esqueletos», obras inacabadas por falta de recursos, etc.

Tras una crisis el tamaño de la «tarta» es menor porque se ha destruido capital y los salarios reducidos reflejan la nueva tasa de capitalización. El salario no depende de la avaricia del empresario, ni de la presión sindical, ni de la «sensibilidad» social del gobierno, ni de fijarlo por decreto en el Boletín Oficial del Estado; ojalá fuera así de fácil. El salario sólo depende de la tasa de capitalización existente en la sociedad y tras la crisis aquella es menor.

Racionalizar el horario laboral

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha presentado una iniciativa para «racionalizar» el horario laboral, en particular, pretende que con carácter general la jornada laboral finalice a las 18:00 horas. De aquí inferimos que los empresarios, que son quienes fijan el horario, actúan de forma «irracional». Hoy intentaré demostrar que los empresarios actúan racionalmente y que esta mujer comete un triple error: teórico, empresarial y ético. 

En primer lugar, la medida es un error teórico porque en el mercado la información está dispersa en las mentes de las personas, es dinámica, tácita, no se puede articular y se va creando ex novo en los procesos de mercado. Nadie puede saber, a priori, cuál es el mejor horario para cada empresa. El dueño es la persona más capacitada e interesada en que el horario se adapte dinámicamente al mercado.

En segundo lugar, la medida es un error empresarial. Una empresa, si quiere seguir en el mercado, debe anteponer los intereses de sus clientes a los intereses de sus empleados. Mercadona tiene claro este orden: cliente - empleado - proveedor - sociedad y capital. Esto no significa que los intereses de los empleados se ignoren, todo lo contrario, las empresas compiten entre sí por atraer a las mejores personas y están obligadas a satisfacer en todo lo posible sus preferencias. La función empresarial consiste en utilizar la información del mejor modo posible. Los empresarios deben ajustar continuamente plantillas, turnos y horarios según los deseos de los consumidores. No es recomendable subordinar los intereses del público a los intereses de los trabajadores. En Tenerife, hace 30 años, se decretó el cierre de las gasolineras los días festivos para que sus empleados gozaran del «merecido» descanso dominical. Recuerdo las monumentales colas que se formaban en las gasolineras los sábados por la noche. Con los comercios pasaría algo parecido: si son obligados a cerrar a las 18:00, poco antes de esa hora se formarán colas. Recuerde que una cola es sinónimo de retraso e ineficiencia; las colas son propias de países comunistas; si usted soporta una cola, intuitivamente, sabe que algo funciona mal.

Son los clientes quienes determinan, indirectamente, la organización de la empresa, y en particular, el horario. Si las tiendas abren los domingos es porque los consumidores desean comprar en domingo. La racionalidad económica, guiada por los beneficios y pérdidas, exige abrir el negocio los días y horas de mayor demanda. La ministra, si fuera racional, debería focalizar sus esfuerzos en modificar los hábitos de consumo de los españoles; por ejemplo, podría persuadirles de que no fueran al gimnasio después de las 6 de la tarde; que se abstuvieran de dormir la siesta o de ver la telenovela. En política económica es un error muy frecuente poner la carreta delante de los bueyes. Imponer coactivamente un horario perjudica la economía. El intervencionista (gobierno) no puede anticipar las perversas consecuencias de su actuación. Por ejemplo, si forzamos el cierre de los comercios a las 18:00 y el cierre de los bares a las 20:00, la productividad de estos negocios será menor y habrá despidos. Toda limitación del horario provocará una menor producción, menores tasas de capitalización, menores salarios y mayor desempleo. La ministra, que cursó económicas en ICADE, parece ignorar todo esto.

Por último, la medida es inmoral pues viola la libertad de los consumidores para organizar su vida y la libertad de los empresarios para organizar su empresa, sin injerencias externas. La ministra, a pesar de la fingida sonrisa que habitualmente muestra, actúa violentamente, como un matón sindicalista (valga la redundancia), y todo por un puñado de votos. No se puede mejorar la vida de los empleados violentando a empresarios y consumidores.

Sobre el control de precios

La foto que ven arriba no es de Cuba o Venezuela, la hice antes de ayer en el Agromercado de Breña Alta (La Palma, Islas Canarias). Aprovechando este hecho insólito, hablaremos hoy del control de precios. En este caso, la autoridad municipal fija, cada semana, unos precios mínimos y máximos de venta de los productos agrícolas. Son los propios productores quienes venden directamente al público su género sin que exista un intermediario comercial. La finalidad del control de precios, según reza la propia web del Agromercado es: «garantizar los precios más justos para consumidores y productores».

Supuestamente —dicen los valedores del control de precios— esta medida limita la «feroz» competencia y ello beneficia a vendedores y compradores; también mejora la economía de los campesinos y artesanos locales, amén de otros beneficios relacionados con el «ecologismo» y la «sostenibilidad». Intentaré justificar que, lejos de alcanzar sus objetivos, el control de precios perjudica a cuantos participan en un intercambio.

Lo primero que debemos aclarar es que conceptos como «comercio justo», beneficio «razonable» (o «excesivo»), «soberanía», «consumo responsable», «economía humanista» (Sampedro) y otras expresiones retóricas similares tienen su origen en sentimientos, deseos y prejuicios ideológicos que son completamente ajenos a la ciencia económica.

En segundo lugar, existe un intermediario institucional —el ayuntamiento de Breña Alta— que paga los costes de mantenimiento de las instalaciones del mercadillo con cargo a su presupuesto. Los políticos otorgan un privilegio a una treintena de productores a expensas del resto de vecinos.

Ahora hagamos un análisis económico del control de precios. Si la franja autorizada es muy amplia, es decir, si el precio mínimo es muy bajo y el precio máximo es muy alto, la medida no afectará al mercado. Pero si la horquilla de precios se va estrechando aparecen problemas. Por ejemplo, los productos perecederos se deterioran rápidamente y es posible que el precio de mercado de alguno se sitúe por debajo de su precio mínimo de venta. En tal caso, el vendedor no podrá colocar ese género y sólo le queda aceptar la pérdida, intentar venderlo en otro mercado o utilizarlo como materia prima para elaborar otros productos (mermelada, repostería) no sometidos al control de precios. El precio mínimo inflige pérdidas al vendedor en forma de mermas y pérdidas al comprador en forma de una oportunidad de ahorro desperdiciada. 

En relación al precio máximo. Los productos que ofrecen los vendedores no son homogéneos, por ejemplo, las cebollas y calabacines de cada puesto tienen diferentes calibres y calidades; por otro lado, algunos productos son más escasos de otros. Esto hará que el precio de mercado de ciertos productos se sitúe por encima de su precio máximo. Si el vendedor no hace nada, los primeros consumidores agotarán las existencias rápidamente y el mayor beneficio de estos habrá sido a expensas del primero. Pero el vendedor no es tonto y procurará sustraer aquellos productos de alto valor para venderlos a mayor precio en otro sitio. El precio máximo, por tanto, impide al vendedor obtener mayores beneficios y a los consumidores tener acceso a productos de mayor calidad. Los dos salen perdiendo.

Parque de Los Alamos, Breña Alta, La Palma

En ambos supuestos, el vendedor intenta colocar parte de su producción en otro mercado, pero si el control de precios es general, intentará venderlo al margen de la ley en el mercado negro. Éste es consecuencia directa de una prohibición o regulación gubernamental del comercio. Los consumidores, por otra parte, salen perjudicados al no poder comprar a precios con mayores descuentos. 

Este razonamiento económico es aplicable a cualquier control de precios y en cualquier mercado, da igual que analicemos frutas y verduras, alquileres de inmuebles o leyes de salario mínimo. El perjuicio a ambas partes del intercambio siempre está presente y en unos casos será más visible que en otros. Ningún control de precios puede mejorar la economía y es una desgracia que los políticos de Breña Alta todavía lo ignoren.

El daño que hace el control de precios en el Agromercado de Breña Alta es mínimo, al fin y al cabo, estamos ante un diminuto mercadillo donde unos pocos lugareños coloca su producción doméstica. Este tipo de mercadillos municipales «regulados», en general, no mejoran la economía local pero sirven para que los políticos capturen un centenar de votos entre unas cuantas familias: agricultores, ganaderos, reposteros, artesanos y otros que se cobijan bajo el paraguas dadivoso del ayuntamiento. 

El Agromercado de Breña Alta es un espacio para el encuentro entre productores y consumidores ocupados en mejorar nuestra alimentación y nuestra salud, potenciando la soberanía alimentaria y el consumo responsable.

Lo relevante de esta nefasta práctica, a mi juicio, es su simbolismo. El marxismo, desgraciadamente, no ha muerto; se ha mimetizado en forma de bioideologías, como el ecologismo, y es aquí donde despliega sus plan de acción colectivista. Las ideas en contra del libre comercio gozan de buena salud. A pesar de que todos entendemos y disfrutamos las ventajas materiales del capitalismo y del libre mercado, sus principios éticos siguen sin ser entendidos. Muchos no comprenden que toda transacción libre y consentida siempre es justa pues ambas partes salen ganando. Y como el valor es subjetivo e inconmensurable no hay forma de saber cuál de las dos partes ha ganado más en el intercambio. En definitiva, el control de precios no tiene justificación alguna, ni económica, ni ética y sólo perjudica a quienes participan en el mercado.  

¿Se hereda la pobreza?

Un tertuliano afirmaba esta mañana: "la pobreza se hereda", y por poco me atraganto con el gofio. El gofio es ese alimento de aspecto grumoso que sólo un canario es capaz de apreciar. La leche con gofio me ayuda a digerir, cada mañana, el cúmulo de sandeces que oigo en la radio.

En primer lugar, la pobreza no es un fenómeno genético. No se hereda la pobreza como se hereda la diabetes, la calvicie, la belleza o cualquier otro rasgo físico (fenotipo). En el sentido biológico, por tanto, de padres pobres no nacen hijos pobres. La pobreza, afortunadamente, no es un estado permanente del hombre. Alguien puede nacer pobre, después hacerse rico y morir otra vez pobre. El hombre puede "estar" pobre pero no "es" pobre ya que posee su cuerpo y su mente para producir bienes, comerciar y crear riqueza.

Duquesa de Alba

En segundo lugar, la pobreza o la riqueza tampoco se heredan en el sentido económico. Un afortunado heredero no hereda la "riqueza" de sus industriosos progenitores ¡qué más quisiera! lo que hereda es una cierta cantidad de capital: dinero, bienes, propiedades, etc. que lo convierten en una persona rica. Creían los marxistas que el capital se mantenía de forma automática, craso error, para conservarlo se requiere trabajo, juicio y, sobre todo, mantener una conducta económica; en caso contrario se termina en la ruina.

En el Antiguo Régimen la sociedad era estamental y la riqueza se heredaba junto al título nobiliario, aún así, este privilegio recaía exclusivamente en el hijo primogénito (mayorazgo) mientras que el resto tenía que buscarse la vida el Ejército o en la Iglesia. Gonzalo Fernández de Córdoba, el famoso Gran Capitán, fue uno de estos segundones que hizo fortuna haciendo la guerra. Esto fue así hasta la aparición de la burguesía y la Revolución Industrial.

Con la aparición de los burgos y el fomento del comercio, entre otros factores, la estanqueidad de las clases sociales dio paso a una incipiente movilidad social. La nobleza dejó de ser un seguro de riqueza y la pobreza dejó de ser el destino inexorable de las masas. 

La llegada del capitalismo dio la puntilla a la sociedad estamental e hizo posible una mayor permeabilidad social. Haber nacido pobre ya no era una excusa para morir pobre. El pecado era morir pobre pudiendo haber hecho al respecto durante la vida. Por ello, resulta anacrónico que en el siglo XXI alguien afirme que la pobreza se hereda, y si no, que le pregunten a Amancio Ortega.

A pesar de la evidencia todavía se oyen bobadas de este tipo: "el dinero llama al dinero" o "los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres". Solo los necios, los vagos o los envidiosos se quejan de que haya ricos y pobres, como si los primeros lo fueran a expensas de los segundos, popular mito atribuido a Montaigne. Menos mal que la imbecilidad, la pereza y la envidia tampoco se heredan.

Brexit e inflación

El titular de este artículo es algo alarmista y por ello intentaré hoy explicar qué es la inflación y cómo se produce. En primer lugar, la inflación no es un caballo y, por tanto, no se «desboca». Más bien, son los políticos quienes se «desbocan» y se enloquecen imprimiendo billetes hasta destruir la moneda. La inflación no es un fenómeno misterioso e incontrolable, obedece a causas muy bien conocidas. La inflación es el aumento de la cantidad de dinero en circulación y se produce de dos formas: a) La primera es muy clara, el Banco Central tiene una máquina para imprimir billetes, este dinero pasa a manos del gobierno que lo gasta de diferentes formas (servicios públicos, armamento, obras públicas, etc.). b) La segunda forma, más confusa, es provocada por la banca comercial. Funciona así: Los bancos cogen el dinero depositado a la vista (cuentas corrientes) de sus clientes y lo prestan a otros clientes, esto se llama Banca con Reserva Fraccionaria. En España, el coeficiente de reserva es 2%, es decir, el gobierno permite a los bancos que presten hasta el 98% del dinero depositado a la vista. De igual forma que el Banco Central imprime billetes (expansión monetaria), los bancos comerciales imprimen cheques y pagarés que se intercambian «como» si fuera dinero (expansión crediticia). Ambos fenómenos son equivalentes y provocan inflación: el aumento de la cantidad de dinero en circulación. 

El encarecimiento de la cesta de la compra, en realidad, es tan sólo el efecto de la auténtica inflación y ninguna otra cosa puede causarla. Por ejemplo, la subida del precio del petróleo no puede causar un aumento generalizado de los precios. Cuando el precio de un producto sube, el precio de otro producto baja. Supongamos que cada mes usted gana 1.500€ y gasta 100€ en gasolina, si el precio de ésta sube 50% y usted recorre los mismos km., si quiere llegar a fin de mes, deberá dejar de consumir 50€ en otros productos; esta menor demanda provoca la caída de los precios de estos últimos y el nivel general queda inalterado. Si la cantidad de dinero en circulación no aumenta, no hay inflación posible pues el sistema de precios funciona como un circuito de vasos comunicantes. La caída de la libra, por tanto, no puede hacer que todos los precios aumenten:

«La fuerte caída de la libra, de alrededor del 18% desde que se votó a favor del Brexit, está provocando que se encarezcan las importaciones, por lo que a muchos productores están subiendo los precios para mantener su negocio»

Si debido a la nueva coyuntura los productores pudieran subir los precios, sin más, sin que los consumidores reaccionen dejando de comprar ¿por qué no lo hicieron antes? Todo empresario siempre procura vender al mayor precio posible que le permite el mercado. De igual modo, algunos políticos también creen que una subida de impuestos puede repercutirse automáticamente al consumidor de tal forma que la medida sea neutra para el productor. Ambas ideas son falsas. La formación de precios funciona en sentido inverso a como la mayoría de la gente piensa. Como dice Miguel Anxo Bastos: «la economía es contraintuitiva». Es el consumidor final quien fija el precio que está dispuesto a pagar y, a partir de aquí, se forman los precios de los factores de producción (materias primas, salarios, maquinaria) de forma regresiva. Si sube el precio del pan, cuya demanda es poco elástica, deberá bajar el precio del perfume, cuya demanda es elástica. Los consumidores no dejan de comer pan pero gastan menos en colonia o zapatos. Si las importaciones se encarecen, las exportaciones se abaratan. El resultado neto es cero. Recuerden, la única forma de que exista una subida generalizada de precios es mediante la expansión monetaria (Banco Central) y la expansión crediticia (Banca con Reserva Fraccionaria).

¿Contribuimos para recibir?

Propaganda es la difusión de ideas de carácter político para que una audiencia acepte ciertas ideas y se comporte según los intereses del propagandista. La propaganda es una forma de manipulación que combina mentiras, falacias y medias verdades. La campaña del Ministerio de Hacienda titulada «Contribuimos para recibir» es un esfuerzo más por generar una opinión pública favorable a los impuestos y así reducir el fraude fiscal. El argumento central es que si no nos resistimos al cobro de impuestos todos salimos ganando. 

La primera trampa es el eufemismo de llamar al impuesto «contribución» como si tal cosa fuese voluntaria. El ciudadano no es libre de no contribuir y, por ello, el término «contribuyente» es equívoco y debería ser reemplazado por «confiscado». De igual modo, cuando el ayuntamiento te dice que se abre el «Periodo voluntario de pago» de tributos tú piensas en voz alta: ¡son unos cachondos!

El anuncio que hoy analizo comienza con una serie de gazapos: «Si no fuera por Juan (abuelo), Ana no podría llevar a su hija al colegio cada mañana». Esto es un falso dilema. Si el abuelo no existiera Ana buscaría una solución, entre varias alternativas, para que su hija no faltara al colegio. El anunciante intenta presentar la cooperación social como si de una cadena de favores se tratara pero lo que hace Juan por Ana no tiene conexión causal con lo que hace Ana por Cristina, ni en lo que hace Cristina por Héctor. Por ejemplo, si el panadero que vive enfrente de mi casa no hiciera el pan cada mañana no pasaría nada grave, yo buscaría otro panadero en el mercado y asunto resuleto. Esta línea argumentativa termina, de forma circular, en que «Si no fuera por Héctor, Juan no recibiría cada mes su pensión a tiempo». Nueva falacia, pues el único causante de convertir a los pensionistas en dependientes de los cotizantes es el gobierno. En un sistema de capitalización (y no de reparto) Juan no dependería de Héctor, sino de sí mismo.

Lo siguiente es algo llamado «desliz argumentativo». Los ejemplos presentados al inicio son actos voluntarios: Juan lleva a su nieta al colegio; Ana, Cristina y Héctor realizan intercambios en el libre mercado; pero el último caso es distinto: Héctor no paga voluntariamente la pensión de Juan. El anunciante quiere inducirnos a pensar que los intercambios (forzosos) del gobierno, los mercantiles y los familiares son todos de la misma naturaleza: libres y consentidos.

Hacienda nos dice que gracias a los impuestos disfrutamos de una serie de servicios públicos: sanidad, educación, pensiones, parques, carreteras, ayudas, etc. Esto es una verdad a medias. Los consumidores disfrutarían más si pudieran consumir servicios libremente y no los que impone el gobierno. Y si no es así ¿por qué el 80% de los funcionarios elige un seguro privado de salud?

La falacia principal, a mi entender, es intentar convencernos de que si todos pagamos impuestos (la cantidad dictada por el gobierno en cada momento), todos salimos ganamos. Si esto fuera cierto el anuncio sobraría. Los impuestos benefician a unos y perjudican a otros; John C. Calhoum afirmó que la sociedad se dividía en dos clases: los consumidores y los proveedores netos de impuestos. Los primeros reciben más de lo que pagan más y los segundos pagan más de lo que reciben. 

«Contribuir para recibir» resulta un tanto ambiguo. En los servicios estatales (servicio público es un oxímoron) no existe una correlación entre el pago y el consumo. Nadie sabe con precisión cuánto recibe por lo que paga si bien, de forma intuitiva, muchos son conscientes de que gran parte del dinero se queda por el camino. Todo servicio público es beneficioso para el Estado y ruinoso para el contribuyente, por este motivo, el intercambio debe ejecutarse bajo amenaza de sanción.

En resumen, la campaña «Contribuimos para recibir» tiene todos los ingredientes de una falacia informal la cual, según Luis Vega, catedrático de Historia de la Lógica, se caracteriza por el uso equívoco de términos (contribuyente, todos), por partir de premisas falsas («si no fuera por...»), por abusar de imprecisión (recibir), por emplear deslices discursivos (inferir que algo forzoso es voluntario) y por llegar a conclusiones que no están debidamente justificadas (todos nos beneficiamos por igual). En realidad, no necesitamos alguien que nos esquilme por nuestro propio bien.