Sobre los bienes públicos

Es frecuente escuchar que algunos bienes como el agua, la sanidad, la educación o la defensa son bienes públicos. Y cuando afirmamos que algo es público se siguen, también frecuentemente, dos conclusiones: a) que todos, en conjunto, somos poseedores de ese bien; y b) que los gobernantes deben encargarse de producirlos o administrarlos. Intentaré demostrar la inconsistencia de la Teoría de los bienes públicos desde dos puntos de vista. Empecemos con el enfoque marginalista, es decir, los bienes económicos se consumen en cantidades discretas que pueden medirse en unidades. Por ejemplo, durante una jornada, una persona puede consumir 10 litros de agua al ducharse, 4 litros al tirar de la cisterna, 2 litros para cocinar, 1 litro para beber, 15 litros para lavar el coche, etc. Es decir, las personas no consumen "agua" en general sino determinados litros de agua en diferentes situaciones. Por tanto, si afirmamos que "el agua es un bien público", deberemos primero aclarar a qué agua nos referimos. Los 5 litros que contiene la garrafa de agua en un supermercado o los 100 metros cúbicos de agua contenidos en la piscina de un hotel, evidentemente, es agua privada. ¿Y por qué ese agua tiene dueño? porque alguien tuvo que trabajar para hallarla, extraerla, canalizarla o embotellarla. La naturaleza no proporciona los bienes en estado tal que sean directamente aprovechables, casi siempre es preciso añadir trabajo humano para poder transformarlos o transportarlos hasta poder consumirlos. Desde el punto de vista económico, el agua de lluvia y el agua embotellada, aún teniendo idéntica naturaleza, son dos bienes distintos. Exigir -como hacen algunos- la gratuidad del agua doméstica apelando a un supuesto derecho humano universal significa, de facto, convertir a todos aquellos que trabajaron para llevarla hasta el grifo en nuestros esclavos. Antiguamente los pobladores construían acequias y aljibes para almacenar el agua de lluvia y era de todo punto impensable que alguien exigiera agua gratis. El estado de necesidad, por urgente que sea, no genera derecho alguno, es decir, no genera ninguna obligación de los demás para con el necesitado. Los defensores del estado de bienestar se han encargado de invertir la lógica de las cosas y han creado mucha confusión haciendo creer a la gente que existen cosas gratis. ¡Sanidad y educación pública y gratuita! ofrecen los populistas a las masas sin darse cuenta de que se trata de una imposibilidad económica. Nada es gratis. Si alguien afirma que tiene derecho a la "sanidad" le quedan dos opciones: forzar al médico para que trabaje gratis o cobrar impuestos para pagar los servicios del médico. Lo primero se consigue mediante la esclavitud; lo segundo, mediante la confiscación. En ambos casos, ejercitar un "derecho social" -como la sanidad- sólo puede conseguirse mediante la violencia y la vulneración de derechos genuinos, a saber, la propiedad privada. 

La segunda confusión proviene del término "público", si algo es público suponemos que es de todos pero "todos" es un término equívoco; puede significar todos los habitantes del planeta, todos los habitantes de España, todos los habitantes de Madrid, etc. Los estoicos imaginaron que toda la tierra, al comienzo, era común a todos los hombres y llamaron a esta idea communis possessio originaria. San Anselmo, en la misma línea, pensaba que toda propiedad privada se debía a la usurpación (Bruno Leoni, La Libertad y la Ley). Sin embargo, pensar que todo es de todos nos conduce a situaciones imaginarias absurdas, por ejemplo, nadie podría consumir nada sin el permiso de los demás. No tiene sentido que un habitante de Canadá pudiera reclamar la carne de un animal cazado por otro habitante de Australia. Muchos podrán afirmar "todos tenemos derecho al agua" pero nadie puede cabalmente afirmar que un habitante de Almería tiene derecho al agua del Ebro. Y por ese motivo, los habitantes de una región pueden oponerse al trasvase de recursos naturales. En conclusión, para que un bien público sea de todos hay que aclarar dos cuestiones: primero, hay que precisar la naturaleza y cantidad del bien económico referido; segundo, hay que personalizar quienes son los sujetos poseedores del derecho de propiedad. La Suerte de Pinos, institución medieval que establece la propiedad comunal en la comarca soriana de Pinares, señala de forma inequívoca qué cantidad de pinos (o su equivalente en dinero) corresponde cada año a cada uno de los vecinos del pueblo. La propiedad comunal, por tanto, es la solución práctica a la falacia de los bienes públicos.

Democracia, impuestos y descivilización

Ya estamos en campaña electoral y dentro de pocas semanas muchos entonarán la manida metáfora de la "fiesta de la democracia". Se trata, sin duda, de una fiesta sui generis donde unos comen, beben y bailan mientras otros cocinan, sirven o tocan la música; donde unos disfrutan a expensas de otros. Dentro de esta juerga es posible identificar tres grupos. El primero lo constituye la oligarquía estatal, aquellos que viven íntegramente de la política y del Estado: políticos, empleados públicos y asimilados varios. El resto de la población, a su vez, se divide en dos grandes clases: los que reciben del Estado más de lo que pagan en impuestos (2º grupo) y los que contribuyen más de lo que reciben del Estado (3er grupo). Según la terminología de John C. Calhoum, consumidores y proveedores netos de impuestos, respectivamente. 

El primer grupo es el que más disfruta de la fiesta pues consume de todo sin pagar un duro. Políticos y funcionarios, stricto sensu, no pagan impuestos. El descuento en su nómina por IRPF no deja de ser una ficción fiscal para ocultar su naturaleza parasitaria y disfrazar un hecho incontestable: sus "impuestos" proceden de los impuestos genuinos, aquellos provenientes de la confiscación de la riqueza producida en el sector privado. Obtendríamos idéntico resultado contable si redujéramos sus nóminas y a la vez los declarásemos exento de IRPF. 

Todos los "servidores públicos" obtienen, por tanto, sus rentas mediante la expropiación forzosa del dinero de aquellos que son "servidos". Y este servicio público es tan noble, útil y necesario que debe sostenerse mediante la violencia fiscal. Los impuestos no son voluntarios. La gente paga porque no le queda más remedio y la forma empírica de comprobar esto que afirmo sería convertir el impuesto en "no impuesto". Si el pago fuera voluntario -lo único éticamente aceptable- asistiríamos sin duda a un adelgazamiento súbito del Estado o incluso a su muerte por inanición. Pero no pensamos que la oligarquía estatal renuncie voluntariamente a la succión del dinero ajeno, al contrario, su naturaleza depredatoria procurará optimizar la recaudación. 

El segundo grupo, los consumidores netos de impuestos, anima y legitima este sistema redistribuidor porque cree obtener un beneficio neto: supuestamente, los políticos le darán más en forma de servicios públicos, ayudas, becas, etc. de lo que le quitarán en impuestos. No sólo es lamentable sino preocupante que la sociedad legitime, ya sea de forma activa o anuente, actos que realizados de forma privada serían inaceptables. Casi nadie, de forma privada, se atrevería a asaltar y robar a otra persona por el mero hecho de poseer más dinero pero esa misma gente que no se expone personalmente a cometer un crimen vota sin pudor para que el gobierno lo haga en su nombre. El sofisticado mecanismo de elecciones democráticas, partidos políticos, parlamentos, legislación, funcionarios, etc. por el que el Estado se manifiesta, convierte mágicamente lo que es inmoral en algo ampliamente aceptado: el impuesto. Como decía Frank Chodorov en su crítica al impuesto sobre la renta: "El gobierno le dice al ciudadano: tus ganancias no te pertenecen exclusivamente, nosotros (gobierno) tenemos un derecho que precede al tuyo, te permitimos quedarte con una parte porque reconocemos tu necesidad, no tu derecho, pero nosotros decidimos lo que se te concederá".

El tercer grupo, los proveedores netos de impuestos, lo forman personas con productividad media y alta. Ganan más dinero que el resto porque, mediante los mecanismos de mercado, sirven mejor que otros los intereses de sus congéneres ofreciendo productos y servicios de alto valor. El impuesto sobre la renta castiga a todos los productores genuinos pero en mayor medida a las personas más trabajadoras, responsables y productivas. Estas tampoco se dejarán expoliar fácilmente y emplearán sus energías para defenderse de la agresión institucional. Algunos emigrarán y otros reducirán su esfuerzo porque la utilidad marginal del trabajo se reduce a medida que aumenta la confiscación.

En estos días asistimos a una especie de mercadillo electoral donde cada candidato intenta ofrecer al pueblo, en competencia con sus rivales políticos, más y mejores dádivas. Aquél que más cosas promete dar deberá ser necesariamente el mayor ladrón. Y muchos no reparan en que todo aquello recibido deberá serles previamente sustraído pero siempre con saldo negativo pues el intermediario político se reservará una parte para sí. Y créanme, esta gente ni es poca ni tampoco frugal. Los políticos son los campeones mundiales del gasto, la ostentación y el despilfarro del dinero ajeno.

En conclusión, más que una fiesta, esto parece una merienda de negros donde los grupos 1 y 2 vivirán a expensas del grupo 3. La sociedad en su conjunto sufrirá un continuo deterioro moral y material, algo que Hans Hoppe llama descivilización. Los incentivos de esta democracia que ofrece maná caído del cielo son perversos. Aumentará la utilidad marginal del ocio y de la actividad política e inversamente será cada vez menos rentable trabajar. Crecerá el número de parásitos y paniaguados en detrimento del número de personas productivas siendo el resultado global una disminución de la producción de bienes y servicios en la sociedad. Para colmo de males, los ciudadanos recibirán, de forma creciente, servicios públicos mediocres debido a la falta de competencia e incentivos propios del sector público. Feliz campaña electoral.

La peligrosa idea de Molinari: la defensa en libre competencia

Contra la Fundación Tripartita (II)

En noviembre de 2011 escribí una primera crítica contra la Fundación Tripartita y hoy, que entra en vigor una modificación legislativa (Real Decreto-Ley 4/2015), me ratifico en lo dicho: la Fundación Tripartita debería desaparecer porque es lesiva para los intereses de empresarios, empleados, formadores y contribuyentes. El problema de la intervención es que nunca tiene fin, el gobierno desajusta los procesos de coordinación social que se dan en el libre mercado y, frente a esos desajustes -cuyo culpable siempre es el empresario- el órgano central de planificación económica opta por nuevas intervenciones que provocarán inexorablemente nuevos problemas, y así sucesivamente. Además, como advierte el profesor Huerta de Soto, el intervencionismo genera corrupción.Veamos que dice esta norma y tratemos de identificar las consecuencias no previstas del legislador.

Las primeras diez páginas constituye la clásica farfolla jurídica o preámbulo donde la Administración justifica su intervención. Encontramos expresiones como "modelo productivo", "senda sostenible", "empleo estable y de calidad", "capital humano", "empleabilidad", "diálogo social", etc., todo muy propio de la verborrea socialdemócrata. Creen políticos y burócratas que su misión es satisfacer las necesidades "reales" de empresas y trabajadores, y entrecomillo "reales" porque parece que ellos, en su inmensa arrogancia, saben mejor que los demás sus propias necesidades. Además, la Administración -cual pitonisa- pretende adivinar las necesidades futuras del mercado mediante un ejercicio de análisis y prospección del mercado de trabajo. Es difícil encontrar a la vez tanta ficción y pseudociencia.

No voy a extenderme demasiado explicando los detalles técnicos que incorpora la norma y me referiré sólo a cuatro hechos relevantes. En primer lugar, las empresas de formación deberán tener instalaciones físicas y medios suficientes para impartir la formación sin tener en cuenta que estamos ante un sector cuya oferta está atomizada con consultoras pequeñas y formadores autónomos. Si la formación debe impartirse forzosamente en academias o instalaciones previamente registradas (-incluida la obligación de impartir la formación en los espacios y con los medios formativos acreditados y/o inscritos para tal fin. Art. 17, a), los proveedores no podrán organizar cursos in-company, que es la opción más habitual, y solo aquellas empresas grandes que disponen de departamentos de formación podrán hacerlo. El resto -PYMES- tendrá que optar por contratar cursos online, enviar a sus empleados a los "centros registrados" o simplemente dejar de hacer cursos. En este último caso, el dinero no utilizado engrosará el tesoro público.

En segundo lugar, está el control de precios. Desde 2003, las entidades organizadoras (academias, consultoras) tenían fijado un precio máximo de sus honorarios de gestión: 25% de los costes de impartición. Este límite era suficientemente generoso para no ocasionar problemas de oferta pues el precio de mercado no sobrepasaba este límite. Pero a partir de hoy, el control de precios se sitúa en 10% de los costes de impartición, es decir, se producirá -como ocurre en Venezuela- desabastecimiento y situaciones de ilegalidad. Por ejemplo, supongamos que se imparte un curso por 1.000€ y los costes de gestión con la Tripartita se elevan a 150€. Si el precio máximo fijado por el gobierno es 25% (250€) la medida no tiene incidencia en el mercado pero si el precio máximo se reduce a 10% (100€), los costes de gestión exceden el máximo legal (en 50€) y los proveedores marginales -aquellos cuyos costes de producción superan el precio máximo- tendrán dos opciones: a) dejar de prestar el servicio y b) trabajar en la ilegalidad. 

En tercer lugar, la norma introduce un elemento muy peligroso que consiste en la posibilidad de que la Administración evalúe los "resultados" de la formación en base a indicadores objetivos y transparentes, en particular, de los resultados de la formación (art. 18.1). Imaginemos que tras la impartición de un curso, un funcionario realiza una inspección ex post, evalúa los conocimientos de un empleado y determina, en su caso, que el resultado de la formación ha sido "insuficiente". Tanto la empresa beneficiaria como la entidad formativa podrían ser sancionados. Introducir este tipo de discrecionalidad aumenta notablemente la inseguridad jurídica de empresas y formadores.  

Por último, la norma endurece el régimen sancionador, promueve el chivatazo e instaura la pena infamante de escarnio: se dará visibilidad pública a los canales de denuncia y conocimiento de las situaciones fraudulentas (art. 19.1). Todo muy propio de regímenes totalitarios donde no hay peor pecado que pretender engañar al dios Estado. Con más intervención y más coacción la economía podrá caminar pero lo hará como lo hace un hombre con muletas. En conclusión, hoy es otro día aciago para lo que Karl Popper denominaba "sociedad abierta". El Gobierno, una vez más, viola la libertad comercial, viola la libertad contractual y viola los derechos de propiedad mediante su herramienta favorita: la legislación. 

¿Por qué las mujeres cobran menos?

Mañana es el Día Internacional de la Mujer. Preparémonos pues para la marea rosa de cifras, estadísticas y eslóganes que pretenden un objetivo tan inmoral como ilegítimo: la supuesta y espuria justicia de género. Las feministas de antaño, las auténticas, pretendían la igualdad "ante" la ley; las de hoy quieren algo muy distinto: la igualdad "mediante" la ley, es decir, dando y quitando derechos instrumentalmente. Hace justo dos años redacté un artículo sobre la discriminación donde distinguía dos tipos: legítima e ilegítima. Hoy hablaré sobre la diferencia salarial entre hombres y mujeres e intentaré explicar, de nuevo, que esta diferencia es justa pues obedece a causas objetivas (biológicas, culturales, jurídicas, políticas) que configuran el mercado laboral. Debo anticipar que cualquier apreciación sobre la justicia salarial debe hacerse a nivel individual y nunca a partir de grandes clases (hombres y mujeres). La justicia es dar a cada uno lo suyo y no dar a "ellos" lo mismo que a "ellas". Nuestro afán colectivista pervierte la esencia de la justicia y olvida su objeto: el individuo. La justicia social es, por tanto, un oxímoron. Solo los individuos poseen derechos y obligaciones, y nunca los colectivos o "clases" de personas. Es patente que un juez sólo puede juzgar individuos y nunca colectivos, categorías o clases de individuos. Pero como el mantra feminista que hoy nos invade alude a hombres y mujeres, en general, entraré al trapo para identificar las causas de la diferencia salarial entre sexos. Admito que algunas de mis hipótesis son intuitivas, discutibles y que otras serán ampliamente compartidas por el lector.

En primer lugar, el empresario no paga salarios por el "tipo" de trabajo sino por el rendimiento esperado o demostrado del trabajador. Que exista igualdad salarial, por tanto, se debe únicamente a varios factores: a) el trabajador es un funcionario y el Estado aplica la norma "para todos café". Solamente en la esfera de lo público es posible ver con tanto descaro como una persona diligente y un vago redomado cobran lo mismo; b) las diferencias en productividad son mínimas o no hay forma precisa de calcularla; y c) el empresario es coaccionado por la legislación (convenio colectivo) a pagar el mismo salario a personas de la misma categoría profesional, al margen de los diferentes rendimientos. Refutemos pues el dogma laboral que dice "a igual trabajo, igual salario" porque la premisa es falsa: no existen dos trabajadores -ni aún dos gemelos- que realizando la misma labor obtengan idéntica productividad. Si realmente hubiera justicia retributiva no habría dos salarios idénticos. El deporte es un buen ejemplo de ello, los deportistas en cada equipo firman contratos ad personam y sus nominas son muy dispares. Si alguien se siente mal pagado con respecto a otro compañero puede negociar una subida salarial o simplemente buscar otro club.  

Adam Smith

La segunda falacia es que las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo. Dos personas podrán estar las mismas horas en la oficina o hacer idénticas tareas pero no producen lo mismo. Es más, si aquello fuera cierto, los empresarios automáticamente dejarían de contratar hombres por ser estos más caros. Tampoco es plausible que todos los empresarios se equivoquen en masa o que hayan perdido misteriosamente su amor por el lucro. Si el empresario paga más al hombre que a la mujer (solo generalizo a efectos dialécticos) es porque, acertada o equivocadamente, atribuye subjetivamente más valor al primero. Veamos algunas causas objetivas de la diferencia salarial entre sexos. Ya Adam Smith [1] observó en 1776 que la naturaleza de los empleos generaba distintos salarios:

"primero, si los empleos son agradables o desagradables; segundo, si el aprenderlos es sencillo y barato o difícil y costoso; tercero, sin son permanentes o temporales; cuarto, si la confianza que debe ser depositada en aquellos que los ejercitan es grande o pequeña; y quinto, si el éxito en ellos es probable o improbable".

1) Agradabilidad. Factores como la suciedad, las malas condiciones ambientales o los escrúpulos hacen necesario pagar salarios más altos. Decía Smith: "El más detestable de todos los empleos, el del verdugo, resulta ser el oficio de lejos mejor pagado, en proporción a la cantidad de trabajo realizada". Las profesiones más desagradables, sucias o ingratas -pero mejor remuneradas- son ejercidas mayoritariamente por hombres: matarifes, espías, basureros, mineros, mecánicos, fontaneros, etc., excepto la prostitución, ejercida mayoritariamente por mujeres.

2) Sector de actividad económica. Hombres y mujeres presentan una diferente distribución por sectores de actividad económica. Hay más varones que mujeres en la industria o el sector financiero, donde se pagan altos salarios. A su vez, dentro de cada sector, los hombres ocupan puestos con mayor remuneración; en la industria las mujeres copan los puestos administrativos y los hombres los de técnico y operario; en la hostelería las mujeres ocupan puestos de administración, atención al cliente y limpieza de interiores mientras que los hombres suelen ocupar puestos de gerencia, mantenimiento y limpieza de exteriores (piscinas, jardines, máquinas), estos últimos mejor retribuidos.

3) Peligrosidad. Existe una nítida y directa correlación entre riesgo laboral y salario, y es una evidencia que existen muchos más hombres que mujeres en las profesiones más peligrosas: militares, policías, bomberos, pilotos, mecánicos, mineros, pescadores, trabajadores que realizan trabajos en altura o bajo el agua, etc. Y aquí se vuelve a repetir el patrón de doble riesgo: internamente, en cada profesión, el hombre asume más riesgos que la mujer: los mariscadores varones cogen percebes en la rompiente y las mujeres almejas o berberechos en la playa. A cambio, los hombres copan las estadísticas sobre siniestralidad laboral.

4) Disponibilidad. Es la predisposición personal del trabajador para subordinar sus propios intereses a los intereses corporativos y es, sin duda, uno de los factores más valorados por las organizaciones y tenidos en cuenta para retribuir y promocionar a sus empleados. En el mercado aquellas personas que mejor satisfacen las necesidades de sus clientes obtienen mayor retribución y reconocimiento; el mercado laboral no es una excepción: el empresario es "cliente" interno del trabajador ya que el segundo satisface las necesidades del primero. El trabajador varón es más proclive a sacrificios como la movilidad geográfica, viajar con frecuencia o trabajar fuera del horario regular. Aquellas mujeres que quieran cobrar tanto como sus compañeros tendrán que abandonar el rol de víctima y asumir los roles propios de los varones. Serán recompensadas justamente con más dinero y poder, que es lo que reclaman. Pero no se puede estar en misa y repicando. Si los hombres compiten duro por alcanzar el éxito profesional y pagan un elevado precio en su vida personal (los directivos no concilian) ¿porqué las mujeres deberían tener un descuento?

5) Tipo de contrato y jornada. Hay más hombres con contratos indefinidos y jornadas laborales más largas. Sería injusto no reconocer que muchas mujeres se ven presionadas a asumir roles culturales como el cuidado del hogar o los dependientes. Aún así, no es legítimo que el Estado coaccione a contribuyentes y empresarios para que asuman los costes económicos derivados de la diversidad biológica (maternidad), cultural o social existentes.

6) Relaciones interpersonales. Es un factor clave en la promoción profesional y, por ende, en la mayor retribución. Los varones son más proclives a socializar fuera del trabajo lo que les permite construir relaciones personales que impulsan sus carreras profesionales. Esta actividad, por cierto, consume mucho tiempo. Lealtad, conocimiento personal, confianza mutua y compromiso con los jefes y con la organización son generalmente factores más determinantes para el éxito profesional que otros asociados a la mera productividad. Algunas mujeres trabajan tanto y tan bien que ni siquiera se permiten el lujo de tomar un café con su jefe, cometen un grave error, luego se escandalizan cuando ascienden a otro compañero de la oficina -el que deja su trabajo para tomar café con el jefe. Este último, sin embargo, demuestra poseer mayor inteligencia y astucia. Luego llegan los lamentos y el sentimiento de ser una víctima: ¡Qué injusto es el mundo! ¡Yo soy más capaz y productiva pero no me ascendieron por ser mujer!. 

7) Intereses y preferencias. Es muy probable que la escasa presencia femenina en la alta dirección -efecto "techo de cristal"- no se deba a la menor capacidad profesional de la mujer ni tampoco a una confabulación del "patriarcado" sino a un conjunto de circunstancias biológicas y culturales que hemos ido desbrozando. Por último, hombres y mujeres manifiestan diferentes preferencias personales, familiares y profesionales; y estas elecciones tienen implicaciones salariales. Los hombres se interesan más por la tecnología, la industria, las finanzas o los negocios, actividades altamente remuneradas. Las mujeres se orientan más hacia las ciencias sociales. Noruega es el país más igualitario del mundo pero la gran mayoría de ingenieros son hombres y la gran mayoría de enfermeras son mujeres. Un estudio [2] realizado por el profesor Richard Lippa en 53 países de culturas distintas muestra que los hombres se interesan más por la física, la ingeniería o la mecánica y las mujeres más por los trabajos relacionados con las personas. Si la cultura no es determinante ¿será acaso una cuestión biológica? El psiquiatra infantil Trond Diseth, del Hospital Nacional de Noruega, trabaja en identificar el sexo de los niños que nacen con malformaciones genitales y ha desarrollado un test-juego donde observa las preferencias de niños y niñas a partir de los nueve meses de edad; en el experimento se colocan diez juguetes distintos, cuatro considerados "masculinos", cuatro "femeninos" y dos "neutros". Los resultados indican que los niños prefieren jugar con juguetes masculinos y las niñas con juguetes femeninos; y si a tan temprana edad no resulta posible "culpar" a la influencia parental, la explicación biológica de los distintos intereses cobra sentido.

La ideología de género, que reclama privilegios y derechos espurios, hunde sus raíces filosóficas en la tesis marxista de la lucha de clases: la mujer constituye la clase explotada y el hombre ¡como no! la clase explotadora. Alusiones a la "feminización" de la pobreza o que ésta tiene "cara de mujer" son burdas manipulaciones del lenguaje para dar lástima y, de paso, justificar sus pretensiones: sentencias judiciales, ayudas directas, subvenciones, bonificaciones, blindajes, etc. Resentimiento, misandria y afán de revancha se esconden tras algunas medidas que pretenden "empoderar" a las mujeres: legislación de género ad hoc, paridad electoral, listas cremallera, órganos paritarios y cuotas en los consejos de administración de las empresas. Sólo mediante la violencia política puede el feminismo alcanzar sus objetivos. Particularmente lesivas para el hombre son las sentencias que impiden la custodia compartida, medida utilizada en ocasiones por las mujeres como herramienta para la venganza. Muchos hombres quedan en la ruina económica y moral.

Pero volvamos al tema laboral. La herramienta intelectual favorita de los ideólogos de género es la propaganda y la ingeniería social, o sea, la creencia ingenua de que es posible cambiar la naturaleza y el orden espontáneo de la sociedad a golpe de boletín oficial. Pero, como Bastiat afirmara, su ceguera no les permite apreciar uno de los efectos diferidos del intervencionismo laboral: los empresarios descontarán toda toda servidumbre legislativa. Y cuando se defienden de la coacción son tachados de "machistas" o de no respetar los "derechos legales" de la mujer, pseudoderechos porque se sustentan en la violación de derechos genuinos. Legisladores, sindicalistas y trabajadores olvidan con frecuencia que toda empresa es una propiedad privada.

Mónica Oriol

Mónica Oriol, presidente del Círculo de Empresarios y madre de seis hijos, con gran valentía, explicaba por qué las empresas sotto voce evitan contratar mujeres: la legislación las blinda del despido durante los once años después del parto. Este beneficio otorgado a las madres es siempre a expensas de las empresas y de sus compañeros de trabajo, es un juego de suma cero. Si contratar a una mujer en edad fértil supone un pasivo para el empresario, éste se opondrá a la medida con los medios a su alcance y procurará, ceteris paribus, contratar a un varón. Es precisamente la legislación feminista la que hace al varón más atractivo para el contratador porque el hombre no es portador de una servidumbre laboral añadida a las muchas existentes. Cual bumerán, la "protección" laboral de la mujer actúa en sentido contrario al pretendido inicialmente. 

El feminismo quiere destruir la división sexual del trabajo, que beneficia a todos, y convertir la sociedad en una especie de hormiguero. Sin embargo, no es la ideología de género, ni las cuotas, ni los observatorios, ni el populismo, ni la coacción política lo que puede legítimamente ayudar a la mujer a alcanzar sus fines, sino las oportunidades que le brinda una sociedad abierta. Es la tecnología la que reduce e incluso hace irrelevante la diferente fuerza física entre sexos; es la Red la que posibilita trabajar desde casa o dejar de viajar porque existe videoconferencia. Es, en definitiva, el avance tecnológico inherente al sistema capitalista el que proporciona mayores posibilidades de realización personal, familiar y laboral a todas las personas que participan en el libre mercado, sean hombres o mujeres.

[1] La riqueza de las naciones. Alianza Editorial, 2011, p. 153.
[2] www.outono.net/elentir/2013/03/03/un-interesante-documental-que-echa-por-tierra-los-dogmas-de-la-ideologia-de-genero
[3] Consejo General del Poder Judicial. Informe estructura demográfica de la carrera judicial, 1/01/2012

Sobre el concepto de autopropiedad

John Locke

En el pasado artículo hice una defensa de la propiedad privada basándome en el concepto lockeano de autopropiedad: cada persona es propietaria de sí mismo y, por tanto, de su cuerpo. Gran parte de la literatura anarcocapitalista se apoya en esta idea y debo reconocer que, por el hecho de ser bastante intuitiva, proporciona abundantes frutos para la comprensión y defensa del derecho de propiedad. Sin embargo, Samuel Gallop, con gran agudeza me ha hecho ver que el concepto de autopropiedad es filosóficamente inadecuado y dialécticamente innecesario para tal empresa.

En primer lugar —afirma Gallop— si la propiedad privada es una relación de dominio y uso exclusivo que se establece entre un ser humano y un objeto, desde el punto de vista lógico, nadie puede ser simultáneamente propietario y ser poseído. No dejamos de apreciar cierto optimismo en el hecho de que siempre nos veamos a nosotros mismos en el papel de dueño pero nunca en el de objeto poseído. La autopropiedad, por tanto, iría contra el principio lógico de "no contradicción":No es posible ser, a la vez, A y no A. La única manera de solventar esta paradoja sería admitir el dualismo platónico del ser humano donde la mente —psique— sería la parte poseedora y el cuerpo físico —soma— la parte poseída. 

Es evidente que determinadas expresiones mercantiles como «yo vendo mi pelo», «yo dono mi sangre» o «yo permuto un riñón por un pulmón» pueden conducirnos inconscientemente a la idea de autopropiedad. De igual forma, también proferimos que una prostituta «alquila» su cuerpo, pero todos estos actos constituyen la legítima disposición de uno mismo sin que sea preciso acudir a la idea de autopropiedad para explicarlos. Con respecto a la esclavitud o a la «venta» de niños, tampoco es posible admitir que aquellos hubieran sido propiedad legítima de esclavistas o padres, respectivamente. Cito textualmente a Gallop:

Los esclavos no fueron nunca propiedad de sus amos porque un ser humano, por su naturaleza, no puede ser jamás el objeto de propiedad en una relación de propiedad. Ningún humano puede reafirmar su identidad siendo de dominio y uso exclusivo de otro ser humano. La esclavitud fue simplemente agresión a la vida y la libertad de los individuos, sistematizada y legalizada por la fuerza, bajo un manto de propiedad que nunca existió. Como todas las imposiciones humanas sobre la realidad de los hechos, ha durado lo que tardan los humanos en darse cuenta de su error. No es sostenible en el tiempo ir contra la realidad.

Lo anterior presupone la existencia de una ética objetiva, universal y válida en todo tiempo y lugar. No se trata, por tanto, de que la esclavitud (o la homosexualidad) fuera ética ayer y hoy haya dejado de serlo. Nunca lo fue, ni lo es, ni lo será. Si enlazamos esta idea con mi crítica de la conscripción (artículo anterior), no cabe duda de que el Estado aliena al conscripto y confisca temporalmente su vida y su libertad. Aquí me ratifico. El catedrático de filosofía, José María Vinuesa, en su crítica del concepto de autopropiedad afirma con mucho tino que: «Mientras se diga que un hombre es propiedad de alguien —aunque sea de sí mismo— será factible que cambie de dueño".

En conclusión, creo que Gallop lleva razón y debo rectificar. Para defender la vida, la libertad y la propiedad no es preciso acudir al concepto de autopropiedad como si un deus ex machina filosófico se tratara. No es necesario establecer una relación posesoria con uno mismo, ni razonable poner la propiedad por delante y defender que la vida y la libertad son sus corolarios. Para defender la causa de la propiedad privada bastaría con acudir al principio de no (inicio de la) agresión, al respeto a la persona y su derecho a retener para sí el fruto íntegro de su trabajo.