La abstención como castigo

Llegan las elecciones europeas y la principal preocupación de todos los políticos de todos los partidos es la abstención. De aquí al 25 de mayo todos los candidatos nos repetirán hasta la saciedad que no importa a quien votemos pero que vayamos a votar. Temen una elevada abstención porque retirarles el voto es quitarles la escasa legitimidad que tienen y que necesitan imperiosamente para seguir justificando su parasitaria existencia. 

Ir a votar, en las actuales circunstancias, es respaldar toda la maldad y villanía que esta casta extractiva e inmoral viene exhibiendo en España desde 1978: fraudes, robos, engaños, manipulación de la justicia, indultos escandalosos, tramas de corrupción masiva, enchufismo, nepotismo, impuestos confiscatorios, dilapidación del dinero público expropiado a los ciudadanos, gastos suntuosos, dietas vergonzosas, intervencionismo asfixiante, alianzas mafiosas con la banca (rescates) y compañías eléctricas, multas de tráfico con fines recaudatorios, sanciones preventivas a las empresas, etc. Todo un cúmulo de atropellos a los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente al derecho de propiedad. 

Es precisamente la abstención activa (no ir a las urnas), inteligente y orgullosa lo que más daño hace a esta delincuencia organizada desde el Estado, lo que más se merecen y, por ello, lo más recomendable para -como recomienda Antonio García-Trevijano-demoler el actual Estado de partidos y abrir un periodo constituyente que reforme el actual sistema político.

Laura Mascaró Rotger - Educar en libertad.

El arte de mentir

Es una idea ampliamente aceptada que en las sociedades democráticas todo político debe mentir para realizar adecuadamente su función. Esta realidad debería ponernos en alerta. El político demócrata, salvo honrosa excepción, es un auténtico maestro del uso engañoso del lenguaje. Desde sus inicios como jóvenes militantes en los partidos políticos, a la vez que pegan carteles en los muros, los que harán de la política su forma de vida, van aprendiendo con interés y dedicación todas las técnicas lingüísticas más útiles de esa bruta profesión: hablar sin decir nada, eludir preguntas molestas o comprometedoras, decir una cosa y la contraria en el mismo discurso, atacar ad hominem al rival político, elogiar siempre al entrevistador, tener siempre un "as debajo de la manga", manejar cifras previamente manipuladas, buscar siempre la emotividad, abusar de las metáforas, tener firmeza en la voz y siempre mirar a los ojos cuando la mentira y el engaño sean más evidentes. El presidente Zapatero era un auténtico maestro del arte de mentir y algunos piensan que su gran capacidad de engañar a los demás consistía en engañarse previamente a sí mismo. En un sistema democrático solamente aquellos hombres más hábiles en el manejo fraudulento del lenguaje serán los que de forma natural ganen elecciones. 

En el Antiguo Régimen, tener un rey justo o un déspota era una cuestión de azar, pero tal y como afirma Hans-Hermann Hoppe, la democracia asegura virtualmente que sólo los peores hombres, los más falsos y ruines, alcanzarán el poder. El político demócrata es una especie de Maquiavelo moderno capaz de teatralizar cualquier situación a su favor capitalizando los éxitos y disfrazando los fracasos. Todo ello con altas dosis de convicción. Experto en el arte sofista, su modus operandi no consiste en decir la verdad de las cosas sino en disfrazarla para que resulte los más agradable posible al oído del votante. Sus objetivos sólo son dos: alcanzar el poder y mantenerse en él todo el tiempo posible viviendo, cuál parásito, de expropiar el dinero a los ciudadanos.

Nelson: ¿héroe o pirata?

Entre el 22 y el 25 de julio de 1797 el almirante de la Real Marina Británica, Lord Horacio Nelson, atacó la ciudad de Santa Cruz de Tenerife con la intención de someter esta isla canaria al mandato de la Corona Británica. Las fuerzas invasoras contaban con 4 navíos, 4 fragatas y 900 hombres para realizar el desembarco. La defensa, al mando del general Antonio Gutiérrez de Otero, estaba compuesta principalmente por milicias populares, unos 1.700 efectivos, pues la plaza contaba con pocos militares. Las pérdidas humanas fueron, por parte británica, 349 bajas: 44 muertos en combate, 177 ahogados, 5 desaparecidos y 123 heridos; entre ellos el propio Nelson que perdió el brazo derecho durante el ataque. Las bajas canarias se redujeron a 72: 32 muertos y 40 heridos. No es mi intención hacer un relato histórico de la gesta sino reflexionar sobre el culto que tradicionalmente se les ha dispensado a los invasores y conquistadores. No creo que el hecho de agredir, matar, destruir o amenazar usando la violencia, sea en nombre propio -como los piratas- o en nombre de una nación -como los militares- pueda ser considerado digno de elogio. Solamente la defensa privada o pública de la vida y la propiedad puede ser tenida por un acto legítimo y noble. La admiración por la gestas militares ha sido tan alta en la historia, que la propia ciudad de Santa Cruz de Tenerife, olvidando el oprobio del inglés atacante y deshonrando la memoria de sus defensores muertos y heridos, posee una calle dedicada al insigne pirata. 

El único homenaje a las víctimas del ataque de 1797 lo constituye una estatua de bronce "El grito" o "La mujer embarazada", alegoría a la desesperación y el dolor de una madre que pierde a su hijo. Y también, la modesta calle dedicada al héroe de la defensa, general Gutiérrez. 

Que la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, después de haber borrado los nombres de muchos militares españoles que participaron en la guerra civil (1936-1939), mantenga la calle dedicada a Horacio Nelson, un pirata al servicio de la corona británica, es una ofensa a la memoria de los canarios que defendieron la ciudad, a sus descendientes y a los actuales ciudadanos de Santa Cruz. Nunca sabremos si los muertos, heridos y familiares de los caídos en la contienda hubieran perdonado tan infame e injustificada agresión pero, aunque así fuera, no parece apropiado que los gobernantes de un pueblo digno y honrado, como el santacrucero, honren la memoria del jefe de una banda de criminales. Por ello, propongo que el nombre de la referida calle Horacio Nelson, situada en el barrio de Salamanca de la capital tinerfeña, sea sustituido por el de "Defensores del 25 de Julio" o "Héroes del 25 de Julio".

Sobre la renovación de la planta hotelera en Canarias

Escucho con frecuencia en la radio a políticos, periodistas y tertulianos varios hablando sobre qué estrategias son más convenientes para el turismo en Canarias y no puedo sentir otra cosa que una mezcla de tristeza y cólera frente a tanto desatino. No es que yo tenga la solución para que los hoteles se llenen de turistas, ni mucho menos, el problema es que ellos: jerarcas de la política canaria, indigentes intelectuales que jamás han abierto un libro de economía, esos que nunca han pisado la empresa privada, ni llevado un negocio propio y mucho menos dirigido un hotel, pretenden saber mejor que nadie qué conviene a empresarios y turistas. Es difícil encontrar, a la vez, tanta arrogancia e idiocia.

Los empresarios no son infalibles, ni mucho menos, pero si alguien está capacitado y avalado por la experiencia para tomar las mejores decisiones empresariales son ellos. Los políticos deberían de abstenerse de intervenir en la economía y, en este caso, en el turismo. En primer lugar, los hoteles y los terrenos para construir nuevas instalaciones son propiedad privada y, a nadie, excepto a sus propietarios, corresponde decidir sobre ellos. Impedir la construcción de nuevos hoteles y subsidiar la rehabilitación de los viejos es un acto arbitrario e ilegítimo que viola los derechos de propiedad. En el primer caso, se viola la libre disposición de un terreno particular y en el segundo, se beneficia al hotelero subsidiado a expensas del dinero expropiado a los ciudadanos.

Además, en ambos casos, siempre existe la posibilidad de que políticos y funcionarios prevariquen favoreciendo a sus amigos o exijan mordidas a cambio de favores. Recordemos que intervencionismo y corrupción política van siempre de la mano. Por este motivo, entre otros, a los políticos les encanta intervenir y "reparar" las imperfecciones del mercado. Lo que siempre sucede es que la "mano invisible" del mercado se sustituye por la "patada visible" del Gobierno.

Otra intervención perniciosa sería forzar a las entidades bancarias a otorgar créditos preferentes para la rehabilitación de la planta hotelera, es decir, a un interés inferior al que fijara libremente el mercado financiero; o presentar avales públicos en favor de los hoteleros que pidan créditos. De este modo, el mayor riesgo crediticio se traslada artificialmente a los bancos o a los contribuyentes, según cada caso.  

No parece, por tanto, extraño que el lobby hotelero (ASHOTEL) se frote las manos y pida "mayor dotación económica para la renovación de la planta hotelera".

Los políticos, no entienden -o no quieren entender- cómo funciona el mercado. No admiten que los turistas, tal vez, prefieran alojarse en hoteles viejos a cambio de un precio menor. Tampoco entienden que los empresarios, que arriesgan su dinero, opten por agotar la propiedad y no invertir si no vislumbran suficientes ganancias futuras. No existe diferencia conceptual alguna entre agotar la vida útil de un hotel y la de otro negocio cualquiera, ¿por qué empeñarse en rehabilitar los hoteles y no los bares, taxis u hospitales? Si alguien decide no pintar su casa o mantener en uso un coche viejo ¿qué problema hay? Subsidiar la renovación de un edificio es igual de nocivo que el plan PIVE: se beneficia a las industrias hotelera y automovilística, respectivamente, a expensas del contribuyente.

Querer diseñar, mediante la coacción legislativa, un "modelo turístico" arbitrario interfiriendo los deseos del mercado es una ensoñación propia de ilusos que sólo perjudica a empresarios, turistas y contribuyentes. Una gran virtud del liberalismo es precisamente tener la humildad de reconocer que la información necesaria para tomar buenas decisiones económicas está dispersa en el mercado y nunca en la mente de unos cuantos políticos iluminados.

El robo del I.B.I.

El pasado mes de junio recibí el cargo correspondiente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) conocido popularmente como la "contribución". El pago era referido a un piso de 109 m2 en la ciudad de Santa Cruz de La Palma (Canarias). Entre los años 2004 y 2008, el incremento del IBI fue similar al aumento del coste de la vida (IPC) pero desde que entramos en esta crisis los ayuntamientos han aplicado, cada año, subidas realmente confiscatorias y abusivas. En mi caso, pagué 156€ en 2008 y 342€ en 2013; es decir, más del doble en cinco años. O sea, mientras el IPC ha subido 5,5% (datos INE, provincia S/C Tenerife) en los últimos cinco años, el IBI de Santa Cruz de La Palma lo ha hecho 118%. ¿Acaso no es esto un atraco?

El IBI se calcula multiplicando el Valor Catastral (V) por el tipo de gravamen (G). El primero lo fija el Catastro (Ministerio de Hacienda) y nada tiene que ver con el valor de mercado del inmueble, sólo se trata de un valor discrecional con fines recaudatorios. El segundo, lo fija discrecionalmente cada Ayuntamiento pero entre un mínimo de 0,4% y un máximo de 1,1%; esta horquilla, a su vez, se fija de forma arbitraria por la Administración. Según esto, si V es bajo, basta con incrementar G lo suficiente para obtener una determinada recaudación, esto hizo el Estado hasta 2008. A partir de 2009, lo que han hecho es aumentar V y mantener G. En concreto, el valor catastral de mi piso era 24.263€ en 2008 y 74.606€ en 2009. El Catastro triplicó el valor del inmueble para poder, durante los próximo 9 años, triplicar también el importe del IBI (cuota tributaria). En los próximos cuatro años, si no le ponemos remedio, tendremos subidas del IBI de 20% anual. Pero no nos dejemos confundir con cálculos arbitrarios, como decía Murray Rothbard, lo importante de un impuesto no es cómo se calcula la cuota ni tampoco si es directo o indirecto, lo relevante es la cantidad finalmente pagada. 

De esta manera, los políticos han actuado como lo que son: vulgares ladrones que anteponen sus necesidades de financiación a las necesidades de individuos y familias que apenas tienen para malvivir. Si no tienen dinero, reduzcan el Estado, quiten funcionarios, vendan sus onerosos inmuebles y coches de lujo, privaticen sus ruinosas empresas públicas, supriman sus vergonzosas dietas, eliminen su "personal de confianza", renuncien al clientelismo político y respeten nuestro dinero, malditos hijos de puta. 

El pasado 2 de agosto me reuní con el alcalde de S/C Palma y la concejal de hacienda para quejarme y decirles que las subidas del IBI eran confiscatorias y que no deberían robarnos tanto en tan poco tiempo, que no era justo expropiar al ciudadano arbitraria, unilateral e ilimitadamente. La concejal de hacienda, cual cobarde, echó la culpa al "Estado" pero no dijo que son los ayuntamientos quienes piden al Catastro la "revisión" del valor catastral de los inmuebles ni tampoco dijo que, pudiendo aplicar un tipo de gravamen de 0,4%, el ayuntamiento aplicó 0,69%. Para no cansarles, les pedí expresamente que me devolvieran el dinero expropiado sin mi consentimiento y ellos, los expropiadores democráticamente elegidos, los "servidores del pueblo", soltaron al unísono una contenida carcajada: ¡qué cosas dice usted!. Finalmente, rellené una instancia para pedirles la devolución de lo robado y recientemente han desestimado mi pretensión. Comete un grave error el político al subestimar la capacidad de lucha de un ciudadano informado y presto a defender sus derechos de propiedad.

Frente al abuso de los gobernantes democráticos ¿qué podemos hacer? al fin y al cabo, ellos creen que la elección popular les ha otorgado un cheque en blanco para vulnerar, a su antojo, nuestra libertad y nuestra propiedad. Hagámosles saber que están equivocados, que no tienen patente de corso. En primer lugar, hay que tomar conciencia de que estamos siendo expoliados. No hace falta entender de fiscalidad, miremos los recibos que nos cobra el banco, hagamos las cuentas domésticas y seamos los primeros defensores de lo nuestro. Recuerden una cosa: al político sólo le interesa el voto y es muy sensible a los estados de opinión. Cuando les pidan su voto ¡no lo regalen coño! exijan la reducción del IBI a los niveles previos a 2009. Sólo es preciso dirigirte a tu alcalde y decirle: ¡tú eres mi empleado, tú trabajas para mí, yo no soy tu esclavo a tiempo parcial y si no me bajas el IBI te voy a despedir en las próximas elecciones!

La visita del Sr. Beteta

Agradezco desde este blog la visita que el Secretario de Estado de Administraciones Públicas realizó ayer a Tenerife para explicarnos el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. El Sr. Beteta pudo decirlo más alto pero no más claro: es preciso eliminar duplicidades en los servicios públicos,  limitar sus funciones y asegurar el equilibrio presupuestario. Lo más importante, tal vez, fue percibir que al menos había un político en la sala pensando que los servicios públicos salen del bolsillo del sufrido contribuyente. Al que paga impuestos yo prefiero llamarlo expropiado porque expresa mejor la naturaleza coactiva del  impuesto. Como no podía ser de otra manera, los políticos locales presentes, que ven amenazada con esta ley su discrecionalidad, expresaron su desacuerdo. 

El Alcalde de la Laguna, Sr. Clavijo,  empleó los términos "desapoderamiento" de los gobernantes locales y "efecto centralista" de la norma. Era patente que el hombre se había leído los papeles y habló con criterio, dando razones. Pero no dijo que aquí, en este país corrupto y enfermo, el único realmente desapoderado es el ciudadano: un paria moderno que sufre el expolio fiscal de cinco administraciones públicas: todas en competencia por ver quién da más a unos ciudadanos, previa expropiación forzosa del dinero de otros ciudadanos. Llevaba razón Beteta cuando dijo que en algunas ciudades había varias bibliotecas, cada una de diferente Administración.

La intervención del presidente de la Fecam, Sr. Curbelo, fue larga y patética. Profirió una retahíla de tópicos, lugares comunes y frases hechas: que si la insularidad y especificidad, que si Canarias es frágil, etc. Ni un sólo argumento que tratara la norma y su contenido. Populismo barato. 

Durante el turno de intervenciones, Ana Oramas se quejaba de que la norma salía sin consenso, que se aplicaría manu militari y -alegaba la diputada- que las leyes debían tener una vocación de permanencia. Su tono no estaba exento de cierta chulería y hasta amenazó veladamente al Secretario con que cada cuatro años había elecciones. Al igual que Curbelo, ni un sólo argumento. Tampoco Oramas parecía recodar que todo lo que hace el Estado, incluidos los gobernantes de su partido, es manu militari, desde la óptica del ciudadano. El Estado es un monopolio territorial de coacción y expropiación. Lo que ocurre es que los caciques locales y regionales no están acostumbrados a soportar el yugo de otro poder del Estado. Y es que la Administración autonómica tal vez sea lo peor que nos haya pasado en los últimos 35 años. 

Para terminar, quisiera felicitar al alcalde de Garachico, Sr. Berto González, porque encontrar un ayuntamiento que paga puntualmente a sus empleados y proveedores, y que tiene saneadas sus cuentas es digno de admiración. Hace ya muchos años que decidí no trabajar, como proveedor, con los Cabildos y Ayuntamientos porque no eran de fiar, no cumplían los contratos; pero me alegro de que existan excepciones. El Alcalde Berto expresaba una objeción lógica: si su ayuntamiento tiene equilibrio presupuestario, aunque tenga menos de 20.000 habitantes, ¿por qué se limitan sus funciones? Y la respuesta es sencilla: el Estado debe limitarse a su función esencial, que no es otra que proporcionar las condiciones de seguridad para asegurar el orden social. El mejor Estado es el Estado mínimo y todo crecimiento de la Administración significa empobrecer al pueblo. La dramática crisis económica que vivimos proviene, entre otras cosas, de la hipertrofia del Estado. Cuando un alcalde abre una guardería pública no es consciente de que, en ese preciso instante, contribuye a aumentar el paro en su municipio, pues emplea la riqueza privada para crear empleo improductivo. La alternativa es recolocar al Estado en su auténtica función: crear las condiciones para que la iniciativa privada abra con facilidad guarderías, clubes deportivos, cementerios, comercios, etc. El Estado no es dueño del dinero de los ciudadanos y  no es posible entregar algo a uno sin quitárselo previamente a otro.