jueves, 21 de febrero de 2013

Retribuir a las amas de casa


Algunas mentes esclarecidas declaran que es deber de la «sociedad» (en abstracto) retribuir a las amas de casa por su valiosa y dura labor. Admitimos sin ambages la valía y utilidad del trabajo doméstico, pero entendemos que toda retribución debe proceder de los beneficiarios directos del trabajo, es decir, la propia ama de casa y las personas que conviven en el hogar: esposo, hijos, etc. Hacer que la sociedad (para entendernos, los contribuyentes) paguen por lo que no reciben es otra forma más de redistribución colectivista. Esta medida, amén de injusta, originaría todo tipo de distorsiones en la economía; por ejemplo, las mujeres empleadas por cuenta ajena en el servicio doméstico abandonarían su empleo para hacer el mismo trabajo en su propia casa cobrando del Estado y matando dos pájaros de un tiro. Otras mujeres optarían por hacerse amas de casa «profesionales» y ejercer un oficio en la economía sumergida, por ejemplo, trabajando en Internet, obteniendo así dos fuentes de ingresos. Es evidente que las sacrificadas mujeres que optaran por trabajar fuera del hogar o las amas de casa «amateur» subsidiarían a las amas de casa «profesionales» sin dejar por ello de atender las labores domésticas durante su tiempo libre. Tremenda injusticia.

Aquellas parejas con uno de sus miembros cobrando un salario bajo se verían incentivadas para que uno de ellos se convirtiera en profesional del hogar. Las personas solteras probablemente no tendrían derecho a este subsidio, lo cual fomentaría la formación de matrimonios y parejas de conveniencia, práctica ya utilizada para obtener beneficios jurídicos, económicos o sociales.

Si los subsidios son todos una importante fuente de fraude, el salario estatal de las amas de casa sería un coladero de dimensiones colosales; como dice Jorge Valín[1]: «a los burócratas no les importa despilfarrar aquel dinero que no es suyo, y por eso los controles siempre serán ineficientes en la administración». Tampoco tendría el gobierno forma de inspeccionar si las amas de casa son reales o ficticias. Poner en marcha este absurdo salario a las amas de casa es como pretender cobrarle al Estado diez euros cada vez que alguien lave su propio coche o cincuenta euros por confeccionar la propia declaración de la renta.
Imaginemos ahora otro escenario: supongamos que el Estado decidiera no subsidiar a las amas de casa profesionales pero que lo hicieran, a modo de empresario, sus parejas. Inmediatamente los varones pedirían que las mujeres pagaran un canon de alquiler, energía, agua, seguros, etc. para contribuir a los gastos comunes del hogar y, voilà: el Estado ha transformado una economía familiar de trueque, cuyos intercambios están libres de impuestos, en una economía sujeta a fiscalidad y así poder expropiar un poco más a ambos. Divide y vencerás.




[1] El Gobierno es el problema. Amazon ebook, 2013.

lunes, 17 de diciembre de 2012

El fraude del Estado social

¿Saben ustedes que en España hay miles de empresas públicas? ¿y que sólo en Canarias hay centenares? Los enchufes están a la orden del día. ¡Que vivan las sociedades públicas y los gerentes bien remunerados! Pablo Nieto, abogado no ejerciente, marido de Ana Oramas (Coalición Canaria), es casualmente el gerente de VISOCAN y gana al año 69.046 €.

¿Cómo funciona el fraude del Estado social? Muy sencillo, por ejemplo, el Gobierno autonómico crea la empresa pública Viviendas sociales e infraestructuras de Canarias (VISOCAN) para promover la construcción de viviendas de protección oficial a precios "asequibles", con el fin de facilitar el acceso a una vivienda digna a la ciudadanía canaria con menos recursos económicos. 

Cada vez que un político quiere robar y a la vez tener buena reputación usa el adjetivo "social". El lema funciona muy bien porque la caridad y el altruismo son muy populares, especialmente si uno es el beneficiario de la ayuda. En el caso de las viviendas de protección oficial, el Estado (a nivel central, autonómico o local) necesita expropiar a los contribuyentes que parecen no darse cuenta que, al tiempo de pagar con gran sacrificio su propia hipoteca, están pagando la hipoteca de otros y los estupendos salarios de una burocracia: la propia empresa pública. Imagínese que un policía llega a su casa, pistola en mano, y le reclama 50€ para una vivienda social, ¿le parecería bien? pues eso mismo hace el Estado de una forma más sutil cuando le sablea a impuestos. Recuerde, por cada ayuda social o subvención que prometa un político, habrá que rascarse el bolsillo: usted será expropiado en la parte proporcional. Y cuantas más ayudas prometa, mayor será la expropiación.

A medida que la empresa pública crece como un tumor, el Gobierno hace autobombo de sus propios logros insertando noticias en su red de propaganda. Esto dice la página web de VISOCAN: "Desde su constitución en el año 1977, ha promovido la construcción de más de 25.000 viviendas. Actualmente, gestiona un parque de casi 5.000 viviendas en alquiler y ha adquirido suelo para construir en el futuro más de 3.000 viviendas de protección oficial. Esto será debidamente amplificado por otras empresas públicas como las TV y emisoras de radio. Finalmente el Estado seguirá gastando nuestro dinero en los medios privados como periódicos locales, etc. De esta manera, el político demócrata consigue tres objetivos: a) legitimar su noble función ante la sociedad; b) justificar la existencia de medios audiovisuales de titularidad pública y c) comprar la adhesión de los medios de comunicación privados a golpe de talonario. Todo ello con nuestro dinero y sin rubor alguno.

Como apreciamos, el Gobierno de turno, bajo la careta de lo "social", ha montado una promotora e inmobiliaria donde tiene vía libre para lograr dos objetivos: a) mantenerse en el poder con los votos de los beneficiarios de las viviendas (y sus familias), de los propios empleados de la empresa pública (y sus familias), de sus proveedores; y finalmente de la población que, ajena al fraude, percibe al Gobierno como un ser benefactor; b) la desviación de dinero desde la empresa pública al partido político en el poder. Un tandem perfecto: poder político y económico. El fraude es monumental porque no sólo es legal sino que incluso parece legítimo. El animal de sacrificio de este crimen es el ciudadano anónimo sujeto a expropiación fiscal. 

El Estado social y democrático de derecho es un fiasco para el pueblo porque: a) lo social legaliza la redistribución de la riqueza: robar a unos para dárselo a otros. El propio concepto de justicia social es una contradicción semántica, excepto si admitimos como justo el robo, cosa que afirman el expropiador,  los marxistas y el beneficiario del botín. b) lo democrático -como advierte Hans Hermann Hoppe- no es la panacea porque induce una elevada preferencia temporal (cortoplacismo) en el gobernante, que tiende a exprimir la riqueza de la nación sin reparar en las consecuencias futuras. Endeuda sin pudor al ciudadano, a sus hijos y nietos, sin su consentimiento, con tal de obtener el beneficio rápido de la reelección. c) por último, el derecho queda pervertido al ser sustituido por la legislación: una infecta maraña de ingeniería legal destinada a mantener y expandir los privilegios, el crimen y el abuso. 

Ninguna empresa pública se justifica porque todo lo que hacen puede ser realizado más eficientemente por la sociedad civil. Al Estado sólo le pedimos seguridad y justicia, nada más. Del resto ya nos ocuparemos nosotros a través del sistema económico de libre mercado, el único justo porque no beneficia al pobre por ser pobre ni protege al rico por ser rico. Justo, porque no se basa en el expolio sino en el esfuerzo individual, la mutua cooperación y el respeto de la propiedad privada.

Actualmente hay en España 2.550 empresas públicas, una gran bola de mierda, ineficiencia, competencia desleal a las empresas privadas y corrupción política que no ha parado de crecer desde 1998 y que ahora se resiste a morir porque los políticos no quieren hacerse el harakiri.  Es ingenuo esperar que desmonten sus propios chiringuitos de corrupción edificados durante 34 años y por eso siguen aumentando los impuestos. Rajoy, el mejor presidente socialdemócrata del PP, ha subido 27 impuestos en su primer año de gobierno y eso que prometió todo lo contrario. Este entramado mafioso solo sirve para tener poder político y dinero; y sólo beneficia a los políticos y sus clientes.

Toda la ruina moral y económica que soportamos con la mayor indignación tiene su origen en una Constitución fallida -cuyo reciente aniversario no es motivo de festejo- que legalizó el robo en su art. 1 al constituir España como un Estado social: una cleptocracia basada en el engaño, la pillería y el expolio. Un sistema que avergonzaría a una persona moral e inteligente y que subsiste gracias a la aceptación o anuencia de una masa inculta, emotiva y fácilmente manipulable. 

Los políticos nos engatusan con subvenciones, camelos y ayudas varias. Cada subsidio es un fraude donde quitan el dinero a unos para regalárselo a otros. El Estado es improductivo y no puede dar nada a nadie sin previamente quitárselo a otro ciudadano. Los políticos regalan prodigalmente lo que no les pertenece -nuestro dinero- en una orgía tramposa. Por ejemplo, las personas mayores que viajan con el IMSERSO deben ser subsidiadas por aquellas que no viajan y encima debemos alimentar a cientos de funcionarios que hacen competencia desleal a las agencias de viajes.

Todo gobierno, por déspota y corrupto que sea, necesita estar legitimado por el pueblo. Los políticos se apoyan en el Estado social y democrático para perpetrar todos los desmanes posibles y seguir esquilmando sin límite al ciudadano. La única manera de revertir la situación es deslegitimar su base moral y su verborrea: NO existe el llamado contrato social; NO nos representan; NO nos hemos dado este sistema; NO queremos falsos benefactores, ni ayudas con dinero robado, ni privilegios; en definitiva, ¡dejadnos tranquilos!.

domingo, 2 de diciembre de 2012

Filosofía para empresarios: el altruismo

Ayn Rand
Tengo la impresión, o casi la certeza de que a los empresarios les interesa poco o nada la filosofía. Como personas pragmáticas, orientadas a la acción, emplean la mayoría de sus energías en los duros avatares de la vida cotidiana y en sacar adelante sus empresas, que no es poco. Los empresarios piensan lo mismo que decían los romanos: primum vivere, deinde philosophari; o dicho en castizo: primero vivir, después filosofar. Sin embargo, este latinajo puede llevarnos a engaño ya que, como advertía Ayn Rand, fundadora del objetivismo, no es posible vivir sin filosofía. Toda acción humana está íntimamente vinculada al sistema de creencias que se configura durante la vida a través de la experiencia y el conocimiento. Por tanto, tal vez sería más adecuado afirmar que "vivir y filosofar" simultáneamente es lo habitual en todo ser humano. El hecho es que todos, seamos o no conscientes de ello, tenemos un sistema filosófico que nos sirve de guía en la vida y de cuyos efectos no podemos sustraernos. Somos libres de creer cualquier cosa pero no somos libres de evitar la sanción que impone la realidad objetiva. Es decir, una mala filosofía tendrá un precio que será preciso pagar. 

Auguste Comte
Hoy trataremos cómo el altruismo afecta al empresario mermando su libertad de acción y sus derechos de propiedad. El filósofo francés Auguste Comte acuñó en 1851 la palabra "altruisme", cuya raiz latina "alter" significa "otro"; literalmente significa "otro-ismo". El altruismo consiste en "poner a los demás por delante de uno mismo como regla básica de vida" o también (RAE) "diligencia en procurar el bien ajeno aún a costa del propio". La doctrina cristiana -cuestionable filosóficamente en ciertos aspectos- ha calado de tal manera en el subconsciente que es creencia extendida el deber moral de toda persona de ayudar a quien lo necesite. Y aquí es donde surge la trampa filosófica: la persona con menos recursos exige al Estado que cumpla con su deber altruista: dar a cada uno según sus necesidades; y puesto que el Estado es un ente improductivo, debe expropiar la riqueza a unos ciudadanos para entregársela a otros. Esta es la génesis perversa por la que se justifica la redistribución de la riqueza mediante la expropiación fiscal del Estado.

Hans-Hermann Hoppe
El altruismo, por tanto, se adora en el altar sacrosanto del edificio socialdemócrata donde el Estado se convierte en una organización criminal, como acertadamente ya definió Hoppe: "un monopolio territorial de seguridad, coacción y expropiación". La caridad ya no es voluntaria sino forzosa y este error filosófico ha transformado el derecho en legislación, ha convertido una noble institución milenaria en una maraña burocrática, putrefacta, inconexa, insegura e inestable de normas arbitrarias donde el empresario, entre otros, es objeto de múltiples tropelías.


El altruismo nos conduce a una contradicción: es inmoral negarse ser expropiado pero no lo es recibir la mercancía robada. Unicamente un místico o un demente se sentiría moralmente obligado a entregar su patrimonio al prójimo y mucho menos pondría a los demás por delante de  él mismo. Sin embargo, el Estado legisla continuamente en una orgía redistributiva donde el empresario es saqueado por los cuatro costados. Veamos un ejemplo: un empresario, ¿es culpable de que una persona tenga discapacidad? ¿es acaso responsable de velar por la supervivencia de un discapacitado? ¿tiene obligación de proporcionarle trabajo? Damos por hecho que no existe tal responsabilidad. Sin embargo, las leyes laborales, contaminadas por el altruismo y la envidia, han incorporado la doctrina social de la empresa según la cual es deber del empresario proporcionar empleo a los discapacitados. Es decir, la empresa -pero no otro bien particular- tiene una supuesta "función social" y por eso se admite como legítimo lo anterior.

Existen otros ejemplos de abusos altruistas: los ayuntamientos, en lugar de proveer un servicio de baños públicos, como es su deber, lo traslada a los propietarios de bares cuando lo justo sería, en todo caso, negociar un precio a cambio del servicio. Claro que es más fácil y barato seguir coaccionando al empresario a golpe de reglamento.
Como conclusión, parece relevante filosofar sobre la empresa, su naturaleza privada y sobre los derechos de propiedad. Mientras los empresarios admitan un supuesto deber altruista serán tratados como animales de sacrificio. Mientras persistan en este error filosófico, el expolio y la vulneración de derechos no cesará. Las consecuencias están a la vista. No se genera empleo, entre otras causas, porque faltan incentivos racionales a quienes deben crearlo. Nadie moralmente sano, inteligente y juicioso estará dispuesto a trabajar duro y arriesgar su patrimonio para tener éxito y luego ser ordeñado, sancionado y vilipendiado por un sistema político -la socialdemocracia- que ha decidido alimentar a un ejército de parásitos.

domingo, 11 de noviembre de 2012

Eurovegas: por qué los empresarios necesitan filosofía


La polémica existente sobre el caso Eurovegas así como las posturas enfrentadas entre sus partidarios y detractores nos conduce a una inevitable reflexión filosófica sobre el origen de la disputa: los diferentes conceptos que se tienen sobre la propiedad privada.

Toda cuestión controvertida habitualmente descansa en un desacuerdo sobre las distintas jerarquías que adquieren los valores. Por ejemplo, en EEUU prevalece la inviolabilidad del domicilio sobre la integridad física de un intruso y las leyes amparan al ciudadano que dispara con su pistola al criminal. En España no es igual: la ley considera la vida del criminal un bien jurídico superior a la propiedad privada de la víctima y por eso España es un chollo para asaltantes, ladrones y criminales en general. 

En el caso Eurovegas también se pone de manifiesto la diferente idea que americanos y españoles tienen de la empresa privada: para unos, es una propiedad que no puede ser violada por nadie, ni siquiera por el Estado; para los segundos, es un ente cuyo funcionamiento puede y debe ser intervenido y controlado por el Estado para equilibrar fuerzas y proteger al trabajador del supuesto abuso del empresario, que es visto y tratado como un presunto delincuente. El resultado de ambas concepciones filosóficas está a la vista: unos empresarios -como Sheldon Adelson- se muestran orgullosos de serlo, y otros -los españoles- han asumido su "pecado original": la culpa de querer ganar dinero, y se esconden como conejos ante las tropelías del político de turno o de los sindicatos. 

El empresario Sheldon Adelson, dueño de Las Vegas Sand Corporation, cree que sus casinos, los suyos, son de su propiedad y que nadie ajeno al negocio tiene el derecho de intervenir en su funcionamiento; sólo las partes interesadas o stakeholders (propiedad, empleados, proveedores y clientes) poseen la facultad de negociar, de forma libre y consentida, los asuntos que le conciernan; por lo anterior, Adelson presume con orgullo randiano que en ninguna de sus empresas rija convenio colectivo alguno. Como explican Braun y Rallo en su libro El liberalismo no es pecado: "los sindicatos son cárteles de trabajadores que pretenden conseguir un salario mayor que el que podrían obtener en un mercado libre".

El socialismo admite como legítima una ecuación éticamente dudosa: A (gobierno) y B (sindicato) deciden lo que C (empresa) hará por D (trabajador). Resulta evidente que el señor Adelson, con buen criterio, no está dispuesto a tomar el ricino filosofal con el que se desayunan a diario sus colegas españoles. 

Las reglas que necesitan las empresas no son distintas de las generales que operan en la economía: derechos de propiedad y cumplimiento de los contratos. Sin embargo, los políticos, intentan una y otra vez imponer estérilmente, a golpe de ocurrencia, sus propias reglas al Mercado cuando éste solo busca libertad y seguridad jurídica. Es patente que estamos gobernados por imbéciles y analfabetos que sólo miden su rendimiento político contabilizando un sinfín de paridas legislativas. No es una broma, el Gobierno (PP) de Murcia está revisando la Ley Regional de Turismo y el borrador contempla sanciones para las empresas que "no traten bien a sus clientes".

Las posiciones sobre Eurovegas son de tres tipos: a) Los sindicatos y partidos de izquierda han puesto el grito en el cielo desplegando su tradicional arsenal metafórico: vuelta a la esclavitud, agresión a la clase trabajadora, capitalismo salvaje, coacción del gran capital, fomento de la ludopatía y prostitución, agresión medioambiental, y resto de exabruptos. Desde la ideología colectivista, cuyo principal enemigo es la libertad, hay que impedir a toda persona -por su propio bien- trabajar bajo las condiciones particulares de Eurovegas, aunque aquella estuviera conforme; restringiendo de paso el uso de la primera propiedad privada: el propio cuerpo, las habilidades y el trabajo. Al igual que ocurre cuando se fija un salario mínimo, el Estado, sea por ignorancia o por un sesgo ideológico, provoca un desempleo involuntario, y ya estamos en 25,8 %.
b) Los socialistas de derecha, que proliferan cada vez más, con Rajoy como máximo exponente, intentan contemporizar situándose en un terreno intermedio y embarazoso que realmente no convence a nadie, debido a sus contradicciones internas.
c) Por último, en franca minoría, están los favorables al proyecto de Madrid-Eurovegas: la valiente pero ya dimitida Esperanza Aguirre, su sucesor Ignacio González y los escasos liberales que todavía quedan en España.

Lo que no entiendo es una cosa, si las autoridades españolas ceden -como todo parece indicar- ante las demandas de un empresario americano, en el sentido de respetar sus derechos de propiedad, aduciendo que es bueno para la economía de Madrid y de España, y porque se crearán más de 200.000 empleos; ¿no es esto una afrenta a la razón? ¿por qué respetar la propiedad de uno grande y violar la de miles pequeños? El empresario español, como el ser mitológico Atlas, ha sido castigado por el dios Estado a sostener el mundo económico bajo sus hombros sin recibir a cambio más que ultrajes: su propiedad privada intervenida, su libertad de contratar y despedir coartada, su iniciativa obstaculizada por la burocracia y su reputación pisoteada. Cuánta razón tenía Leonard Peikoff cuando afirmaba en un ensayo: "por qué los empresarios necesitan filosofía".

lunes, 29 de octubre de 2012

Más Estado, más impuestos

Este artículo es una reflexión crítica sobre los diferentes impuestos que pagamos, su naturaleza, razón de ser y una propuesta de ideas alternativas a los modelos recaudatorios actuales.

Partimos de una premisa básica: el Estado no produce nada; todos los bienes, servicios y ayudas que proporciona deben ser sufragados por los únicos productores: ciudadanos y empresas. Por tanto, en la medida en que el Estado se arroga la provisión de más bienes y servicios también recaudará en igual proporción; y en la medida en que los ciudadanos exijan más del Estado, éste queda tácitamente legitimado para recaudar en proporción a la demanda. Cuanto más pedimos al Estado, más nos detrae el Estado. Esta situación aboca a una lucha permanente de grupos de interés por llevarse la mayor tajada de dinero público. Es la forma en que unos pocos que gritan y patalean exigiendo "derechos" expolian a una mayoría de ciudadanos anónimos.

El hecho contradictorio de exigir cada vez más del Estado y a la vez quejarse de que los impuestos son asfixiantes parece un claro indicador de que muchas personas desconocen la naturaleza improductiva del Estado. Tal vez piensen que el dinero sale, por arte de magia, de una misteriosa cámara acorazada del Banco de España (o del BCE). Por tanto, una primera cuestión que debemos entender es que todo aquello que nos proporciona el Estado debe de salir del bolsillo del contribuyente.

Segundo, el impuesto es un acto coercitivo y se caracteriza por no requerir una contraprestación directa por parte del acreedor tributario (hacienda). Los ciudadanos estamos obligados legalmente a pagar los impuestos por raros, insólitos y abusivos que parezcan. Por ejemplo, nunca he entendido el motivo de pagar IBI cada año, por el mero hecho de poseer una vivienda. Si usted no está de acuerdo con pagar IBI podría vivir de alquiler pero seguramente su casero lo repercutirá en la renta mensual que finalmente pagará usted como inquilino. No hay escapatoria. No es posible no pagar los impuestos, salvo que usted se tire al monte y se convierta en un pobre de solemnidad, o en un free-rider (gorrón social), en cuyo caso recibirá mucho pagando poco. El economista liberal Carlos Rodríguez Braun  nos advierte que los bienes públicos incentivan tanto la sobreexplotación como la elusión de su pago.

La tercera cuestión es que el Estado recauda por unos conceptos o hechos imponibles: renta (IRPF), venta de bienes (IVA), la propiedad de una vivienda (IBI), etc.; para posteriormente gastarlo en otros distintos de forma discrecional o arbitraria. Este sistema no permite ejercer un adecuado control del gasto público. Es decir, ¿podríamos sustituir unos hechos imponibles por otros más adecuados? ¿deberíamos dejar de pagar IBI y sustituirlo por el IPL (Impuesto de Policía Local). Veamos algunas soluciones generales que propongo:

1) Criterio pago-consumo."Quien más consume, más paga", o sea: quien más servicio público consume, más impuestos debería pagar. Por ejemplo, la persona que posee más vehículos contribuye (impuesto sobre vehículos de tracción mecánica o IVTM) más pero no necesariamente consume más "vialidad", lo razonable -creo yo- sería vincular el impuesto a los costes derivados del asfaltado, limpieza, señalización, iluminación, etc.; pero quien consume más vialidad no es quien posee más coches en el garage o el que tiene un coche con mayor cilindrada sino quien circula más por la carretera, por tanto, resultaría más adecuado vincular el IVTM al consumo de combustible y no a la cantidad o categoría del vehículo. Una alternativa sería cobrar una tasa por cada litro de combustible suministrado dentro del término municipal.

2) Reducir las asimetrías. Existen medidas arbitrarias que privilegian a unos ciudadanos en perjuicio de otros. Por ejemplo, el ayuntamiento de Madrid bonifica el IBI de una vivienda (valor catastral < 120.000 €) ocupada por una familia numerosa especial (más de 4 hijos) con el 90% de reducción de la cuota. Es decir, los propietarios solteros, viudos, parejas sin hijos y familias con menos de 5 hijos deben subsidiar a aquellos que, de forma consciente (o irresponsable) han decidido tener muchos hijos. Alguien diría que hay que fomentar la natalidad, pero: a) no creo que esto sea misión del Estado y b) el privilegio para unos supone el perjuicio de otros. 

3) Adecuación de parámetros impositivos. Consiste en establecer parámetros objetivos que vinculen servicio e impuesto. Por ejemplo, la tasa de basura se paga actualmente en función de dos parámetros: uso (vivienda, almacén, local, oficina, edificio) y valor catastrales; pero ninguno de ellos indica la cantidad de residuos generados. Un piso vacío no genera basura. En un edificio pagan lo mismo la viuda del primero, la pareja joven del segundo y la familia numerosa  del tercero, pero las tres viviendas no generan la misma basura. El ayuntamiento, mediante el padrón municipal, conoce cuantas personas habitan cada inmueble y sería posible gravar no en función del inmueble sino de sus habitantes. Otra fórmula sería cobrar un impuesto por cada bolsa de basura (oficial) adquirida en el comercio o por el volumen del contenedor de basura, como ocurre en Alemania.

En conclusión, la entrega de más servicios públicos por el Estado sólo es posible mediante una mayor presión fiscal y además, aquél no se caracteriza por ser un gestor eficiente. Solamente devolviendo a la sociedad civil la producción de servicios públicos evitaremos una merma en la prosperidad. Los pocos servicios restantes (orden público, justicia) a cargo del Estado deberán ser sufragados con impuestos que tengan una alta correlación servicio-hecho imponible, de tal manera que sea más fácil ejercer el control sobre el gestor público.

sábado, 22 de septiembre de 2012

¿Por qué la gente no lee filosofía?

La pasado noche participé como moderador en una tertulia liberal para hablar del libro de Hayek, Individualismo: el verdadero y el falso. Varios de los asistentes, algunos de ellos miembros del Partido de la Libertad Individual, me comentaban que apenas habían entendido algo y no les faltaba razón: leer filosofía no es tan fácil como leer una novela. Ya en 1739, David Hume en su Tratado de la naturaleza humana afirmaba refiriéndose a sus contemporáneos: "los hombres parecen estar de acuerdo en convertir la lectura en una diversión y rechazan todo aquello que exija para ser comprendido de un grado considerable de atención". 

Leer filosofía no sólo requiere atención sino reflexión acerca de las ideas - tal vez originales- del autor; por otra parte, la habilidad para exponer en un texto y de forma clara conceptos abstractos es rara avis y Hayek se muestra confuso y desordenado en este ensayo sobre el individualismo escrito en 1949. Para mí, la forma más útil de captar y fijar conceptos filosóficos consiste en buscar (mentalmente) ejemplos y analogías de la vida cotidiana. Esto significa leer un párrafo y pararse a meditar; es decir, consiste en una lectura que se cocina a fuego lento. Aún así, no siempre es posible entender todo lo que leemos, ya sea por la falta de habilidad del filósofo o por nuestra falta de costumbre y entendimiento. No pasa nada, no hay que desesperarse, la filosofía es así y el lector debe asumir que no entenderá algunas o muchas partes del texto. El proceso de entendimiento es similar al aprendizaje de una lengua extranjera: vamos mejorando poco a poco a medida que practicamos la comunicación.

La mayoría de las personas prefiere leer novelas porque entiende que el ocio no debe requerir esfuerzo alguno o, en todo caso, sólo un esfuerzo moderado. Sin embargo, al igual que quien practica un deporte emplea su tiempo libre haciendo un esfuerzo físico que rinde sus frutos, leer filosofía es el equivalente al deporte en su faceta mental. Leer filosofía nos permite acceder al pensamiento de otras personas cultas, brillantes y originales que han pensado por sí mismas. Tal vez sea ésta la principal virtud que podemos adquirir: pensar por nosotros mismos.  

El individualista es una persona que acostumbra a pensar por sí mismo, lo cual va unido a una cierta independencia de carácter y autoestima. Otra personas -llamémosles colectivistas- prefieren no pensar demasiado y delegan en otros la facultad humana por excelencia: la racionalidad. 

Tal vez, los excesivos desmanes de la clase política en España se hayan consentido por nuestra pereza mental, por nuestra falta de lectura, por nuestra incomprensión de lo que realmente sucede o por una connivencia con esta pseudodemocracia basada en el clientelismo político: o entender la democracia, no como un ejercicio de convencer al otro mediante argumentos razonados, sino mediante el engaño o la compra de votos. Este, a mi juicio, es un grave error moral y filosófico.  

Anoche, durante la tertulia liberal, tuve la suerte de hacer nuevos amigos que piensan por sí mismos y cuando intercambiamos opiniones y puntos de vista, el enriquecimiento es mutuo y el diálogo se convierte en una actividad altamente enriquecedora y placentera.